Renuncia el vicefiscal de Sinaloa Dámaso Castro, señalado por Estados Unidos de nexos con el Cártel de Sinaloa
Culiacán, Sinaloa. Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de Sinaloa y uno de los funcionarios mexicanos acusados por las autoridades de Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, presentó su renuncia al cargo, tal como lo confirmó la titular de la Fiscalía General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo. La fiscal precisó que el documento fue entregado el pasado 5 de noviembre, el mismo día en que concluyó la licencia sin goce de sueldo que el entonces vicefiscal había solicitado seis meses antes.
Castro se había separado de la institución apenas seis días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desvelara, a finales de abril de 2026, una acusación en su contra junto con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios sinaloenses, actuales y antiguos, por presunta conspiración con la facción de ‘Los Chapitos’. Al pedir la licencia el 5 de mayo, la propia institución emitió un comunicado breve confirmando la solicitud, y desde entonces la Vicefiscalía General quedó a cargo de una persona designada como encargada.
Las acusaciones de la justicia estadounidense
Según el documento de la fiscalía federal neoyorquina, Castro habría recibido 11 mil dólares mensuales a cambio de desempeñar labores de protección a favor del Cártel de Sinaloa, entre ellas filtrar información sobre operativos dirigidos contra laboratorios clandestinos. La imputación de 34 páginas, desatada en la Corte Federal de Manhattan, acusa a los diez inculcados de ayudar a introducir cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en territorio estadounidense, además de blindar a las cúpulas criminales de investigaciones.
La acusación contra el gobernador en funciones generó una escalada diplomática y política sin precedentes: Rocha Moya solicitó licencia para enfrentar los cargos, un senador sinaloense también señalado fue arrestado en San Diego y un empresario que fungió como secretario estatal de Administración y Finanzas se entregó a las autoridades en Arizona. Para el caso de Castro, la fiscalía mexicana local se ha limitado hasta ahora a confirmar el trámite administrativo de su salida, sin anunciar acciones penales derivadas de los señalamientos.
¿Quién es Dámaso Castro Saavedra?
El ahora exvicefiscal es un abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde estudió entre 1990 y 1995, y cuenta con una maestría en Ciencias Jurídico-Penales por la misma casa de estudios, de acuerdo con información difundida por el Congreso del estado. Su trayectoria dentro de la procuración de justicia local abarca casi tres décadas y varios niveles de responsabilidad: inició como agente auxiliar del Ministerio Público adscrito a agencias de Culiacán y Navolato, pasó por la dirección de averiguaciones previas, fue subprocurador de Justicia Zona Centro y dirigió unidades especializadas en delitos patrimoniales y litigación oral en la región centro-norte del estado.
Su momento de mayor exposición pública llegó en agosto de 2024, cuando, tras la renuncia de la entonces fiscal Sara Bruna Quiñonez Estrada —envuelta en las controversias por el secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael Zambada García—, quedó como encargado de despacho de la Fiscalía. Sin embargo, no fue confirmado en el puesto titular, y continuó como vicefiscal hasta su salida definitiva este noviembre.
Un pandillero judicial a medio camino entre dos legalidades
La renuncia deja un doble interrogante abierto. En México, ninguno de los señalados por Washington ha sido procesado hasta ahora por una autoridad penal local, y la ruta institucional —extradición, captura internacional o investigación en casa— permanece indefinida. En Estados Unidos, la acusación federal sigue su curso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, cuyas autoridades han advertido que los casos contra funcionarios mexicanos corruptos son una prioridad de su estrategia antinarcóticos.
La Fiscalía General de la República federal podría intervenir en el caso, y sus acciones y comunicados son difundidos a través de sus canales oficiales en X. Mientras tanto, Sinaloa sigue debatiéndose entre la violencia de la guerra entre facciones del narcotráfico y la incredulidad de una ciudadanía que ve cómo los máximos responsables de procurar justicia figuran en una lista de acusados del más alto perfil.
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