El 19 de marzo de 2025, el fiscal de Jalisco, Salvador González, anunció la entrega del expediente de investigación del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, a la Fiscalía General de la República (FGR). Esta decisión se tomó tras el informe del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien señaló múltiples omisiones en las investigaciones realizadas por las autoridades locales desde septiembre de 2024.
Entre las irregularidades destacadas por la FGR se encuentran la falta de una inspección exhaustiva del inmueble, ausencia de rastreo de indicios y huellas, y la omisión en la protección del lugar, que quedó abandonado pese a estar asegurado. Además, no se procesaron debidamente los vehículos hallados en el sitio, de los cuales tres fueron robados posteriormente.
El Rancho Izaguirre fue descubierto inicialmente por la Guardia Nacional en septiembre de 2024, operando bajo control criminal. Posteriormente, el 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró tres crematorios clandestinos en el lugar, presuntamente utilizados por el crimen organizado. Estos hallazgos llevaron al descubrimiento de 1,308 objetos personales, incluyendo prendas de vestir y pertenencias de personas desaparecidas, lo que sugiere que el rancho podría haber sido utilizado como centro de exterminio y adiestramiento criminal por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En respuesta a estos hechos, el fiscal Salvador González, en coordinación con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, invitó a madres buscadoras, colectivos, activistas, organizaciones de la sociedad civil, universidades y organismos de derechos humanos a participar en una visita al Rancho Izaguirre junto con el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Esta iniciativa busca garantizar la máxima apertura y transparencia en el proceso de investigación y esclarecimiento de los hechos.
Además, se propuso la instalación de una Comisión de la Verdad en colaboración con el gobierno federal, con el objetivo de brindar certeza y confianza en los resultados de las investigaciones, permitiendo la participación activa de la sociedad civil en el proceso.
Este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de una investigación profunda y transparente para esclarecer las actividades ilícitas en el Rancho Izaguirre y determinar las responsabilidades correspondientes, incluyendo posibles vínculos entre autoridades locales y el CJNG.