EL NEGOCIO DE LA JUSTICIA, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD: LA EVIDENCIA, IRREFUTABLE

Desde su creación y entrada en vigor en enero de 1995, como parte de la reforma judicial impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo, el Consejo de la Judicatura Federal, organismo de control interno pensado para regular la actuación de los juzgadores, no fue eficaz para combatir actos de corrupción entre los integrantes del Poder Judicial Federal a todos sus niveles. Diversos análisis y estudios cualitativos y cuantitativos realizados por instituciones académicas, como la UNAM y el CIDE; por organismos no gubernamentales, como el IMCO y Mexicanos contra la Corrupción, e incluso por el propio Consejo de la Judicatura, demuestran que la impunidad es el vicio más arraigado y perjudicial en la trama de corrupción acumulada a casi 30 años de la reforma judicial negociada entre el gobierno de Zedillo y la oposición en 1994 y en vigor desde 1995. De entre todas estas investigaciones resalta la realizado por la organización comunicacional Quinto Elemento Lab, por su contenido derivado de una revisión exhaustiva de los registros de denuncias de corrupción contra personas juzgadoras existentes de manera oficial en el Consejo de la Judicatura a partir de 2015. Quinto Elemento pudo complementar la revisión de casos anteriores a 2015, echando mano de los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública vigentes durante su investigación, publicada bajo el título “Jueces sin castigo: Las fallas de un sistema negligente”, firmada por Zorayda Gallegos, y cuyos principales hallazgos reproducimos por tratarse de información hecha pública sin restricciones por la organización. Durante los últimos 24 años, concluye la investigación de Quinto Elemento, “el Poder Judicial fracasó en castigar a los jueces y magistrados que cometieron faltas disciplinarias, como acoso laboral, o delitos, como enriquecimiento ilícito o acoso sexual”. “Una revisión de la información de todas las sanciones disciplinarias que impuso a juzgadores entre 2000 y 2023, la lectura de medio centenar de investigaciones por faltas graves, y la revisión, de principio a fin, de una treintena de casos penales, ofrece una radiografía inédita del sistema que hoy vigila a 1,500 jueces y magistrados”, plantea y aclara que dicha investigación “inició mucho antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador propusiera una reforma total al Poder Judicial Federal”. En 24 años, continúa Quinto Elemento, el Consejo de la Judicatura Federal “impuso 664 sanciones por faltas administrativas leves y graves a 423 jueces y magistrados. En las dos décadas que comprende esta investigación, 32 juzgadores desempeñaron la función de jueces y en otro momento de magistrados, y recibieron castigos en ambos cargos. “La sanción más severa —y escasa— fue la destitución, ordenada contra 22 jueces y ocho magistrados. La mayor parte de los castigos han sido llamados de atención por escrito, en público o en privado, o advertencias de que no deben reincidir”. Siempre de acuerdo al reportaje de Quinto Elemento, “entre los casos que merecieron un simple regaño por parte del CJF hay juzgadores que fabricaron acusaciones cont ra empleados por denunciar sus arbitrariedades; que fueron negligentes o descuidados; que alteraron actuaciones judiciales; que mantuvieron relaciones sexuales en sus oficinas; que contrataron a sus hijos o yernos como secretarios, y que negaron amparos a personas que habían sido torturadas o incomunicadas”. Y aunque el Consejo de la Judicatura tiene la facultad de acusar a funcionarios ante la Fiscalía General de la República, señala Quinto Elemento, “en 24 años apenas presentó 23 denuncias penales contra juzgadores. La más reciente fue en 2020 contra un magistrado, según información obtenida de la dirección de Asuntos Jurídicos del Poder Judicial tras un largo proceso ante el INAI”. “Si bien la fiscalía logró una sentencia condenatoria en la primera instancia, después la perdió en un tribunal. A la fecha, ninguna de las investigaciones que inició por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, defraudación fiscal, abuso de autoridad, hostigamiento sexual o delitos contra la administración de la justicia, ha terminado en una sentencia condenatoria irrevocable. Es decir, en 24 años el Consejo de la Judicatura no ganó un solo caso en contra de jueces y magistrados a los que descubrió presuntamente cometiendo delitos”. “Esto no significa que sean impolutos. En los documentos judiciales revisados se encontraron acusaciones de empleadas que dijeron haber sufrido acoso sexual, jueces que probablemente emitieron fallos a favor de sus amigos, recibieron millonarios depósitos en sus cuentas bancarias que no pudieron explicar, o cometieron defraudación fiscal, y magistrados que liberaron a narcotraficantes o ampararon a empresarios de casinos”, cita el reportaje. “Quinto Elemento Lab obtuvo vía transparencia los expedientes judiciales de las 23 denuncias penales y, tras revisar las sentencias emitidas en primera instancia, los amparos, las apelaciones, las declaraciones recabadas, los dictámenes financieros, las órdenes de detención y los autos de vinculación a proceso, encontró que entre 2000 y mediados de 2024, solo cuatro juzgadores pisaron la cárcel y por muy corto tiempo. “A criterio del CJF, hubo faltas graves que no ameritaron una denuncia ante la fiscalía, pero sí la inhabilitación o destitución”. Según la revisión hecha por la reportera de Quinto Elemento Lab “a docenas de expedientes de investigación del CJF que concluyeron con esos castigos, el consejo actuó de forma reactiva cada vez que un juez o magistrado fue exhibido en notas periodísticas, pero no de forma preventiva ni investigativa”. “En la mayoría de los casos de inhabilitación o destitución de 38 jueces y magistrados, el consejo descubrió tan tarde las conductas infractoras que, en los casos que presentó ante el MP, el delito había prescrito o estaba a punto de extinguirse”, resalta el reportaje de Quinto Elemento que puede ser consultado completo en https://quintoelab.org/ project/jueces-sin-castigo-las-fallas-de-un-sistema- negligente, y que ponemos a su consideración por tratarse de un asunto de interés público.