El Gobierno de Trump Se Retracta y Permite la Reanudación de los Servicios Jurídicos para Niños Migrantes No Acompañados
Después de una decisión inesperada que suspendió los servicios jurídicos a niños migrantes no acompañados, el gobierno del presidente Donald Trump dio marcha atrás el viernes, permitiendo que los grupos jurídicos que asisten a estos menores reanuden su trabajo. Esta reversión llegó después de una fuerte crítica de diversas organizaciones que defendían los derechos de los niños y alertaban sobre el riesgo al que se enfrentaban los menores, algunos de ellos tan pequeños que todavía usan pañales o no alcanzan a tocar el suelo con sus pies durante los juicios en la corte.
El Acacia Center for Justice, uno de los grupos más afectados por la suspensión, confirmó que el gobierno le había informado que había dado marcha atrás en su decisión. Esto ocurrió después de que, el martes anterior, el Departamento de Interior anunciara la suspensión del programa que proporciona representación legal a decenas de miles de niños migrantes que han llegado a Estados Unidos desde México sin la compañía de un adulto.
Este programa, financiado a través de un contrato de 200 millones de dólares, permite que Acacia y sus subcontratistas proporcionen representación legal a unos 26,000 niños, además de ofrecer formación jurídica a otros 100,000 más. A pesar de la reversión, Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia, subrayó que el trabajo sigue siendo fundamental para asegurar que los niños vulnerables no enfrenten el sistema de inmigración sin la protección adecuada. Aber destacó que este sigue siendo un “momento crítico” para proteger los derechos de los menores y garantizar que reciban el apoyo necesario en sus procedimientos migratorios.
El aviso emitido por el Departamento del Interior, obtenido por The Associated Press, fue breve y no proporcionó detalles sobre los motivos de la restauración del programa. Sin embargo, confirmó que se cancelaba la orden de suspender los servicios jurídicos. Ante esta noticia, Aber aseguró que seguirían colaborando con el gobierno para restaurar completamente estos servicios esenciales.
Las organizaciones que defienden los derechos de los niños migrantes celebraron la reversión, pero muchos expresaron su preocupación por los ataques previos al sistema de protección infantil. Michael Lukens, director ejecutivo del Amica Center for Immigrant Rights, una de las organizaciones subcontratistas, advirtió que el ataque contra los derechos de los niños es sin precedentes y que, de no haberse revertido la decisión, miles de menores habrían quedado sin representación legal, dejándolos sin el debido proceso en sus procedimientos de deportación.
La Ley de Protección de Víctimas de Trata de 2008 establece protecciones especiales para los niños que llegan solos a Estados Unidos, garantizando que puedan tener representación legal en los procedimientos de deportación. Sin embargo, la ley no obliga al gobierno a proporcionar un abogado a cada niño. Las organizaciones de defensa legal han señalado que esta decisión de restaurar el programa es crucial para asegurar que se mantengan las protecciones esenciales para estos menores vulnerables.
El contrato que financia el programa tiene una duración de cinco años, con la opción de que el gobierno lo renueve anualmente. Este año, la decisión sobre la renovación debe tomarse antes de marzo. Wendy Young, presidenta de Kids in Need of Defense, expresó que, si bien la restauración del programa es un paso positivo, el gobierno debe continuar ejerciendo los servicios restantes bajo este contrato para proteger a los niños que atraviesan un proceso migratorio tan vulnerable.
Este giro en la política subraya tanto la presión ejercida por las organizaciones de defensa de los derechos humanos como la importancia de mantener la protección legal para los menores no acompañados que buscan asilo o estatus migratorio en Estados Unidos.