Con un largo historial diplomático a cuestas, Rafael Marín Mollinedo es la carta fuerte de la presidenta Sheinbaum en la ANAM.
Cuando en febrero de este año Rafael Marín Mollinedo regresó a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), lo hizo con una maleta llena de papeles diplomáticos, una agenda marcada por negociaciones internacionales y una promesa ambiciosa: poner en orden las aduanas y aumentar la recaudación que de ellas depende. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció su nombramiento en una mañanera y definió de inmediato el objetivo político: convertir las aduanas en una fuente más eficiente de ingresos para el erario, sin renunciar a su función estratégica en la seguridad y la competitividad.
Ese regreso, el de un técnico con experiencia en la Organización Mundial del Comercio y con paso previo por el Corredor Interoceánico, se produjo apenas meses antes de que el Ejecutivo enviara al Congreso una iniciativa de reforma integral a la Ley Aduanera y a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. La combinación de liderazgo (Marín Mollinedo), política (Sheinbaum) y texto legal (la iniciativa enviada en septiembre) establece el escenario de una transformación que pone en tensión tres cosas: recaudación fiscal, modernización tecnológica y relaciones comerciales internacionales.
El retorno de Marín Mollinedo
Rafael Marín no es un desconocido en las oficinas de aduanas. Su biografía incluye períodos como director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y como representante de México en la OMC. Regresó a la ANAM con la consigna explícita de acelerar la digitalización, reducir la discrecionalidad y “blindar” el comercio exterior frente a prácticas ilícitas. En inauguraciones de foros y congresos, su lenguaje ha sido técnico y concreto: modernización tecnológica, profesionalización del personal y combate frontal al contrabando.
Esa hoja de ruta se traduce, en el papel, en una reforma que propone cambios estructurales a la Ley Aduanera: desde la obligatoriedad de mayor trazabilidad con información anticipada, hasta la corresponsabilidad legal de agentes aduanales y empresas importadoras; pasando por candados electrónicos en recintos fiscalizados, uso de la Inteligencia Artificial para análisis de riesgo y la reducción del carácter vitalicio de algunas patentes.
La llegada de Marín, entonces, no fue solo un relevo técnico: fue un gesto político. Sheinbaum colocó a un operador con credenciales internacionales para sostener una reforma que propone elevar la recaudación sin introducir nuevos impuestos, sino cerrando la puerta a la evasión y el contrabando.
Lo que dice la reforma
La iniciativa enviada por el Ejecutivo concentra medidas que, en conjunto, buscan transformar el “cómo” y el “quién” del despacho aduanero. Entre ellas destacan:
- Digitalización obligatoria y trazabilidad: integración del CFDI y del padrón de operaciones para permitir el monitoreo en tiempo real. Esto se inspira, en buena medida, en estándares internacionales como ICS2 en la UE y ACE en EE. UU.
- Corresponsabilidad de agentes aduanales y empresas: la figura jurídica de los agentes se redefine para que respondan legalmente por la veracidad de las declaraciones.
- Caducidad y profesionalización de patentes: las patentes aduanales dejarían de ser vitalicias y se limitarían a periodos de diez años con evaluaciones de desempeño.
- Tecnología en puertos y cruces: escáneres no intrusivos, cámaras automatizadas y sistemas de “candado electrónico” en recintos fiscalizados.
- Paquetería y comercio electrónico: régimen con requisitos más estrictos para plataformas y couriers, cerrando brechas por las que ingresaban microenvíos con subdeclaraciones.
- Mayor recaudación vía cierre de espacios de elusión: políticas arancelarias más protectoras que buscan favorecer la industria nacional y generar ingresos.
En suma, la reforma aspira a un aduanero que sepa tanto de datos como de leyes.
Modernización, recaudación y blindaje ante nuevos retos
La reforma a la Ley Aduanera planteada en 2025 no solo se limita a ajustes administrativos: busca transformar de raíz el modo en que México gestiona su comercio exterior. El proyecto contempla tres ejes fundamentales. El primero es la modernización del sistema aduanero, con mayor digitalización de procesos, integración de la Inteligencia Artificial para la detección de riesgos y automatización del despacho para reducir tiempos y discrecionalidad.
El segundo eje es la elevación de la recaudación fiscal, mediante un control más riguroso de importaciones y exportaciones, la reducción de la evasión y la incorporación de plataformas de monitoreo en tiempo real. Y el tercero apunta al blindaje frente a retos emergentes, como el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo, las nuevas dinámicas de presión internacional en materia arancelaria y la necesidad de proteger las cadenas de suministro frente a fraudes, contrabando y lavado de dinero.
En este rediseño, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), bajo la conducción de Rafael Marín Molinedo, busca posicionarse no solo como una oficina recaudadora, sino como un pilar estratégico de seguridad económica y competitividad internacional. La expectativa es que la modernización aporte certeza a los inversionistas, confianza a los socios comerciales y un entorno más transparente para la ciudadanía.
Lecciones internacionales y comparaciones
La apuesta mexicana no ocurre en el vacío. Países como Corea del Sur han integrado la Inteligencia Artificial en sus aduanas para identificar patrones de riesgo en segundos, reduciendo el contrabando y aumentando la eficiencia sin frenar el comercio legítimo. España, por su parte, fortaleció en la última década su modelo de ventanilla única digital, lo que simplificó el proceso de importación y exportación para miles de Pymes, al tiempo que elevó la recaudación y la trazabilidad de mercancías. Estos ejemplos sirven como espejo: muestran que la digitalización y la cooperación internacional no solo modernizan la aduana, sino que también la convierten en un activo para el desarrollo económico.
Para México, la clave está en lograr un balance entre control y agilidad: blindar el comercio exterior sin caer en barreras que encarezcan las operaciones. La reforma aduanera de 2025, con el regreso de Rafael Marín Molinedo, pretende caminar en esa línea, aprendiendo de las mejores prácticas globales, pero adaptándolas a las particularidades nacionales.
Voces encontradas
La reforma ha encendido voces de apoyo y alerta:
- Gobierno federal y ANAM: defienden la modernización como garantía de recaudación y transparencia.
- Cámaras industriales y asociaciones aduanales: reconocen la necesidad de aduanas más ágiles, aunque piden mayor diálogo.
- Coparmex y empresarios: recelan de los aranceles y su impacto en la competitividad y precios al consumidor.
- Mensajería y plataformas digitales: se ajustan a las nuevas reglas, pero advierten sobre el costo para el consumidor.
- Oposición política y críticos: alertan sobre riesgos de militarización y colisiones diplomáticas.
En suma, hay acuerdos tácticos, tensiones arancelarias y un público atento a los efectos reales.
El nuevo mapa aduanero
La nueva arquitectura aduanera no solo impacta al turismo, sino a la industria mexicana en su conjunto. Las cadenas de suministro de sectores como el automotriz, aeroespacial, farmacéutico o agroindustrial dependen de un despacho ágil y transparente que permita la entrada y salida de insumos y productos sin retrasos ni gastos ocultos.
En paralelo, los bienes de consumo que llegan a millones de hogares, desde electrodomésticos y electrónicos hasta ropa o insumos médicos, estarán sujetos a reglas más claras y procesos más veloces, particularmente en un contexto de auge del comercio electrónico y de compras transfronterizas.
La inversión extranjera directa también hallará en esta reforma un elemento clave. La certeza y rapidez en el despacho aduanero son condiciones que pesan en las decisiones de corporaciones globales que evalúan instalarse en México. Un marco confiable puede marcar la diferencia entre atraer nuevas plantas o perderlas frente a competidores regionales.
Finalmente, la aduana se asume como guardián de la protección ambiental y cultural. El fortalecimiento de controles permitirá combatir el tráfico ilegal de especies, maderas preciosas y bienes arqueológicos, lo que suma a la seguridad económica y a la preservación del patrimonio nacional.
Tensiones inevitables
Los defensores de la reforma sostienen que más control significa más recursos públicos y mayor capacidad del Estado para financiar programas de infraestructura y bienestar social. Según Hacienda, el potencial de recaudación adicional podría superar los 150 mil millones de pesos anuales si se cierra la brecha de evasión y contrabando. Sin embargo, los críticos advierten que esta lógica tiene un costo: más candados implican procesos más lentos, mayores gastos de cumplimiento para las empresas y, eventualmente, un traslado de esos costos al consumidor.
Sectores sensibles como el turismo y la manufactura temen que la sobrerregulación encarezca los servicios y les reste competitividad frente a otros destinos y mercados. A ello se suma la persistencia de la presencia militar en aduanas, implementada desde 2020 bajo el argumento de combatir la corrupción.
Analistas sostienen que la militarización dio orden en puntos estratégicos, pero también rigideces y choques con operadores privados. Para contrarrestar esa percepción, la Presidencia y Rafael Marín Molinedo prometen reforzar la transparencia, ampliar la digitalización y avanzar hacia una supervisión civil más sólida. El dilema es claro: cómo equilibrar seguridad y eficiencia sin sofocar la dinámica económica ni erosionar la confianza empresarial.
Comparación internacional
La modernización aduanera mexicana debe leerse a la luz de lo que ocurre en otras regiones. La Unión Europea, por ejemplo, puso en marcha el sistema ICS2, que exige declaraciones electrónicas previas y permite un control anticipado de mercancías. Con ello redujo riesgos de contrabando y aceleró los flujos comerciales, reforzando tanto la seguridad como la competitividad de su mercado común. En Estados Unidos, la consolidación del sistema ACE integró la información de más de 40 agencias federales en una ventanilla única, lo que disminuyó significativamente los tiempos de despacho y redujo costos administrativos para importadores y exportadores.
La Organización Mundial de Aduanas (OMA), a su vez, promueve estándares globales en digitalización, trazabilidad y seguridad que buscan hacer del comercio internacional un terreno más homogéneo y confiable. México aspira a alinearse con estas prácticas, pero enfrenta desafíos propios: limitaciones presupuestarias, carencias de capacitación tecnológica y resistencias sindicales o empresariales a los cambios. El reto será traducir la ambición digital en certezas operativas, evitando que la reforma quede en promesas.
Escenarios futuros
El futuro de la reforma aduanera abre tres caminos posibles. Un escenario optimista plantea que la ley se aprueba con fuerza, la ANAM despliega una Inteligencia Artificial y digitalización efectivas y la recaudación fiscal se eleva, lo que atraería inversión extranjera y proyectos estratégicos de Fonatur. Un escenario realista señala que la norma podría aprobarse con ambigüedades que eleven los costos de cumplimiento, obligando a empresas y sectores, como el turismo y la manufactura, a realizar ajustes y a replantear su competitividad.
El escenario pesimista, en cambio, advierte que la iniciativa se frene o se diluya en el Congreso, manteniendo la discrecionalidad actual y desaprovechando la oportunidad de modernizar la aduana mexicana.
Tiempos de despacho más cortos, trazabilidad confiable de insumos, costos de construcción predecibles y estabilidad normativa son factores decisivos para el Plan Sectorial 2025–2030. La prueba será si México logra convertir la modernidad tecnológica en certezas operativas, sin que el afán recaudatorio se transforme en un freno a la inversión o al acceso de los ciudadanos a bienes y servicios.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 11 DE REVISTA GUINDA
