Sentencian a Genaro García Luna y su esposa a pagar más de 2,400 millones de dólares por corrupción
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, fueron sentenciados por una corte de Florida a pagar al gobierno mexicano 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares, en lo que autoridades consideran una de las sentencias más significativas contra la corrupción de alto nivel en México.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, explicó en la conferencia matutina que la resolución de la jueza Lisa Walsh saca a la luz un “esquema de defraudación millonaria que operó durante los sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto”, y representa un capítulo clave en la historia de un “Estado corrupto que viene desde los años 50”.
La demanda, interpuesta en 2021, señala a García Luna, su esposa, seis cómplices y 44 empresas en distintos países por haber participado en una red de contratos ilegales en el periodo 2009-2018, principalmente con la Policía Federal, el CISEN y el sistema penitenciario federal. La operación fue posible mediante el uso del entramado empresarial Grupo Weinberg, encabezado por Mauricio Samuel Weinberg y Jonathan Alexis Weinberg, quienes gestionaron más de 30 contratos por un total de 727 millones de dólares y 528 millones de pesos. De estos, al menos 625 millones de dólares y 93 millones de pesos fueron efectivamente pagados.
Red de empresas y financiamiento ilícito
La UIF identificó al menos 15 empresas que participaron en el esquema de lavado de dinero, tanto a nivel primario como secundario. Gómez detalló que se emplearon bancos en México y en paraísos fiscales, como Barbados, conocido por alojar entidades que facilitan operaciones ilegales. Además, anticipó que se espera una nueva sentencia contra las empresas implicadas, lo que podría derivar en acuerdos legales o en un veredicto del jurado.
“Estamos hablando de empresas creadas exclusivamente para este esquema ilícito, muchas de ellas ya no existen, pero fueron piezas clave para lavar dinero público”, indicó Gómez, quien subrayó que el monto en juego en este nivel asciende a 100 millones de dólares.
Además, reveló que parte del dinero desviado habría sido utilizado para el financiamiento de campañas políticas, un hecho que, según aseguró, será demostrado en el marco de procesos judiciales aún abiertos. “Hay personas en prisión y varias órdenes de aprehensión activas”, dijo.
Contraste entre justicia en EE.UU. y decisiones judiciales en México
Durante su intervención, Gómez también criticó la decisión reciente de un tribunal en México que otorgó un amparo a Linda Cristina Pereyra, permitiéndole seguir operando libremente en el sistema financiero nacional, a pesar de la sentencia en su contra en Estados Unidos. “Esto lo vamos a resolver pronto”, advirtió.
Afirmó que este caso evidencia cómo durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto “no hubo transición real, sino continuidad del mismo estado corrupto, en el que el saqueo se realizaba con total impunidad”.
Reconocimiento a Rosa Icela Rodríguez y seguimiento del caso
Pablo Gómez y la presidenta Claudia Sheinbaum reconocieron el papel de Rosa Icela Rodríguez, entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, como pieza clave en la recolección de información y estructuración de la denuncia contra García Luna. “Honor a quien honor merece”, dijo Gómez, quien también recordó que fue en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se presentó la denuncia formal.
El funcionario también detalló que el gobierno mexicano ha recuperado hasta el momento bienes valuados en cerca de 2.5 millones de dólares, los cuales han sido entregados por parte de autoridades estadounidenses. “Falta vender uno, pero ya está asegurado”, precisó.
Sentencia triplicó monto original de la demanda
La demanda original contra García Luna ascendía a 250 millones de dólares, mientras que contra su esposa era de 580 millones. Sin embargo, la jueza Lisa Walsh determinó una sanción económica tres veces superior, en función de la magnitud del fraude, lo que suma más de 2,400 millones de dólares a favor del Estado mexicano.
Finalmente, Gómez insistió en que esta sentencia no será el punto final: “No debemos desaprovechar esta enorme oportunidad para escarbar la forma de operar de los delincuentes de cuello blanco. Es una historia que había quedado oculta y que hoy se pone sobre la mesa gracias al trabajo de muchas instituciones”.