FRENO A OBRAS Y LEYES DE AMLO, TRASFONDO DE LA REFORMA JUDICIAL
El blindaje realizado por los diputados federales y senadores de Morena y sus aliados PT y PVEM, para asegurar las reformas del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, con la nueva conformación del Poder Judicial Federal y con los cambios en la Ley de Amparos y en las disposiciones constitucionales que permitían combatir reformas presumiblemente contrarias a la Constitución, atan de manos a los jueces para que no puedan declararlas inconstitucionales o pararlas través de juicios de amparo, como sucedió en el pasado reciente con muchas de las iniciativas presidenciales y que generaron la disputa entre poderes que llevó al Judicial a su inminente reconstrucción y limitación de facultades. Durante el gobierno de López Obrador, la SCJN echó abajo reformas del Ejecutivo, como la Ley de la Industria Eléctrica, la reforma político-electoral también llamada el Plan A; el Plan B de reforma electoral, el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, entre otros. Mientras que obras insignia como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Angeles y la refinería Dos Bocas, sufrieron retrasos severos y escándalos internacionales debido a suspensiones otorgadas por jueces derivadas de juicios de amparo. Este entorno llevó al ex presidente López Obrador a idear el llamado plan C: Pedir el voto de los mexicanos para lograr la mayoría calificada en el Poder Legislativo y de esa manera reformar la Constitución para deshacerse de los contrapesos legales que frenaban el proyecto de País de la 4T. Tras el holgado triunfo electoral que le facilitó a la 4T apropiarse de la mayoría calificada, varias de estas iniciativas pudieron ser aprobadas, incluso la Reforma Judicial y la Reforma de Supremacía Constitucional, que no sólo llevarán a la refundación de Poder Judicial sino que impedirá en el futuro que fallos judiciales frenen o desechen leyes y cambios constitucionales aprobados en el Poder Legislativo y decretados por el Poder Ejecutivo. Durante el mandato de López Obrador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. También fue desechada la iniciativa presidencial de reforma político- electoral que buscaba transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultar (INEC) y que tanto consejeros electorales como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fueran elegidos por voto popular. También pretendía reducir a 300 los curules en la Cámara de Diputados, que actualmente son 500. El plan A consideraba cambios a la Ley de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que buscaban permitir a los funcionarios hacer campañas políticas con declaraciones, pues se modificaba el concepto de propaganda. Tras el rechazo del Plan A, el llamado Plan B, que buscaba reducir la estructura del INE, nuevamente fue invalidada por la SCJN porque se violaron los procesos legislativos. La reforma para pasar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue otro revés de la Suprema Corte, que confirmó que todas las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil y no castrense. Previamente, en mayo de 2023 la Suprema Corte había invalidado el decreto presidencial con el que se clasificaba de interés público y seguridad nacional los proyectos estratégicos de infraestructura que impulsa la Cuarta Transformación, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya, la refinería de Dos Boca, entre otros. Pero antes de la temporada electoral de 2023 y 2024 , prácticamente desde el inicio de su gobierno, la SCJN ya había invalidado iniciativas del entonces presidente, como la prohibición para que ex servidores públicos de alto nivel trabajen para la iniciativa privada hasta 10 años posterior al término de su encargo. También había echado abajo la intención de que el Presidente en turno pudiese usar a discreción los ahorros logrados por programas de austeridad o por subejercicios. Pero el revés que inició la disputa entre el ex Presidente y el Poder Judicial fue el fallo que prohibió hacer extensivo a otros poderes y a organismos autónomos, la disposición de que ningún servidor público gane más que el Presidente. Ante este panorama, el entonces presidente López Obrador acusó “una acción deliberada, de mala fe, antipopular, concertada, en la cual está coludida, así como lo estoy diciendo, coludida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir la Cuarta Transformación de la vida pública”.
CIDH Y ONU RECHAZAN LAS REFORMAS
En una audiencia realizada tras la queja interpuesta por parte de jueces y personal del Poder Judicial en contra de las reformas judicial y de supremacía constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha anunciado que vigilará que en México se respete la independencia entre poderes. Una de las dos conclusiones de la audiencia fue expresada por Andrea Pochak, relatora de la CIDH para México, y lo hizo en tono de advertencia en referencia a la próxima elección popular de jueces, magistrados y ministros: “Tender a la democratización de la Justicia no puede ir en contra de otro principio básico del sistema interamericano que es el de la independencia judicial”, fue la expresión de la relatora quien hizo un recordatorio, sin mencionarlo por su nombre, del fracasado modelo de elección popular de jueces en Bolivia: Reformas similares en otros países han demostrado que hay “riesgos” de una “mayor deslegitimidad del sistema judicial”, fue la advertencia, por lo que “la Comisión está evidentemente muy preocupada por esta situación, por esta reforma judicial”, Mucho más crítico, para el comisionado de la CIDH Carlos Bernal, la reforma judicial mexicana es “un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo” porque el Gobierno estaría intentando “desmontar los contrapesos y controles al Ejecutivo”. “Un Gobierno que arrasa en las urnas para la Presidencia de la República y arrasa en las urnas para todos los cargos de elección popular ¿no es sospechoso de que quiera también la elección popular de los jueces?”. Enfática en sus “profundas preocupaciones sobre las amplias implicaciones de la reforma para la independencia judicial en todo México”, la ONU, en voz de su relatora especial Margaret Satterthwaite, ha indicado ya en dos ocasiones desde la engrada en vigor de las reformas, que “uno de los propósitos de un poder judicial independiente es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar tales derechos, (y) tengo varios comentarios acerca de la compatibilidad de la reforma con las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos que vinculan a México”.
LAS AFRENTAS DEL PJF VS LA 4T
Desechó la Ley de la Industria Eléctrica Desechó la Reforma político-electoral Plan A Desechó la Reforma Electoral Plan B Desechó el traspaso de la GN a la Sedena Concedió suspensiones contra el Tren Maya Concedió suspensiones contra el aeropuerto Felipe Angeles Desechó el decreto para clasificar de interés público y seguridad nacional los proyectos estratégicos de infraestructura Desechó la prohibición para que ex servidores públicos de alto nivel trabajen para la iniciativa privada hasta 10 años posterior al término de su encargo Desechó el decreto para que el presidente en turno pueda decretar el destino de los ahorros logrados por programas de austeridad o por subejercicios. Prohibió al Poder Ejecutivo hacer extensivo a otros poderes y a organismos autónomos, la disposición de que ningún servidor público gane más que el Presidente de la República.