POR EDGAR FERNANDO CRUZ
El choque ideológico e institucional que atestiguamos públicamente entre la Presidencia de la República y la televisora de Ricardo Salinas Pliego —al que se han sumado cadenas mediáticas como Radio Fórmula e Imagen— es un tema que trasciende por completo lo político: exige un debate profundo sobre la ética y la moral para regresar a cada actor a su lugar. Investigar hechos públicos, reportear y comunicar los proyectos de gobierno con veracidad es una obligación ineludible de todo medio. Comunicar con ética el análisis y las interpretaciones editoriales son, por su parte, un derecho y una garantía vinculada a la libertad de expresión. A eso hay que apegarse de la manera más articulada posible.
Desde que la Cuarta Transformación llegó al poder, los medios tradicionales se volcaron contra el proyecto izquierdista debido a un error táctico de origen por parte de AMLO, empujado por el encono histórico. Recortar tajantemente el presupuesto a los medios y señalar todos los días desde el estrado a los periodistas que no comulgaban con su proyecto fue una estrategia demoledora, pero equivocada. Aquel inicio de régimen era el momento propicio para consolidar una relación institucional sana con los medios de comunicación; un poder de tal magnitud que habría ayudado a transitar hacia la izquierda de manera armónica, tersa y consensuada.
Pero no fue así. El choque con Salinas Pliego terminó por enfrentar a dos poderes de forma directa. La exigencia del pago multimillonario de créditos fiscales pendientes terminó por desatar una furia corporativa. La reacción del empresario fue abiertamente amenazante, utilizando la pantalla televisiva y a sus comentaristas en bloque, dejando muy en claro la estricta línea ideológica con la que operan al interior de sus empresas.
Recientemente, la presidenta de la República hizo un llamado explícito desde la tribuna nacional a cambiar de canal y no ver TV Azteca, lo cual constituye una falta ética totalmente fuera de lugar. ¿Cómo apartar, desde esa poderosa tribuna, la opinión personal de la comunicación de gobierno? No hay forma: el lugar y la figura de la conferencia matutina la convierten, por definición, en comunicación de Estado. La reacción de la televisora fue iracunda; se enganchó de inmediato en el ring al que la subió al poder con una estrategia diseñada para desnudar su inclinación derechista. La invitación presidencial pareció un lapsus discursivo, pero en el fondo fue una provocación al exhibicionismo, a un striptease editorial que rayó en la repetición excesiva, señalándole como “narco gobierno” para hacer daño a la imagen de la presidenta. La televisora mordió el anzuelo.
Sin embargo, la invitación a no ver TV Azteca representa un golpe directo a un tesoro preciado: la credibilidad, apostando deliberadamente al declive del rating y, por consiguiente, a un severo golpe económico. Ante el veto implícito del Ejecutivo, las empresas anunciantes se contendrán por simple alineación y temor a contrariar la simpatía presidencial. Este arrinconamiento terminó por desenmascarar a Salinas y lo aventó a la búsqueda de apoyo en las facciones de la derecha internacional; la misiva presidencial resultó un misil directo a su línea de flotación.
Con este contexto, vale la pena detenernos a formular una pregunta elemental para nuestra salud democrática: ¿Cuál es la verdadera norma de comunicación en una conferencia de prensa del gobierno en el poder? En la teoría democrática, el manual es sumamente claro: la norma dicta que la presidencia debe encabezar el podio para informar sobre las acciones, planes y resultados de su administración en beneficio de la ciudadanía, así como responder con apertura a los periodistas que buscan mantener informada a la sociedad. En principio, estaríamos hablando de un ejercicio sano y necesario de rendición de cuentas.
Pero no vamos a engañarnos. Detrás de la conferencia matutina hay, en gran parte, una estrategia de proselitismo en favor del proyecto político de la 4T. Cada mañana, el espacio se convierte en un megáfono abierto para promocionar una agenda partidista y asegurar el voto de cara al futuro. ¿Hasta dónde es lícito defender una bandera partidaria desde una tribuna que se financia en su totalidad con recursos públicos, pagados por todos los contribuyentes? ¿En qué momento este ejercicio de Estado se transforma en una competencia totalmente inequitativa para las fuerzas políticas del país? La jefa de Estado debería ceñirse estrictamente a su mandato: informar sobre planes de gobierno, ejecutar acciones, entregar resultados y rendir cuentas. Lamentablemente no es así; el espacio institucional se ha diluido en beneficio de la causa electoral.
Los medios, por su parte, han abierto sus micrófonos a las voces simpatizantes con la derecha, sumidos en muchos casos en una campaña de desprestigio y mentiras. Pero ante esto ha operado lo que podemos llamar la censura del siglo XXI. Ya no se trata de silenciar por la fuerza, sino de saturar: se siembran contenidos de forma masiva, se filtran de manera calculada los llamados “trascendidos” a periodistas incómodos para después ridiculizarlos públicamente, y por otro lado se beneficia sistemáticamente con recursos públicos a los medios cómodos que coinciden ideológicamente con el régimen, además de alentar a una nueva red de influencers que replican la narrativa oficial sin cuestionamientos.
El verdadero error de fondo con los medios es la drástica disminución del gasto publicitario gubernamental, que ha terminado por doblar a muchas empresas de comunicación ante la asfixia financiera. Aquí radica el núcleo del problema: es una obligación constitucional del Estado comunicar sus acciones a todos los ciudadanos por igual. Al restringir el flujo publicitario y castigar a ciertos medios por su línea editorial, el gobierno no solo afecta a una empresa; está dejando deliberadamente fuera de la información gubernamental a una parte importante de la población que consume esos espacios, vulnerando el derecho a saber de las audiencias. Aun con el choque, el Estado debe mantener la pauta y comprar espacio en TV Azteca y en todos los medios. La génesis del problema fue el error del 18: el recorte al gasto publicitario distanció a los medios, dejando a un grupo de comunicadores con un sentimiento de incomprensión e impotencia.
