Desde su creación y entrada en vigor en enero de 1995, como parte de la reforma judicial impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo, el Consejo de la Judicatura Federal, organismo de control interno pensado para regular la actuación de los juzgadores, no fue eficaz para combatir actos de corrupción entre los integrantes del Poder Judicial Federal a todos sus niveles.
Diversos análisis y estudios cualitativos y cuantitativos realizados por instituciones académicas, como la UNAM y el CIDE; por organismos no gubernamentales, como el IMCO y Mexicanos contra la Corrupción, e incluso por el propio Consejo de la Judicatura, demuestran que la impunidad es el vicio más arraigado y perjudicial en la trama de corrupción acumulada a casi 30 años de la reforma judicial negociada entre el gobierno de Zedillo y la oposición en 1994 y en vigor desde 1995.
De entre todas estas investigaciones resalta la realizada por la organización comunicacional Quinto Elemento Lab, por su contenido derivado de una revisión exhaustiva de los registros de denuncias de corrupción contra personas juzgadoras existentes de manera oficial en el Consejo de la Judicatura a partir de 2015. Quinto Elemento pudo complementar la revisión de casos anteriores a 2015, echando mano de los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública vigentes durante su investigación, publicada bajo el título “Jueces sin castigo: Las fallas de un sistema negligente”, firmada por Zorayda Gallegos, y cuyos principales hallazgos reproducimos por tratarse de información hecha pública sin restricciones por la organización.
Durante los últimos 24 años, concluye la investigación de Quinto Elemento, “el Poder Judicial fracasó en castigar a los jueces y magistrados que cometieron faltas disciplinarias, como acoso laboral, o delitos, como enriquecimiento ilícito o acoso sexual”.
“Una revisión de la información de todas las sanciones disciplinarias que impuso a juzgadores entre 2000 y 2023, la lectura de medio centenar de investigaciones por faltas graves, y la revisión, de principio a fin, de una treintena de casos penales, ofrece una radiografía inédita del sistema que hoy vigila a 1,500 jueces y magistrados”, plantea y aclara que dicha investigación puede ser consultada completa en https://quintoelab.org/project/jueces-sin-castigo-las-fallas-de-un-sistema-negligente, y que ponemos a su consideración por tratarse de un asunto de interés público.
Necesario ampliar limpia a fiscalías, defensorías y entes policiacos
En un amplio análisis publicado en el portal Animal Político, la experta en leyes Ana Elena Fierro advierte que al señalar a los jueces como los únicos responsables de la corrupción en el sistema, “se omiten otros problemas y actores como los fiscales, lo precario de las defensorías de oficio, o la falta de ética y calidad de litigantes. Ninguno de esos elementos aparece en la reforma constitucional”.
Doctora en Derecho y Maestra en Filosofía, Fierro insiste en el dato crucial: el Poder Judicial no actúa en solitario. Requiere de la colaboración de otras instituciones. “El sistema de justicia”, explica, “es un trinomio compuesto por las partes y las cortes. En materia penal, se trata de fiscales, defensores y jueces; en otras materias, de litigantes, defensores y jueces”.
Para la analista, al acusar de corrupción al sistema de justicia, es fundamental identificar dónde, cómo y por qué se están dando las condiciones para que esta corrupción florezca.
“Los problemas en el funcionamiento del sistema, que es evidente que los hay en cuanto acceso y calidad, no se limitan a las personas juzgadoras, sino que involucran a todas las partes que lo componen. Las soluciones deben ser integrales, garantizando el profesionalismo y la probidad de todos los actores involucrados”.
“De acuerdo con la ENVIPE 2022 del INEGI, dos terceras partes de los ciudadanos creen que los jueces son corruptos. Este dato refleja una crisis de confianza que no puede ser ignorada. Sin embargo, es aún peor la percepción que se tiene de las fiscalías y de las policías”.
Por ello, dice Fierro, es importante cuestionar si estos problemas se resuelven con una reforma constitucional o si, en realidad, estamos ante la necesidad de pensar en una política pública integral que contemple el sistema de justicia completo, en sus diferentes niveles de gobierno.
Para la también profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, se requiere no sólo cambios en la normatividad de los órganos competentes para imponer sanciones a los jueces, sino repensar una normatividad que incluya a todos los agentes involucrados, lo que pasa por una revisión de las leyes orgánicas de poderes judiciales, fiscalías y de la ley general de responsabilidades administrativas, así como su correlativo en los estados.
La analista ejemplifica con la creación de tribunales de disciplina a nivel federal y local incluida en la reforma judicial, pero sin claridad en sus competencias.
“Estos tribunales deberían tener competencia sobre todo el sistema, incluyendo jueces, fiscales, defensores y litigantes. Además, deben guiarse por los principios del Derecho Administrativo Sancionador, lo que implica respetar los estándares del derecho penal en cuanto a taxatividad en la aplicación de la ley, debido proceso y defensa adecuada. Esto significa que el tribunal no puede ser, al mismo tiempo, la autoridad que investiga y la que sanciona. Sin embargo, la reforma no aborda este punto crucial, e incluso sugiere que el mismo tribunal reciba, procese y resuelva las denuncias sin ofrecer a las personas investigadas la posibilidad de apelar sus decisiones”.
| Indicador | Cantidad |
|---|---|
| Jueces y magistrados que integran al Poder Judicial Federal | 1,500 |
| Sancionados por la Judicatura por faltas administrativas leves y graves en 24 años | 423 |
| Destituidos (de los cuales 22 eran jueces y ocho magistrados) | 30 |
| Denunciados penalmente por la judicatura en 24 años | 23 |
| Sentenciados irrevocablemente | 0 |
