Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México han dado luz verde al dictamen que propone reformar el tercer párrafo del artículo 76 y la fracción VII del artículo 130, así como derogar el capítulo V del Código Penal del Distrito Federal, con el objetivo de despenalizar el aborto. Este debate ha generado diversas posturas entre los legisladores, resaltando la necesidad de discutir el tema desde una perspectiva integral.
El diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA) fundamentó la importancia de que el Estado regule las intervenciones sobre el cuerpo de las personas gestantes, enfatizando que la decisión sobre la maternidad debe ser un ámbito de libertad y autonomía personal. En contraste, la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT) destacó el avance que representa esta reforma en el acceso seguro al aborto, mencionando que desde su legalización se han realizado aproximadamente 273 mil interrupciones.
Las voces en contra de la reforma, como las de la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana (PAN) y Olivia Garza de los Santos (PAN), expresaron su preocupación por la eliminación de límites en las semanas para abortar, argumentando que podría llevar a la desprotección del no nacido. Sin embargo, otros legisladores enfatizaron que el objetivo principal es garantizar que las mujeres no sean criminalizadas por tomar decisiones sobre su salud y su cuerpo.