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“AHORCA” AL INE ELECCIÓN JUDICIAL

“AHORCA” AL INE ELECCIÓN JUDICIAL

PIDE CASI MIL 512 MDP EXTRA PARA LO INDISPENSABLE; LES DAN SÓLO 800 MDP

Cumplen consejeros la exigencia de Sheinbaum de informar con detalle para qué quieren más dinero; si no hay apoyo estarán en riesgo varias obligaciones del órgano electoral para este año y el siguiente.

En respuesta a la exigencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de que el Instituto Nacional Electoral (INE) presentara un informe detallado sobre por qué necesita más dinero para organizar la elección judicial, el Consejo General envió a la Presidencia de la República una solicitud de ampliación presupuestal por mil 511 millones 755 mil 665 pesos, detallando que de ese monto, mil 451 millones de pesos se destinarán a diversos conceptos de la elección de personas juzgadoras.

De ocurrir, esta ampliación se sumaría a los seis mil 219 millones de pesos considerados previamente de presupuesto para el ejercicio electoral extraordinario, que de origen ya había sufrido un recorte de más del 50 por ciento a manos de la Cámara de Diputados, que le quitó al organismo electoral federal más de 13 mil millones de pesos de su partida total para 2025.

Del monto solicitado, la presidencia de la República anunció que tiene disponibles sólo 800 millones de pesos. Sin embargo, los consejeros del INE confían en que se trate de una primera parte que posteriormente sea complementada, porque, insisten, la cantidad total solicitada es esencial para asegurar la autenticidad, la transparencia y la “excelencia” del proceso electoral, como lo dijo el consejero Jorge Montaño, presidente de la comisión organizadora de la elección judicial.

De acuerdo a la consejera Carla Humphrey, la solicitud de ampliación presupuestal no se basa en ocurrencias, caprichos, ni programas superfluos o suntuarios, sino que tiene soporte técnico, argumentativo y financiero.

La consejera Dania Ravel recordó que debido al recorte ejecutado por la Cámara de Diputados, el INE debió realizar un reajuste a su gasto, sin tocar las prerrogativas de los partidos, por siete mil 354 millones de pesos.

“Pero aún con los ajustes que hemos realizado, como la sustitución de Mesas Directivas de Casilla por Centros de Votación Seccional, nos encontramos en una situación crítica en la que es indispensable contar con más recursos para dar suficiencia presupuestal a proyectos que inciden directamente en la organización”, dijo.

Sobre la exigencia presidencial de que el INE explique el destino de los recursos adicionales solicitados, la consejera Humphrey coincidió y dio datos para aclararlo. El presupuesto se usará para contratar, por 130 días, a 530 supervisores; tres mil 555 capacitadores adicionales en todo el país; 22 mil 500 auxiliares de cómputo, por 15 días, para contar con resultados de la elección, al menos de ministros de la SCJN, la misma noche de la jornada electoral. Igualmente, para ampliar el periodo de contratación, por un mes, a seis mil 134 personas para la atención de programas para 57 proyectos que atienden la elección judicial, las elecciones de Durango y Veracruz, y la constitución de nuevos partidos, credencialización y otras actividades ordinarias del INE.

También, para incrementar los Centros de Votación Seccional de 73 mil 850 a 86 mil, con lo que el costo pasará de dos mil 187.9 millones de pesos a dos mil 509 millones 222 mil pesos.

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La consejera Humphrey precisó que para la elección de juzgadores serán impresas 600 millones de boletas electorales, entre tamaño carta y media carta, mientras que para la elección presidencial sólo fueron impresas 327 millones en tamaño carta, un incremento casi 100 por ciento.

Los 60 millones de pesos restantes del hipotético incremento, que no se usarían directamente en la elección judicial, serían para tareas sustanciales del INE que se quedaron sin presupuesto debido al enorme recorte aplicado por los diputados.

De allí, 40.2 millones se usarían en fortalecer programas institucionales del INE y 18.7 millones para una estrategia de credencialización que haga frente a eventuales deportaciones masivas desde Estados Unidos.

Los programas a los que el recorte dejó sin presupuesto son el Sistema de Contabilidad en Línea (SIF), el Sistema de Quejas y Denuncia, el de Monitoreo de Actividades de Campo, los tres indispensables para desahogar la fiscalización y el arbitraje de la elección, así como la organización de las elecciones de ayuntamientos en Coahuila, a realizarse en 2026 pero que comienza en 2025.

“Al dejar en cero pesos las tres herramientas fundamentales de gestión y procesamiento, ponemos a la Unidad Técnica de Fiscalización y, a este Instituto en general, en una situación inaceptable de precariedad operativa y logística que puede generar impactos y desenlaces ominosos, cercanos al incumplimiento oportuno de nuestras responsabilidades constitucionales”, alertó Humphrey.

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