Cumplen consejeros la exigencia de Sheinbaum de informar con detalle para qué quieren más dinero; si no hay apoyo estarán en riesgo varias obligaciones del órgano electoral para este año y el siguiente.
En respuesta a la exigencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de que el Instituto Nacional Electoral (INE) presentara un informe detallado del por qué necesita más dinero para organizar la elección judicial, el Consejo General envió a la Presidencia de la República una solicitud de ampliación presupuestal por mil 511 millones 755 mil 665 pesos, detallando que de ese monto, mil 451 millones de pesos se irán a diversos conceptos de la elección de personas juzgadoras.
De ocurrir, esta ampliación se sumaría a los seis mil 219 millones de pesos considerados previamente de presupuesto para el ejercicio electoral extraordinario, que de origen ya había sufrido un recorte de más del 50 por ciento a manos de la Cámara de Diputados, que le quitó el organismo electoral federal más de 13 mil millones de pesos de su partida total para 2025.
Del monto solicitado, la presidencia de la República anunció que tiene disponibles sólo 800 millones de pesos. Sin embargo, los consejeros del INE confían en que se trate de una primera parte que posteriormente sea complementada, porque, insisten, la cantidad total solicitada es esencial para asegurar la autenticidad, la transparencia y la “excelencia” del proceso electoral, como lo dijo el consejero Jorge Montaño, presidente de la comisión organizadora de la elección judicial.
De acuerdo a la consejera Carla Humphrey, la solicitud de ampliación presupuestal no se basa en ocurrencias, caprichos, ni programas superfluos o suntuarios, sino que tiene soporte técnico, argumentativo y financiero.
La consejera Dania Ravel recordó que debido al recorte ejecutado por la Cámara de Diputados, el INE debió realizar un reajuste a su gasto, sin tocar las prerrogativas de los partidos, por siete mil 354 millones de pesos.
“Pero aún con los ajustes que hemos realizado, como la sustitución de Mesas Directivas de Casilla por Centros de Votación Seccional, nos encontramos en una situación crítica en la que es indispensable contar con más recursos para dar suficiencia presupuestal a proyectos que inciden directamente en la organización”, dijo.
Sobre la exigencia presidencial de que el INE explique el destino de los recursos adicionales solicitados, la consejera Humphrey coincidió y dio datos para aclararlo.
El presupuesto se usará para contratar, por 130 días, a 530 supervisores; tres mil 555 capacitadores adicionales en todo el país; 22 mil 500 auxiliares de cómputo, por 15 días, para contar con resultados de la elección, al menos de ministros de la SCJN, la misma noche de la jornada electoral. Igualmente, para ampliar el periodo de contratación, por un mes, a seis mil 134 personas para la atención de programas para 57 proyectos que atienden la elección judicial, las elecciones de Durango y Veracruz, y la constitución de nuevos partidos, credencialización y otras actividades ordinarias del INE.
También, para incrementar los Centros de Votación Seccional de 73 mil 850 a 86 mil, con lo que el costo pasarán de dos mil 187.9 millones de pesos a dos mil 509 millones 222 mil pesos.
La consejera Humphrey precisó que para la elección de juzgadores serán impresas 600 millones de boletas electorales, entre tamaño carta y media carta, mientras que para la elección presidencial sólo fueron impresas 327 millones en tamaño carta, un incremento casi 100 por ciento.
Los 60 millones de pesos restantes del hipotético incremento —que no se usarían directamente en la elección judicial— serían para tareas sustanciales del INE que se quedaron sin presupuesto debido al enorme recorte aplicado por los diputados.
De allí, 40.2 millones se usarían en fortalecer programas institucionales del INE y 18.7 millones para una estrategia de credencialización que haga frente a eventuales deportaciones masivas desde Estados Unidos.
Los programas a los que el recorte dejó sin presupuesto son el Sistema de Contabilidad en Línea (SIF), el Sistema de Quejas y Denuncias, y el de Monitoreo de actividades de campo, los tres indispensables para desahogar la fiscalización y el arbitraje de la elección, así como la organización de las elecciones de ayuntamientos en Coahuila, a realizarse en 2026 pero que comienza en 2025.
“Al dejar en cero pesos las tres herramientas fundamentales de gestión y procesamiento, ponemos a la Unidad Técnica de Fiscalización y a este Instituto en general en una situación inaceptable de precariedad operativa y logística que puede generar impactos y desenlaces ominosos, cercanos al incumplimiento oportuno de nuestras responsabilidades constitucionales”, alertó Humphrey.
Persiste opacidad
Las consejeras electorales Carla Humphrey y Dania Ravel le dieron la razón, de manera tácita, a la presidenta Claudia Sheinbaum, acerca de que la petición de aumento presupuestal del INE debía ser detallada para que la población sepa en qué se gastará el dinero. Ambas reconocieron la falta de precisión previa y, aunque una de ellas dio el tema por zanjado, la otra advirtió que aún faltan rubros por transparentar.
Carla Humphrey celebró que el Consejo General del INE decidiera corregir la instrucción dada a la Dirección Ejecutiva de Administración para elaborar la solicitud de incremento presupuestal, que inicialmente era “genérica, ligera y abstracta, sin mandato alguno sobre la manera y tiempos para elaborar dicha solicitud y menos sobre su contenido y alcances”.
El 31 de diciembre, a la Dirección Ejecutiva de Administración se le ordenó presentar la solicitud de ampliación presupuestal a más tardar el 15 de enero, lo cual cumplió, haciéndolo “debidamente fundada y motivada y con toda precisión, exhaustividad y claridad” sobre el destino que se le dará a la ampliación presupuestal.
La redacción contiene ahora, comparó Humphrey, un dictamen con soporte técnico, argumentativo y financiero.
Sin embargo, Dania Ravel exhibió que si bien el documento con el que se solicitó la ampliación de presupuesto es más detallado, aún tiene imprecisiones que no abonan a la transparencia sobre el uso que se dará a los recursos extra.
“En el dictamen (…) se incluye un cuadro que contiene 19 proyectos en los que se invertirán esos recursos, especificando el monto que se destinará a cada uno. Sin embargo, ni del proyecto de acuerdo ni del dictamen se advierte con claridad en qué van a ser invertidos”, apuntó Ravel.
Señaló que para el micrositio que dará a conocer las candidaturas de la elección judicial se destinaría una cantidad adicional de un millón 950 mil 676 pesos, pero éste ya se encuentra delineado, “esto es, ya se tiene pensado cómo se llevaría a cabo, con los recursos que se le destinaron; entonces, la pregunta aquí es: ¿en qué se van a invertir los casi dos millones de pesos adicionales?”, cuestionó.
Ravel señaló que la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE argumenta que los recursos adicionales se emplearían en prolongar los contratos del personal de mantenimiento y soporte del sistema, “porque solo tenemos personal hasta abril y, con relación al micrositio, hay compromisos hasta julio como, por ejemplo, el informe final cualitativo y cuantitativo que se tiene que presentar”. Sin embargo, lamentó, la información no se encuentra ni en el dictamen, ni en el proyecto de solicitud de ampliación presupuestal.
En otro ejemplo, dijo que se prevé una partida de 351 millones 825 mil pesos para sueldos de mil 881 supervisores y 10 mil 928 capacitadores que integrarán 42 mil 518 casillas en 16 estados con elecciones judiciales locales concurrentes con la elección judicial federal.
“Se trata de recursos que se pensaba requerir a los Organismos Públicos Locales Electorales. Pero como el dictamen se encuentra totalmente desvinculado de las bases generales del presupuesto aprobadas en diciembre y no hay una explicación de ninguno de los proyectos, no es posible advertirlo con la sola lectura del documento”.
