Claudia Sheinbaum habla sobre posibles extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el martes que existen más listas de presuntos narcotraficantes que podrían ser extraditados a Estados Unidos, y aseguró que su gobierno está dispuesto a colaborar con el vecino país en estos procesos. En rueda de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum fue consultada sobre si las autoridades estadounidenses habían solicitado la extradición de más individuos durante las recientes reuniones de seguridad entre ambos países. En su respuesta, la mandataria explicó que “hay más listas de extradiciones”, pero subrayó que la colaboración depende de los acuerdos y el trabajo conjunto entre las naciones.
Extradición de narcotraficantes: un proceso en curso
Este comentario de Sheinbaum ocurre después de que en marzo se realizara la extradición de 29 presuntos traficantes de drogas, entre los que se encontraba Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más notorios de México, acusado de ser responsable del asesinato en 1985 del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena. La operación fue vista por algunos como un movimiento clave en las negociaciones para evitar los aranceles propuestos por el expresidente Donald Trump, aunque las autoridades mexicanas han negado que se tratara de una cesión.
Sheinbaum explicó que las listas de posibles extradiciones han existido “desde hace tiempo”, pero aclaró que el proceso no necesariamente se acelera bajo circunstancias específicas. “Depende del trabajo conjunto”, indicó la presidenta, al añadir que, hasta el momento, no se ha solicitado algo “en especial” en cuanto a las extradiciones en las recientes reuniones entre ambos gobiernos.
El traslado de narcotraficantes: una política de seguridad nacional
En una declaración adicional, el gabinete de seguridad de México había señalado que el traslado de los 29 narcotraficantes a Estados Unidos fue una acción solicitada por el gobierno estadounidense, quien había identificado a estas personas como “requeridas”. No obstante, advirtieron que existía el riesgo de que los acusados pudieran ser liberados por jueces mexicanos debido a los retrasos en sus procesos judiciales. Además, el gabinete no descartó continuar con esta política de extradición de presuntos generadores de violencia, dejando claro que esta decisión no es un compromiso con Washington, sino con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos mexicanos.
La logística del traslado
El traslado de los 29 narcotraficantes a Estados Unidos fue un operativo de gran envergadura, en el que participaron más de 3,500 elementos de diversas instituciones de seguridad mexicanas, 342 vehículos y 20 aeronaves. Este esfuerzo subraya la importancia que México le da al combate a la violencia y al narcotráfico, al mismo tiempo que reafirma su compromiso con la colaboración internacional en la lucha contra estos delitos.
Implicaciones legales y el riesgo de la pena de muerte
Un aspecto relevante en este proceso es que, aunque el gobierno de Estados Unidos había solicitado la extradición de los narcotraficantes, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de Estados Unidos, en conjunto con la Fiscalía General de México, optaron por calificar el traslado como una “expulsión” y no como una extradición formal. Esta distinción tiene un matiz importante, ya que al tratarse de una expulsión y no de una extradición formal, se abre la puerta a la posibilidad de que los acusados enfrenten la pena de muerte en Estados Unidos, lo que genera preocupación en algunos sectores de la sociedad mexicana.
La fiscal general de Estados Unidos, por su parte, ya ha anunciado su intención de pedir cadena perpetua para los líderes de los grupos criminales extraditados, lo que subraya la gravedad de los cargos que enfrentan.
La disposición de México para colaborar en la lucha contra el narcotráfico y la violencia, a través de la extradición de presuntos criminales, ha sido un tema clave en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Sin embargo, las decisiones sobre los procesos de extradición y la naturaleza de los traslados seguirán siendo objeto de discusión, particularmente en cuanto a las implicaciones legales y las garantías de derechos humanos involucradas.