El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Quintana Roo intensificó su ofensiva política y jurídica contra la reforma electoral aprobada a finales de mayo de 2026 por la XVIII Legislatura local. El presidente del PRI en el municipio de Benito Juárez y regidor del Ayuntamiento de Cancún, Jorge Rodríguez Méndez, confirmó que abogados del Comité Ejecutivo Nacional del partido trabajan desde la Ciudad de México en la integración de un recurso de inconstitucionalidad, al estimar que los cambios aprobados representan un retroceso para la representación democrática en la entidad.
La disputa se desató días después de que la XVIII Legislatura del Estado aprobara, el 26 de mayo de 2026, una reforma constitucional y legal para armonizar el marco normativo local con las transformaciones del sistema jurídico nacional en materia electoral promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Lo que para la mayoría gobernante fue una modernización necesaria, para la oposición equivale a una concentración de poder sin precedentes.
El PRI activa la vía legal: acción de inconstitucionalidad ante la SCJN
Rodríguez Méndez advirtió que la inconformidad no quedará únicamente en posicionamientos públicos y que el partido agotará todas las vías legales para intentar revertir la reforma, señalando que aún cuentan con tiempo dentro de los plazos establecidos para presentar la impugnación ante las autoridades correspondientes.
El movimiento jurídico no sería exclusivo del tricolor. El dirigente detalló que mantienen diálogo con otras fuerzas políticas de oposición, entre ellas Movimiento Ciudadano, para analizar la posibilidad de presentar una estrategia jurídica conjunta, aunque aclaró que aún se definen los mecanismos legales y la forma en que podría concretarse dicha alianza.
Una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el mecanismo constitucional mediante el cual partidos políticos con registro nacional pueden impugnar leyes que consideren contrarias a la Carta Magna. En materia electoral, basta con que el partido acredite representación parlamentaria para tener legitimación activa. El fallo de la Corte tendría efectos generales: si se declara inconstitucional la norma, quedaría anulada para todos.
Qué cambia la reforma y por qué genera polémica
Entre los ejes centrales de la reforma destacan la incorporación de los principios de no reelección y combate al nepotismo, la regulación de las consultas populares como mecanismo de participación ciudadana, y la actualización de los métodos de asignación bajo el principio de representación proporcional. El legislativo morenista enfatizó que la norma preserva el pluralismo y garantiza una representación equilibrada de todas las fuerzas políticas tanto en el Congreso local como en los cabildos.
Sin embargo, la oposición rechaza ese argumento de plano. Rodríguez Méndez sostuvo que la reforma modifica la forma en que se asignan espacios de representación política en los cabildos y afecta la voluntad popular, argumentando que el ciudadano vota por el candidato a presidente municipal y no directamente por regidores de primera o segunda fórmula.
La dirigente estatal del PRI, Cora Amalia Castilla Madrid, también criticó la reforma al considerar que limita la representación de la oposición en los cabildos y concentra mayor control político en Morena. La coincidencia de voces al interior del tricolor —desde la dirigencia estatal hasta los regidores— revela que la decisión de judicializar el conflicto es una postura unificada del partido y no una posición aislada.
Morena en el banquillo: el argumento del cacicazgo y la réplica priista
Legisladores y dirigentes de la coalición gobernante han justificado la reforma señalando que busca erradicar antiguos cacicazgos políticos que habrían deformado la representación local durante décadas. El señalamiento apunta, implícitamente, a estructuras de poder que el PRI construyó durante su larga hegemonía en Quintana Roo —un estado donde el tricolor gobernó ininterrumpidamente desde su fundación en 1974 hasta 2016.
Rodríguez Méndez respondió a ese señalamiento asegurando que quienes han permanecido más tiempo en posiciones de poder son precisamente los integrantes de la alianza gobernante, y calificó de irónico que Morena elimine ahora mecanismos de representación por los que ella misma luchó cuando era oposición.
El dirigente también advirtió sobre las consecuencias de largo plazo que la reforma podría tener para los propios partidos que la impulsaron: si en el futuro la alianza se fractura y sus integrantes compiten por separado, ninguno contaría con suficiente representación en los cabildos bajo las nuevas reglas, lo que afectaría su propia viabilidad política municipal.
Una reforma que va de la mano con los cambios federales
La disputa en Quintana Roo no ocurre en el vacío. Las modificaciones aprobadas por la legislatura local buscan armonizar el marco normativo del estado con las transformaciones promovidas a nivel federal por la presidenta Sheinbaum, con el objetivo declarado de dotar a Quintana Roo de reglas claras y certeza jurídica.
Al mismo tiempo, el Congreso local aprobó minutas de reforma a la Constitución Federal enfocadas en la democratización de la justicia y la protección de la soberanía electoral, en sesión del segundo periodo extraordinario de sesiones. El paquete legislativo en conjunto traza una transformación profunda del andamiaje jurídico-político del estado caribeño.
La reforma genera preocupación en la oposición porque modifica reglas electorales de cara a futuros procesos municipales y legislativos, lo que, según sus críticos, afectará la pluralidad y la participación política en Quintana Roo. Las elecciones municipales en el estado están programadas para 2027, lo que le da a la batalla legal un horizonte de tiempo acotado: si la acción de inconstitucionalidad no prospera antes de que arranquen los preparativos electorales, las nuevas reglas entrarán en vigor para la siguiente contienda.
Rodríguez Méndez llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las decisiones que toman los diputados y a exigir mayor transparencia en temas que impactan directamente la vida democrática del estado.
La pelota está ahora en el terreno jurídico. Si el PRI consolida la alianza con Movimiento Ciudadano y otros partidos para presentar la acción ante la SCJN, la Corte tendrá la última palabra sobre si la reforma de Quintana Roo respeta —o violenta— la Constitución mexicana.
