Los siete organismos autónomos en proceso de desaparición llevan a cabo funciones técnicas de contrapeso al poder político, que son clave en la arquitectura económica del país en beneficio de la gente, y desde la sociedad civil se tendrá que vigilar que las nuevas leyes que regulen esas actividades no impliquen retrocesos, advirtió la organización no gubernamental Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Valeria Moy, directora General del IMCO, recordó que sólo una de esas instituciones, el INAI, es ampliamente conocida por la sociedad, porque ha ayudado a destapar casos de corrupción en gobiernos de todos los partidos desde su creación en 2012 cuando Vicente Fox era presidente.
Pero las otras seis, aunque poco conocidas, son igual de importantes, porque su trabajo beneficia a todos los mexicanos. Por ello, es necesario que la sociedad civil exija que las facultades que todas ejercen continúen sin importar qué entidad las absorba.
“Al IFT le debemos que las tarifas que pagamos por los servicios de telefonía, internet y televisión de paga sean cada vez más bajas; la Cofece evita prácticas monopólicas y anticompetitivas para procurar que los consumidores tengan acceso a bienes y servicios al mejor precio; la CRE vigila que el sector energético —relacionado con electricidad principalmente— opere de manera eficiente en beneficio de los consumidores; la CNH hace lo mismo con el sector petrolero y de gas”, explicó la economista.
“Son organismos distintos entre ellos, pero todos comparten el objetivo ulterior de proteger los mecanismos de competencia que nos otorgan a todos como consumidores, bienes y servicios bajo las mejores condiciones posibles”.
Moy agregó que el INAI también se encarga de proteger los datos personales; el Coneval no sólo da las cifras de pobreza sino que evalúa el rendimiento de los programas sociales y MejorEdu se centra en promover una mayor calidad educativa.
Los beneficios de tener estas instituciones ayudan a toda la sociedad y para dimensionarlos, Valeria Moy plantea preguntas como “¿cuánto pagaríamos por la telefonía celular si el IFT no hubiera hecho su labor? ¿De qué tamaño sería la factura de la luz si la CRE otorgara más permisos o si simplemente no diera ninguno?”
En respuesta, la especialista señala que el valor de estas entidades no puede evaluarse únicamente en función de los costos de sus burocracias, sino teniendo en cuenta también los beneficios de su trabajo para la sociedad.
“Los costos de desaparecerlos”, señala, “serán mayormente absorbidos por los consumidores mexicanos”.