CIDH Y ONU RECHAZAN LAS REFORMAS
En una audiencia realizada tras la queja interpuesta por parte de jueces y personal del Poder Judicial en contra de las reformas judicial y de supremacía constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha anunciado que vigilará que en México se respete la independencia entre poderes. Una de las dos conclusiones de la audiencia fue expresada por Andrea Pochak, relatora de la CIDH para México, y lo hizo en tono de advertencia en referencia a la próxima elección popular de jueces, magistrados y ministros: “Tender a la democratización de la Justicia no puede ir en contra de otro principio básico del sistema interamericano que es el de la independencia judicial”, fue la expresión de la relatora quien hizo un recordatorio, sin mencionarlo por su nombre, del fracasado modelo de elección popular de jueces en Bolivia: Reformas similares en otros países han demostrado que hay “riesgos” de una “mayor deslegitimidad del sistema judicial”, fue la advertencia, por lo que “la Comisión está evidentemente muy preocupada por esta situación, por esta reforma judicial”, Mucho más crítico, para el comisionado de la CIDH Carlos Bernal, la reforma judicial mexicana es “un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo” porque el Gobierno estaría intentando “desmontar los contrapesos y controles al Ejecutivo”. “Un Gobierno que arrasa en las urnas para la Presidencia de la República y arrasa en las urnas para todos los cargos de elección popular ¿no es sospechoso de que quiera también la elección popular de los jueces?”. Enfática en sus “profundas preocupaciones sobre las amplias implicaciones de la reforma para la independencia judicial en todo México”, la ONU, en voz de su relatora especial Margaret Satterthwaite, ha indicado ya en dos ocasiones desde la engrada en vigor de las reformas, que “uno de los propósitos de un poder judicial independiente es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar tales derechos, (y) tengo varios comentarios acerca de la compatibilidad de la reforma con las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos que vinculan a México”.