Semarnat rechazó el proyecto Perfect Day Mexico de Royal Caribbean tras la clausura de Profepa. Lo que quedó no es sólo un expediente cerrado: es la pregunta de si México quiere seguir apostando por volumen de turistas o empezar a cobrar más por cada uno.
La secretaria Alicia Bárcena lo dijo sin rodeos: Semarnat no aprobará el proyecto. Detrás de esa frase corta hay 107 hectáreas en la costa de Quintana Roo, un arrecife que funciona como muro contra huracanes, y la señal más clara que ha dado este gobierno de que la inversión turística tiene límites que no se van a negociar.
El proyecto Perfect Day México, de la naviera Royal Caribbean, contemplaba más de 30 toboganes, seis piscinas, tres playas, 12 restaurantes y 24 bares en un corredor costero de Mahahual, con un flujo proyectado de alrededor de 20 mil visitantes al día. Era, en tamaño y lógica de negocio, la versión terrestre de un crucero: todo dentro, todo de la empresa, todo prepagado. La comunidad del pequeño puerto sólo miraba.
Antes de que Bárcena lo anunciara, Profepa ya había impuesto la clausura total temporal del proyecto. Los inspectores detectaron obras de relleno, compactación, demolición y manejo de escombros ejecutadas sin autorización federal de impacto ambiental. Trabajo hecho sobre manglar y vegetación costera, en una franja frente al Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo más largo del planeta. La empresa no esperó los permisos. Metió maquinaria y arrancó.
La respuesta del gobierno fue cerrar la obra. Luego vino la negativa definitiva, con instrucción presidencial explícita de no comprometer el equilibrio ecológico de la zona. El mensaje que quedó inscrito en el un expediente no fue burocrático, sino uno político. Este gobierno no le da más el paso a proyectos que destruyan la base natural del país aunque vengan con muchos dólares y promesas de empleo.
El arrecife no es escenografía
Mahahual vive literalmente del mar. El arrecife produce y protege. El Sistema Arrecifal Mesoamericano actúa como barrera ante las tormentas y los huracanes que golpean el Caribe mexicano cada temporada. Sus corales sostienen pesquerías. Sus aguas transparentes sostienen el buceo, el snorkel, el turismo de naturaleza que llega a ese puerto buscando exactamente lo que un parque de toboganes no sólo no ofrece sino que a lo iba a destruir a cambio de algunos empleos de uno, dos, quizá tres salarios mínimos.
Las organizaciones que pelearon contra el proyecto, entre ellas Defensa Mexicana del Ambiente y la Sociedad (DMAS), promovieron amparos y movilizaron a la opinión pública con un argumento que no era romántico ni ambientalista en abstracto: era territorial. Si se rompe el arrecife, se rompe el negocio. Si se tala el manglar, desaparece la barrera natural que protege el puerto. El turismo que viene a Mahahual viene porque Mahahual todavía parece Mahahual, no un parque temático.
Finalmente se uniría Greenpeace, la organización ecologista más grande del mundo e hizo una escenificación en el Palacio de Bellas Artes de la CDMX, lo cual le dio muchísima visibilidad al tema.
La clausura de Profepa y el rechazo de Semarnat le dieron la razón a ese argumento. No como concesión política, sino porque no se puede intervenir material y físicamente una zona con ecosistemas federalmente protegidos sin pasar por el proceso de evaluación de impacto ambiental. La empresa lo hizo de todos modos. El principio precautorio que debe regir en estos territorios no es una sugerencia; es el piso mínimo de cualquier proyecto que quiera operar en el litoral mexicano.
Enclave vs. territorio
El debate sobre Perfect Day no es sólo ambiental. Es también económico, y en esa dimensión el gobierno tiene un argumento que no depende del ecologismo sino de la racionalidad a largo plazo.
Un parque orientado al turismo de cruceros, donde el pasajero duerme en el barco, come en el barco, compra en el barco y sólo desembarca unas horas para gastar dentro del complejo concesionado, produce algo muy preciso: ingreso para la naviera, empleos temporales por la naviera, y poco más. El restaurantero de Mahahual, el guía de snorkel, la cooperativa de pescadores que vende pescado fresco, la señora que renta hamacas frente al mar: todos quedan fuera del ecosistema de negocios. El turista pasa por el puerto sin pasar por el pueblo.
Ese modelo —enclave turístico— maximiza el volumen de visitantes pero no maximiza la derrama local. Es el modelo dominante en buena parte del Caribe mexicano, donde los esquemas de resort, all inclusive y crucero capturan el gasto dentro del propio circuito empresarial y reducen al mínimo el efecto multiplicador sobre las pequeñas economías locales. El turista llega, el turista se va, el dinero se queda dentro de la empresa.
Perfect Day Mexico llevaba ese modelo al extremo: 20 mil personas al día en 107 hectáreas privadas, con toda la oferta de ocio, comida y entretenimiento cerrada sobre sí misma. En ese escenario, el puerto de Mahahual habría recibido el impacto —tráfico, presión sobre el agua, residuos, ruido— sin recibir ingresos.
La solución proviene de Costa Rica
México recibió en 2024 más de 32 millones de turistas internacionales. Costa Rica, en el mismo período, recibió alrededor de 3 millones. Los números parecen aplastantes a favor de México. Pero hay números que cambian la lectura.
Un análisis con datos del Instituto Costarricense de Turismo y el Banco Central de ese país reportó que Costa Rica registró en 2024 un gasto promedio por turista internacional de 2,062 dólares, el más alto de Centroamérica. En México, para el mismo año, las cifras de la Encuesta de Viajeros Internacionales mostraron gastos medios claramente menores: alrededor de 1,027 dólares para turistas de internación y 1,158 dólares para quienes ingresaron por vía aérea. Banxico registra niveles aún más bajos cuando se toma el universo amplio de visitantes internacionales, incluso por debajo de los 700 dólares.
Dicho de otra manera: Costa Rica recibe diez veces menos turistas que México, pero cada turista costarricense gasta el doble que el mexicano. La diferencia no es casualidad ni geografía. Es el modelo. Costa Rica construyó durante décadas una oferta turística amarrada a la conservación de la naturaleza, la certificación de servicios, el encadenamiento con economías locales y una marca-país donde “sostenible” no significa “escenografía” sino “precio”. Un destino donde el bosque está en pie y la rana dorada sigue existiendo cobra más por persona que un destino donde hay más camas pero el arrecife ya fue.
México puede moverse en esa dirección. De hecho, la decisión sobre Mahahual es una señal de que el gobierno actual entiende que el camino no es más parques de toboganes sobre un manglar, sino destinos donde el visitante salga del hotel a comprar en la calle, contratar un guía local, comer en una cocina que no tiene franquicia, y regresar a casa con la sensación de que estuvo en un lugar y no en una instalación.
De eso habla la secretaría Josefina Rodríguez Zamora cuando habla de Turismo Comunitario en las mañaneras.
¿Qué significa “más comunidad”?
Hay una lectura equivocada del debate ambiental que conviene desechar: que rechazar megaproyectos equivale a frenar toda inversión. No es así. Lo que el caso Mahahual pone sobre la mesa es la decisión de qué tipo de inversión construye valor durable y qué tipo termina por destruirlo.
Un corredor gastronómico local, una cooperativa de guías certificados, un sistema de transporte peatonal que conecta el muelle con el pueblo, mercados de artesanías con identidad territorial, hospedaje en manos de familias locales: todo eso es inversión. Inversión que no necesita 107 hectáreas de concesión ni arrasar un manglar. Inversión que sube el gasto por visitante porque le da al turista algo que no encontró en el barco: el lugar en sí mismo.
El turismo comunitario y el ecoturismo no son productos marginales para un nicho ideológico. Son segmentos con demanda creciente en los mercados de alto poder adquisitivo —Europa, Norteamérica, Asia del este— que buscan exactamente eso: naturaleza, cultura viva, experiencia local que justifique el viaje. Un viajero que llega a Mahahual a bucear en el arrecife, dormir en una posada familiar, comer pescado del día y contratar un guía que le cuenta la historia del pueblo gasta más, se queda más tiempo, y deja el dinero distribuido en varias manos locales, no acaparado en una sola empresa transnacional.
Es diferenciación de producto. Y la diferenciación de producto es lo que permite cobrar más.
La regulación llegó a tiempo
Uno de los elementos más relevantes del caso es que la regulación funcionó. No perfectamente, no antes de que la maquinaria tocara tierra, pero funcionó. Profepa detectó las obras irregulares, clausuró el proyecto, y Semarnat cerró el expediente con una negativa que la presidencia respaldó públicamente.
Eso no es trivial. En la historia reciente del turismo en el Caribe mexicano hay una larga lista de proyectos que arrancaron obras, destruyeron ecosistemas y luego gestionaron los permisos a posteriori, a veces con éxito. El caso de Mahahual muestra que ese camino ya no es automático: hay inspección, hay clausura, hay negativa. La señal de que eso manda al mercado importa tanto como la decisión misma.
El gobierno no actuó por romanticismo ambiental. Actuó porque la ley lo exige y porque la presidenta instruyó proteger el equilibrio ecológico de la zona. Esa coincidencia entre obligación legal y voluntad política es lo que hizo posible el resultado. Cuando las dos cosas van en el mismo sentido, el instrumento regulatorio tiene dientes.
Lo que quedó atrás
Mahahual no resuelve nada por sí solo. Es un caso, no una política. Pero el caso deja trazado un mapa de preguntas que el sector turístico mexicano va a tener que responder en los próximos años.
¿Cuántos visitantes más puede absorber el Caribe mexicano antes de que el arrecife ceda, el manglar desaparezca y el agua pierda la transparencia que hace vendible el destino? ¿Cuánto del gasto turístico se queda en las comunidades costeras y cuánto sale directamente a las cuentas de navieras y cadenas hoteleras internacionales? ¿Puede México construir una marca-país donde “naturaleza conservada” no sea slogan de folleto sino criterio de inversión?
Las respuestas no están en Mahahual. Están en las decisiones que vendrán después: qué proyectos se autorizan en el litoral, con qué condiciones, a qué escala, bajo qué modelo de distribución de beneficios. El expediente del puerto cerró. Las preguntas siguen abiertas.
