Claudia Sheinbaum propone crear la Comisión Nacional Antimonopolio; sustituirá a la Cofece como órgano dependiente del Ejecutivo
La presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Senado de la República una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica con el propósito de crear la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), que sustituirá a la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). A diferencia de su antecesora, la CNA no será un órgano constitucional autónomo, sino un organismo descentralizado del gobierno federal.
Cambios estructurales y designación de comisionados
Según el proyecto, el pleno de la CNA estará integrado por cinco comisionados, designados por la titular del Ejecutivo federal y ratificados por el Senado por mayoría simple. Uno de ellos ocupará la presidencia, también designado directamente por la Presidencia de la República, con una duración de tres años, mientras que los comisionados durarán siete años sin posibilidad de reelección.
La iniciativa contempla que el Ejecutivo podrá remover comisionados por causas graves, con ratificación del Senado. Las sesiones del pleno serán públicas únicamente a través de versiones estenográficas que se publicarán en línea.
Reducción de facultades regulatorias y cambios en atribuciones
Entre los cambios más significativos, la reforma deroga la facultad de la CNA para emitir disposiciones regulatorias mediante consulta pública, particularmente en temas de concentraciones e investigaciones. En su lugar, la CNA podrá suscribir convenios de cooperación internacional para investigaciones conjuntas sobre prácticas anticompetitivas.
Otro punto clave es que las empresas públicas del Estado, como Pemex y CFE, no serán consideradas monopolios dentro de esta nueva legislación.
También se elimina el Órgano Interno de Control que existía en la Cofece, aunque se mantendrá una autoridad investigadora designada por el pleno de la CNA.
Atribuciones ampliadas y coordinación con el T-MEC
La nueva comisión podrá llevar a cabo visitas de verificación e inspección, así como recolectar datos “a través de cualquier herramienta”, ampliando sus mecanismos de vigilancia. Además, podrá emitir opiniones sobre agentes económicos preponderantes en sectores estratégicos como telecomunicaciones y radiodifusión, tras la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Esta reforma también contempla límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al igual que restricciones a la propiedad cruzada de medios de comunicación en un mismo mercado.
En línea con los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el proyecto reconoce la necesidad de coordinación internacional en materia de competencia, aunque centraliza las decisiones en el Ejecutivo y elimina mecanismos de participación pública que anteriormente permitían mayor escrutinio.
Procedimientos de investigación y sanciones
En cuanto a procedimientos, la propuesta define nuevas formas de detectar concentraciones ilícitas, evaluando si estas pueden afectar la libre competencia en un mercado. Los agentes económicos deberán probar que los beneficios de eficiencia derivados de dichas concentraciones superan sus efectos anticompetitivos.
Como novedad, se incorpora un mecanismo de reducción de sanciones, que permitirá disminuir entre un 20% y 50% las sanciones a empresas que hayan incurrido en prácticas monopólicas absolutas, siempre que colaboren en las investigaciones.
La iniciativa será enviada al Senado en las próximas horas y se prevé que sea discutida la próxima semana tanto en comisiones como en el pleno. El proyecto ha generado expectación y posibles reacciones de organismos nacionales e internacionales, ya que plantea una reconfiguración profunda del marco institucional de competencia económica en México, con un giro hacia el control centralizado por parte del Ejecutivo federal.