SENER frenará proyectos de riesgo para pueblos indígenas
Cuando se hizo público que SENER frenará proyectos de riesgo para pueblos indígenas, el aviso cayó sobre el sector energético como una señal clara: ya no bastará con cumplir en papel. La dependencia advirtió que podrá negar o revocar permisos si detecta información falsa u omisiones en la evaluación de los impactos sociales sobre comunidades originarias, incluida la Manifestación de Impacto Social (MIS), documento que se volvió requisito clave tras la reforma energética.
En términos concretos, la Secretaría de Energía (SENER) frenará proyectos de riesgo para pueblos indígenas si una empresa oculta que su trazo pasa por tierras comunales, si minimiza cambios en la forma de sembrar o de acceder al agua, o si deja fuera posibles afectaciones a sitios sagrados. Detrás de cada casilla en la MIS hay historias de desalojos, fragmentación comunitaria y acuerdos firmados sin intérpretes ni información completa.
Consulta previa y papel de la SCJN
La decisión se ancla en obligaciones que México ya tenía sobre la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas, previstas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han exigido procesos más robustos cuando un proyecto toca territorio indígena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha repetido que la consulta no es un trámite rápido, sino un proceso que debe permitir a las comunidades entender el proyecto, discutirlo a su ritmo y decidir si lo aceptan o lo rechazan.
En la práctica, muchos procedimientos se han quedado a medias: asambleas convocadas de un día para otro, representantes comunitarios presionados para firmar, versiones técnicas imposibles de traducir a lenguas indígenas. Con los nuevos criterios, SENER tendrá más margen para tirar del freno de mano cuando detecte que la consulta fue meramente formal o que ni siquiera se intentó.
Impacto en empresas y comunidades
Para las empresas, el mensaje es directo: ya no basta con diseñar gasoductos, parques eólicos o centrales eléctricas y después salir a “socializar” el proyecto. La evaluación social se convierte en un filtro que puede tumbar inversiones millonarias si hay inconsistencias entre lo que se promete en papel y lo que las comunidades viven en territorio.
Del lado de las comunidades indígenas, el anuncio ofrece una herramienta adicional en un mapa donde los conflictos por tierra, agua y aire han ido en aumento. En varios casos, la resistencia local ha frenado obras ya iniciadas y ha obligado a revisar permisos otorgados sin consulta adecuada, al tiempo que defensores del territorio enfrentan amenazas y agresiones documentadas por organizaciones ambientales y de derechos humanos.
El reto de pasar del discurso al territorio
El talón de Aquiles estará en la capacidad del Estado para revisar a fondo las MIS, verificar lo que ocurre en campo y soportar la presión de actores políticos y empresariales. Revisar cada proyecto exige equipos técnicos, presupuesto y una convicción firme de que cancelar o modificar una obra puede ser la única salida cuando el costo lo carga una comunidad pequeña y aislada.
Mientras tanto, pueblos indígenas y organizaciones comunitarias seguirán empujando amparos, consultas y asambleas para que la promesa no se quede en boletines. Lo que ocurra con los próximos proyectos dirá si este giro en el sector energético se queda en reglamentos o se siente en la orilla de los ríos, en los ejidos y en las montañas donde aún se discute quién decide sobre el territorio.
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