México refuerza su soberanía energética con la política de rescate del sector energético bajo el gobierno de López Obrador
En los últimos años, el sector energético mexicano ha experimentado una serie de transformaciones fundamentales como parte de un esfuerzo por recuperar el control de sus recursos y reducir la dependencia de fuentes externas. El gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador implementó un conjunto de políticas orientadas a la autosuficiencia energética, la soberanía nacional y la seguridad energética, en respuesta al deterioro del sector y la creciente dependencia de importaciones de combustibles y derivados. Estas políticas, que implicaron una recuperación de infraestructuras clave, la rehabilitación de refinerías y el fortalecimiento de Pemex como empresa pública, han marcado un cambio profundo en la estrategia energética de México.
Uno de los logros más emblemáticos de esta estrategia fue la estabilización de la producción petrolera, que durante los últimos años se había desplomado debido a la falta de inversión y mantenimiento en la infraestructura de extracción. A través de políticas de rescate y modernización, la producción se estabilizó en 1.8 millones de barriles diarios, cifra que, aunque sigue siendo modesta en comparación con los niveles de producción de décadas pasadas, representa un avance significativo en un contexto internacional donde los precios del crudo fluctuaban con alta volatilidad y las inversiones extranjeras habían comenzado a declinar. Esta estabilización de la producción fue posible, en parte, gracias a la reactivación de campos petroleros que habían sido desatendidos durante años y la implementación de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia en la extracción.
Además de la estabilización de la producción, el gobierno de López Obrador centró sus esfuerzos en la recuperación del Sistema Nacional de Refinación (SNR), que, bajo administraciones anteriores, había sido objeto de desinversión y desmantelamiento. El rescate de las refinerías del país fue una de las piezas clave de la política energética de la administración, con el objetivo de reducir la dependencia de las importaciones de gasolina y diésel, principalmente provenientes de Estados Unidos. En este sentido, se llevó a cabo la rehabilitación de las seis refinerías más importantes del país: Minatitlán, Salamanca, Tula, Cadereyta, Madero y Salina Cruz, que se encontraban en un estado crítico de funcionamiento y en muchos casos operaban por debajo de su capacidad. Estas refinerías, que juntos forman el núcleo del sistema de refinación en México, fueron objeto de inversiones en infraestructura y modernización tecnológica para aumentar su capacidad de producción.
Además de la rehabilitación de las refinerías existentes, el gobierno de López Obrador dio un paso histórico con la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. Esta nueva planta, que se ha convertido en uno de los proyectos más importantes de la administración, tiene como objetivo incrementar la capacidad de refinación del país y contribuir al objetivo de autosuficiencia energética. A pesar de las controversias en torno a los costos y los tiempos de construcción, la refinería de Dos Bocas se considera un símbolo del compromiso del gobierno por recuperar la soberanía energética del país y evitar la dependencia de la importación de productos refinados.
La política de rescate del sector energético también incluyó la rehabilitación de las plantas de fertilizantes, esenciales para la producción agrícola en México. Durante años, las plantas de fertilizantes fueron desmanteladas o abandonadas debido a la falta de inversión. Bajo la administración de López Obrador, se implementaron proyectos de rehabilitación en complejos petroquímicos como el de Michoacán y se trabajó en la modernización de la mina de roca fosfática en Baja California Sur, que es una de las principales fuentes de insumos para la producción de fertilizantes en el país. Estos esfuerzos buscan no solo asegurar el abasto de fertilizantes en el país, sino también contribuir a la soberanía alimentaria de México, un componente clave en la política de desarrollo integral impulsada por el gobierno.
En el ámbito legislativo, el gobierno también promovió una serie de reformas estructurales que han permitido consolidar la política energética del país. En particular, la reforma que devolvió a Pemex su carácter de empresa pública, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum a principios de noviembre de 2024, ha sido considerada un paso fundamental para garantizar la soberanía energética a largo plazo. Este regreso de Pemex al control del Estado no solo significa una recuperación de la empresa como un activo estratégico para la nación, sino que también permite una mayor integración vertical y horizontal de la empresa, reduciendo el número de sus filiales, que hoy suman más de 40, y optimizando así su eficiencia operativa. La reforma busca, además, mejorar la administración interna de Pemex, reducir su burocracia y aumentar la transparencia en la toma de decisiones.
La reestructuración de Pemex bajo el nuevo marco legal también se complementa con una estrategia de transición energética que asegura la protección y el aprovechamiento del litio como recurso estratégico para México. El litio, utilizado en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y otras tecnologías, es considerado un componente crucial en la futura revolución energética mundial. La reforma energética promovida por el gobierno establece que este recurso debe ser controlado por el Estado mexicano, lo que garantizaría que el país pueda beneficiarse directamente de su explotación y evitar que grandes corporaciones extranjeras se apropien de este recurso esencial.
Uno de los aspectos más relevantes de la política energética implementada durante el sexenio de López Obrador ha sido la apuesta por un modelo de desarrollo energético que combine los esfuerzos del sector público y privado, pero sin comprometer la soberanía del país. La posibilidad de desarrollar proyectos mixtos entre Pemex y la inversión privada permitirá una mayor diversificación de las fuentes de energía, promoviendo el uso de energías limpias, pero siempre bajo el control del Estado para garantizar que los beneficios de estos proyectos se traduzcan en un mayor bienestar para la población mexicana.
El legado de la política energética del gobierno de López Obrador, que fue continuado por la administración de Sheinbaum, se ve reflejado en un fortalecimiento de la soberanía energética de México. La visión de convertir al país en autosuficiente en términos energéticos, sin depender de fuentes externas, ha sido un objetivo central de la política pública, que ha avanzado en varios frentes, desde la producción de petróleo y gas natural hasta la generación de electricidad y el impulso de energías renovables. Con estos avances, México busca garantizar su independencia energética y asegurar un futuro más sostenible y menos vulnerable a las fluctuaciones internacionales del mercado energético.
