Doce estados demandan a Trump para frenar nuevos aranceles globales
Una coalición de doce estados, liderada por los fiscales generales de Oregón y Arizona, presentó este miércoles una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (CIT) con el objetivo de bloquear los nuevos aranceles globales impuestos por el expresidente Donald Trump. La acción legal sostiene que las medidas arancelarias son “ilegales” y exceden la autoridad del Ejecutivo al eludir al Congreso.
La querella impugna cuatro órdenes ejecutivas firmadas por Trump, mediante las cuales se otorga a sí mismo el poder de imponer aumentos arancelarios a nivel mundial. La demanda busca frenar, entre otros, un arancel del 145% sobre la mayoría de los productos provenientes de China, así como un 25% para los productos de Canadá y México, ambos socios clave de los estados demandantes. También se oponen a un arancel general del 10% sobre importaciones del resto del mundo y a un plan que contempla elevar las tarifas a productos de 46 países adicionales a partir del 9 de julio.
El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, declaró que “no se quedará de brazos cruzados ante esta guerra económica”, y subrayó el impacto negativo que estos aranceles podrían tener en la vida diaria de los estadounidenses. Por su parte, la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, calificó la medida de “descabellado plan arancelario” y argumentó que, además de ser económicamente perjudicial, es jurídicamente insostenible.
Los estados demandantes citaron estudios que demuestran que el 95% del costo de las tarifas impuestas durante el primer mandato de Trump fue absorbido por los consumidores estadounidenses. Asimismo, advirtieron que, según proyecciones de la Reserva Federal (Fed) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), esta nueva ronda de aranceles podría generar un repunte inflacionario.
Nevada, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nuevo México, Nueva York y Vermont también se han sumado a la demanda. La acción legal ocurre en paralelo a una querella similar presentada la semana pasada por el estado de California, que también acusa al expresidente de violar la ley al imponer tarifas sin la debida supervisión legislativa.
Esta ofensiva legal colectiva busca frenar lo que consideran una amenaza directa a la estabilidad económica de sus estados y del país, así como reafirmar los límites constitucionales del poder presidencial en materia comercial.