Durante la primera mitad del 2025, la inflación superó el objetivo del Banco de México, que era del 3 por ciento, lo que plantea varios desafíos para la política monetaria y el poder adquisitivo en los hogares. En mayo, alcanzó el 4.42 por ciento, saliéndose del rango de variabilidad establecido luego de cuatro meses de permanecer en él. Esto colocó al semáforo nacional en rojo, por primera vez en el año.
El aumento, que significa un repunte en los costos de las mercancías, erosiona el poder adquisitivo y dificulta la planificación financiera. Aunque esta cifra puede parecer moderada en comparación con picos inflacionarios pasados, su composición revela dinámicas preocupantes y afecta de manera desigual a las distintas regiones del país, pero la zona sur es especialmente vulnerable, debido a su dependencia a la agricultura y el turismo, sectores altamente sensibles a los precios.
Para Banxico, la principal amenaza es que la inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles como alimentos y energía, se vuelva persistente, lo que minaría la credibilidad e iría en detrimento de las expectativas. Esta se ubicó en 4.06 por ciento anual en mayo, el nivel más alto en un año, con una tendencia mensual de +0.30 puntos porcentuales.
Este aumento se ha concentrado en servicios y mercancías, lo que refleja una presión constante y sostenida sobre el costo de vida cotidiano. El alza subyacente impacta con mayor fuerza a las clases medias y trabajadoras, que destinan gran parte de su ingreso a bienes esenciales que no pueden dejar de consumir.
Por su parte, la inflación no subyacente, impulsada por los precios de alimentos y energéticos, se disparó a 5.34 por ciento en mayo. Productos como el pollo y el jitomate registraron aumentos de hasta una décima parte de su precio, debido en parte a crisis sanitarias como la del gusano barrenador, que ha afectado gravemente la producción agropecuaria. En México, donde la dieta básica depende en gran medida de estos productos, el efecto sobre las economías familiares es particularmente grave.
El rostro de la informalidad
Por otra parte, en el primer trimestre de 2025, la tasa de informalidad laboral en México se ubicó en 54.3 por ciento, prácticamente sin variaciones respecto al mismo período de 2024, esto significa que más de la mitad de la población ocupada en el país, unos 32 millones de trabajadores, trabaja sin contratos legales, no tiene acceso a la seguridad social y sus ingresos son apenas la mitad de los salarios formales.
Aunque a nivel nacional hubo una ligera reducción de 0.2 puntos respecto al año anterior, esto es insuficiente para revertir el peso estructural de la informalidad. En el sur, las tasas superan el promedio nacional, oscilando entre el 58 y el 62 por ciento en entidades como Oaxaca y Chiapas.
Además, la ocupación en el sector informal, trabajos por cuenta propia, sin seguridad social ni prestaciones, representa más del 28 por ciento de la población ocupada a nivel nacional, y este porcentaje es considerablemente más alto en el sur. Esta informalidad no solo reduce los ingresos mensuales de las familias, sino que las deja completamente vulnerables frente a crisis económicas, sanitarias o inflacionarias.
En contraparte, los estados del norte, —como Nuevo León (32.5por ciento), Coahuila (33.1por ciento), Chihuahua (33.6por ciento) y Baja California (37.2por ciento)— mostraron niveles significativamente inferiores, muy por debajo del promedio nacional. Esto refleja una mayor formalización laboral en la región, lo cual favorece el acceso a los derechos y mejores ingresos.
Asimismo, la ocupación en el sector informal representó el 28.8 por ciento del total de la población ocupada. Esto indica que la informalidad no sólo persiste, sino que se profundiza en las áreas más rezagadas del mercado laboral. En la región sur este porcentaje es incluso mayor, con más trabajadores sin seguridad social ni protección legal, lo que agrava su vulnerabilidad y limita el poder adquisitivo.
La informalidad laboral muestra brechas importantes por género: la participación laboral de las mujeres es baja, hasta un 30.4 puntos porcentuales menos que la de los hombres; mientras que el ingreso laboral mensual promedio de los hombres es 1.2 veces superior al de las mujeres. Esto evidencia que, a pesar de niveles similares de formación, las mujeres siguen siendo menos remuneradas por el mismo trabajo, reflejando inequidades sistémicas en todo el país.
En los estados del sur como Oaxaca, Chiapas, Guerrero o incluso Quintana Roo, la brecha salarial femenina puede alcanzar entre el 35 por ciento y el 40 por ciento. Esto se debe no solo a la alta informalidad laboral que prevalece en la región, por encima del 65 por ciento en algunos estados, sino también a una cultura laboral que todavía asigna a las mujeres a las tareas peor remuneradas, mayormente en los sectores de comercio, cuidados y servicios personales.
Otra dimensión importante es el acceso a puestos de liderazgo o técnicos especializados. En el norte, donde las maquiladoras y clústeres industriales han impulsado empleos formales, hay mayor presencia femenina en mandos medios, aunque aún limitada. En cambio, en el sur, las mujeres tienen menos oportunidades de ascenso y muchas veces ni siquiera acceden a contratos formales. Esta situación limita severamente sus trayectorias laborales y su independencia económica.
Los datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) muestran que, a nivel nacional, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer percibe en promedio 86.8 pesos. Pero al desagregar por regiones, el norte avanza más rápido hacia la paridad, aunque con rezagos; mientras que el sur continúa atrapado en una estructura económica de desigualdad de género, estructural e histórica.
Una de las principales barreras para la incorporación de las mujeres al mercado laboral es, justamente el tiempo que dedican a las labores de cuidados, es decir, todas aquellas actividades necesarias para el bienestar de las personas, tanto en el día a día como para su desarrollo. Esto incluye la nutrición de los niños y la atención de los enfermos, como las labores del hogar.
Aunque este tipo de trabajos es esencial para la sociedad y es significativo para economía, por lo general no se remunera, lo que genera desigualdades de género, pobreza y falta de reconocimiento social en las mujeres, pues estas, agotadas, tienen poco tiempo o energía para buscar y mantener empleos formales.
En este aspecto, la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) sería crucial para permitir que las mujeres ingresen y permanezcan en el mercado nacional remunerado, al aliviarlas de la carga de las tareas de cuidado y facilitar su acceso a las mejores oportunidades. Esto les permitirá aumentar su autonomía económica, lo que impactaría positivamente en su desarrollo e independencia personal y familiar.
Asimismo, el SNC puede profesionalizar y formalizar el trabajo de cuidados, generando empleos directos e indirectos en el sector, lo que beneficiaría especialmente al género femenino que ya se dedica a este.
Por otra parte, la propuesta busca que la sociedad incluyendo a los hombres y el Estado, asuman una mayor responsabilidad en los cuidados, reduciendo la carga que, históricamente, ha recaído sobre las mujeres.
La casi inexistente movilidad social
En México apenas el 2.1 por ciento de los descendientes de hogares pobres asciende al quintil más alto, comparado con el 7.5 por ciento en Estados Unidos o más del 10 por ciento en Europa. La desigualdad de oportunidades y el estancamiento salarial, desde el 2007, demuestra el determinismo del origen social para los individuos, limitando el ascenso.
Aunque los programas de transferencia han reducido la pobreza, no abordan las raíces de la desigualdad. El Instituto Mexicano de la Competitividad subraya que el sur requiere políticas focalizadas que mejoren salud, educación y condiciones económicas; mientras que el Banco Mundial recomienda invertir en infraestructura, empleo formal y cobertura social para generar crecimiento más inclusivo.
La disparidad económica entre el norte y el sur de México aún es evidente. Mientras estados del norte, como Nuevo León, Chihuahua o Coahuila tienen niveles de desarrollo humano similares a algunos países europeos, en el sur, entidades como Oaxaca y Chiapas poseen indicadores comparables a los de Burundi o Kenia. Esa brecha define desde el ingreso promedio hasta la capacidad de consumo de los hogares.
Desde el 2024, la zona libre de la frontera norte recibe un salario mínimo de aproximadamente 419 pesos diarios (12 mil 500 mensuales), comparado con 278 pesos diarios (8 mil 300 mensuales) en el resto del país, incluido el sur. Este diferencial salarial es una ventaja directa en poder adquisitivo para los trabajadores del norte, donde los ingresos básicos alcanzan a cubrir 2.5 canastas básicas familiares, algo impensable en el sur.
Un comparativo entre Baja California y Chiapas arrojó que ambas entidades se encuentran separadas, más que geográficamente, por una enorme diferencia en movilidad social. Mientras la la oportunidad de progresar de nivel socioeconómico en BJ es del 82 por ciento, el 77 por ciento de los chiapanecos nacidos en pobreza se estanca.
Por otra parte, el rezago en el acceso a tecnologías y educación superior es mucho mayor en poblaciones rurales e indígenas. Por ejemplo, solo el 4 por ciento de hogares rurales tienen Internet, mientras que en las zonas urbanas la cifra es del 62 por ciento. Esta brecha impide a amplios sectores acceder a oportunidades laborales de calidad y participar plenamente en la sociedad del conocimiento.
¿Cómo cerrar la brecha?
La inflación es solo un síntoma; lo que realmente está en juego es el modelo de país que México quiere construir. Los datos son contundentes: el sur no solo enfrenta más inflación y menores salarios, sino una estructura económica debilitada por la informalidad, la falta de inversión y la desigualdad interseccional. El norte, por el contrario, ha logrado avances significativos gracias a políticas como el salario mínimo fronterizo y una mayor formalización del empleo.
Sin embargo, esto no es suficiente, aunque en México el salario mínimo ha tenido avances importantes en los últimos años, está muy lejos aún de garantizar una vida digna para quienes lo cobran. Elevar la cifra es sólo una parte de la solución, urgen oportunidades reales de desarrollo, de lo contrario, vivir es una constante lucha.
Cerrar las brechas exige mucho más que programas de transferencia o incrementos al salario mínimo. Se requiere una estrategia transformadora que contemple políticas fiscales progresivas que graven más a quienes más tienen y permitan financiar la inversión social; formalización del empleo, especialmente en el sur, con incentivos para las pequeñas empresas y protección laboral; inversión en infraestructura básica (agua, electricidad, transporte) para facilitar el desarrollo local.
- Educación y conectividad digital para romper con los ciclos de exclusión.
- Programas regionalizados que reconozcan las particularidades del sur y sus necesidades urgentes.
Algunas alianzas regionales, como la del Bajío Centro-Occidente, han demostrado que la coordinación estratégica entre estados puede generar polos de desarrollo sostenido. Sin embargo, sin una voluntad nacional que mire al sur con seriedad y justicia, las promesas de igualdad seguirán siendo un espejismo para millones.
