Empresarios alertan sobre el impacto de nuevos aranceles y restricciones en el sector textil
El reciente decreto publicado el 19 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, que aumenta los aranceles a las importaciones de prendas de vestir y telas y restringe las importaciones temporales bajo el Programa IMMEX, ha generado preocupación entre organismos empresariales, que advierten sobre posibles cierres de empresas, pérdida de empleos y daños económicos significativos.
En respuesta, representantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) sostuvieron reuniones con funcionarios de las secretarías de Economía, Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria para analizar el impacto de la medida.
Consecuencias inmediatas
De acuerdo con los organismos empresariales, en menos de cuatro días desde la emisión del decreto, 52 empresas han reportado afectaciones directas, lo que ha resultado en la pérdida de aproximadamente 35 mil empleos. Además, estiman daños económicos de entre 60 mil y hasta 2 millones de dólares por empresa semanalmente. Según estas organizaciones, la medida también pone en riesgo a las empresas con mercancía en tránsito, las cuales podrían enfrentar cierres operativos en menos de cinco días.
Sectores afectados
El decreto afecta a una amplia gama de sectores, incluyendo el textil, confección, automotriz, mueblero, médico y servicios vinculados, como estampado, limpieza y planchado de mercancías destinadas a exportación. Maquiladores han advertido que no existen alternativas viables de proveeduría nacional para algunos insumos, lo que compromete la continuidad de operaciones, especialmente en regiones clave como la frontera norte, el Bajío, el centro y el sureste del país.
Postura de los líderes empresariales
El presidente de Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, enfatizó que “cualquier reforma debe considerar su impacto en millones de familias que dependen de estas actividades” y reiteró el compromiso de mantener un diálogo constructivo con el gobierno para salvaguardar empleos y la estabilidad empresarial.
Por su parte, la presidenta de Canacintra, Esperanza Ortega Azar, señaló que el decreto pone en riesgo la competitividad de las empresas mexicanas y la generación de empleo formal. “Nuestra industria está dispuesta a colaborar con el gobierno para encontrar soluciones que fortalezcan las cadenas de valor y atraigan inversiones estratégicas”, afirmó.
Humberto Martínez Cantú, presidente del Index, destacó la relevancia del programa IMMEX, que genera 9 millones de empleos formales y ha sido un motor clave para el desarrollo económico del país. Martínez subrayó que estas restricciones podrían tener efectos adversos en el desempeño exportador de México.
Exigencias del sector
Ante el panorama adverso, los organismos empresariales han solicitado una prórroga de tres meses para la implementación del decreto, así como un análisis detallado de sus implicaciones. Consideran que una revisión más profunda podría evitar impactos negativos en las cadenas de suministro y proteger el empleo formal en un momento crucial para la competitividad global de México.