La CNBV revoca licencia a CIBanco tras ser señalada por autoridades de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero. Revista Guinda te trae los detalles.
Liquidación y protección a los ahorradores
La medida se formalizó con la aprobación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que autorizó el pago de las obligaciones garantizadas y el inicio del proceso de liquidación. A partir del 13 de octubre, los clientes podrán acceder al reembolso de sus ahorros. El IPAB recordó que los depósitos cuentan con protección de hasta 400 mil UDIS por persona, equivalentes a 3 millones 424 mil pesos, al tiempo que precisó que quienes mantienen créditos con la institución deberán continuar con sus pagos conforme a contrato. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aseguró que esta decisión busca salvaguardar los recursos de los usuarios y mantener la estabilidad del sistema financiero. No obstante, la intervención ocurre apenas días antes de que entren en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra instituciones señaladas por facilitar operaciones ilícitas de los cárteles de la droga.
Una decisión selectiva y tardía
Para Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico del PAN en la Cámara de Diputados, la resolución llega tarde y con sesgo. El legislador criticó que mientras CIBanco es llevado a liquidación, otras entidades implicadas, como Vector Casa de Bolsa —propiedad de Alfonso Romo—, continúan operando sin sanciones equivalentes.
El panista recordó que, en junio pasado, el gobierno estadounidense acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector de participación en presuntas operaciones de lavado. Éstas relacionadas con el tráfico ilícito de opioides. Según Téllez, las irregularidades en CIBanco se conocían desde hace años: “hubo fallas operativas y desorden administrativo, pero ni la CNBV ni la Unidad de Inteligencia Financiera actuaron con oportunidad”.
El legislador señaló directamente al ex titular de la UIF, Pablo Gómez, por omisiones deliberadas y un enfoque “más político que técnico”, al priorizar la persecución de adversarios mientras ignoraba señales de alerta. “Ahora toma sentido su remoción del cargo y su posterior protección desde el gobierno”, dijo.
CNBV bajo presión institucional y política
El caso ha reavivado el debate sobre la eficacia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Secretaría de Hacienda en la supervisión del sistema financiero. Según Téllez, la inacción permitió que “millones de dólares circularan sin control”, pese a los señalamientos internacionales.
Además, la Oficina de Control de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. habría advertido sobre los vínculos de las instituciones mexicanas con redes criminales transnacionales. Sin embargo, se tuvo una respuesta local fragmentada y tardía.
El episodio exhibe las tensiones internas del aparato financiero mexicano: por un lado, la necesidad de cumplir con los compromisos de transparencia internacional; por otro, las implicaciones políticas de intervenir bancos con nexos empresariales o políticos relevantes.
A ello se suma que el proceso de liquidación del banco se activó apenas después de las advertencias del Tesoro, lo que refuerza la percepción de que la CNBV actuó solo bajo presión externa.
Entre el daño reputacional y la confianza pública
La salida de CIBanco deja un vacío simbólico en el panorama bancario mexicano. No solo marca la primera revocación de licencia en años, sino que obliga a las autoridades a demostrar que pueden garantizar la seguridad del sistema financiero y proteger el ahorro ciudadano.
La credibilidad de los reguladores depende ahora de la transparencia con que conduzcan el proceso y del trato equitativo hacia otras instituciones señaladas. Mientras tanto, los ojos del sector financiero y del público permanecen sobre el desempeño de la CNBV, que busca recomponer su autoridad frente a un episodio que expuso su vulnerabilidad.