En algún distrito de riego del norte del país, el mecanismo era tan rutinario que casi nadie lo cuestionaba: un bloque de regantes obtenía gratuitamente una concesión del Estado para extraer agua de un acuífero, y luego revendía ese mismo volumen a un municipio sediento que no tenía otra fuente disponible. La concesión —un título otorgado sobre un bien de la nación— se había convertido en mercancía. Y nadie lo consideraba ilegal, porque durante décadas nadie lo trató como tal.
Esa práctica, y decenas de variantes igual de opacas, fue durante treinta y tres años el corazón de un sistema que la propia Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconoció en 2025 como un “mercado negro” construido al amparo de la Ley de Aguas Nacionales promulgada por Carlos Salinas de Gortari en 1992. El 11 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la nueva Ley General de Aguas (LGA) y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Entró en vigor al día siguiente. Con ella, el gobierno de la Cuarta Transformación declaró que desmantelaba ese régimen de privilegios. La pregunta que queda en pie —y que este texto intenta responder— es si la arquitectura legal basta para romper los poderes fácticos que lo sostuvieron.
¿Quiénes mandaban en el agua?
Detrás de las cifras había nombres. Empresas como Kimberly-Clark, Banco Azteca, FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala, las mineras GoldCorp y Buenavista de Grupo México y el aeropuerto de Cancún figuraban entre los grandes acaparadores identificados por investigaciones periodísticas. También políticos. En Chihuahua, el director de Conagua, Efraín Morales, reveló en diciembre de 2025 que funcionarios públicos se adjudicaron a sí mismos y a sus familiares cerca de 150 títulos de concesión durante los gobiernos de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, concentrando aproximadamente 47 millones de metros cúbicos de agua —suficiente, según Morales, para “abastecer a muchísimas comunidades”.
El repertorio de mecanismos era amplio. El más sofisticado era el cambio de uso, una concesión otorgada originalmente para riego agrícola se destinaba a un parque industrial, un campo de golf o un desarrollo inmobiliario, sin ninguna autorización, porque la ley anterior no contemplaba una vigilancia efectiva sobre el destino real del recurso.
Conagua detectó cerca de 2 mil 300 incidencias de este tipo en sus inspecciones de 2025: concesiones agrícolas usadas para el llenado de pipas o actividades industriales. En paralelo, prosperaron los pozos clandestinos: en Nayarit, la dependencia documentó la venta de pipas de entre 10 mil y 20 mil litros a precios de hasta 5 mil pesos, un mercado construido sobre perforaciones ilegales.
En el Estado de México, las autoridades calculaban que el mercado negro del agua movía mil millones de pesos al año solo en Ecatepec. El sistema no funcionaba solo por la ambición de los grandes usuarios. Funcionaba también porque el Estado carecía de capacidad para frenarlo.
La Conagua contaba históricamente con apenas 115 inspectores para vigilar cientos de miles de concesiones en un territorio de dos millones de kilómetros cuadrados. Entre 2019 y 2022, las inspecciones cayeron 70% respecto al promedio registrado entre 2011 y 2018. En ese vacío institucional prosperó lo que investigadores de la UNAM definieron como “una institución opaca, dirigida por feudos conectados con grupos de interés, que ponen en riesgo la viabilidad hídrica del país”.
Lo que la ley borra y lo que crea
La Ley General de Aguas que entró en vigor el 12 de diciembre de 2025 reemplaza el marco vigente desde 1992 con una lógica radicalmente distinta, el agua deja de ser tratada como activo transmisible entre privados y se reconoce formalmente como bien estratégico y derecho humano. Sobre esa declaración programática se edifican los cambios concretos.
El más trascendente es la prohibición de la transferencia de concesiones entre particulares. Ningún privado puede vender, ceder ni negociar derechos de agua sin la intervención del Estado. Las concesiones que dejen de utilizarse o que se destinen a un fin distinto al autorizado deberán regresar a la Conagua para que ésta decida si las reasigna o extingue. Esta disposición elimina de un trazo la figura que más alimentó el mercado negro: la transmisión privada de títulos sobre un bien que pertenece a la nación.
Complementaria a esa prohibición es la creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales. Todos los volúmenes que dejan de estar vinculados a un concesionario —por extinción del título, cesión voluntaria o preferencia de derechos— se incorporan a este fondo centralizado en la Conagua. La norma establece expresamente que esos volúmenes no podrán contabilizarse como disponibilidad, asegurando así que solo la autoridad decida su destino futuro. Es, en principio, el fin de los “bancos del agua” que operaban informalmente bajo el viejo esquema.
La reforma elimina también los cambios de uso arbitrarios. Toda modificación al destino de una concesión debe ser autorizada por Conagua. Y para dar trazabilidad al sistema, desaparece el Registro Público de Derechos de Agua —históricamente opaco y de difícil acceso— y se crea el Registro Nacional del Agua, que concentrará información sobre concesiones, volúmenes, caducidades y reasignaciones en un sistema de acceso más amplio.
La nueva arquitectura incorpora además el concepto de “Responsabilidad Hídrica”: un catálogo de prácticas reconocibles como buen uso del recurso —eficiencia, no desvío, no contaminación, cumplimiento de obligaciones— que opera como criterio favorable para la renovación de concesiones y para el reconocimiento de los usuarios comprometidos con una gestión sustentable.
La Conagua deberá reglamentar los criterios precisos de ese concepto, lo que en sí mismo es un proceso con amplios márgenes de interpretación. En el plano sancionador, la ley tipifica nuevos delitos hídricos e impone multas de hasta 50 mil Unidades de Medida y Actualización —alrededor de 657 mil pesos— por infracciones graves.
El territorio del mercado negro: Sonora, Baja California, Guanajuato
Si hay un laboratorio donde las nuevas reglas enfrentarán su examen más severo, ese es el norte y el Bajío. En Sonora, el estado que llegó a tener prácticamente todo su territorio en algún nivel de sequía, el acaparamiento tuvo nombre y apellido: el exgobernador panista Guillermo Padrés Elías construyó una presa privada en su rancho “Pozo Nuevo” usando aguas nacionales, en un acuífero sobreexplotado.
La Conagua confirmó la irregularidad en 2014. La presa fue dinamitada en 2015. El caso nunca llegó a consecuencias penales proporcionales a su magnitud. Las investigaciones periodísticas documentaron que, en esa entidad, las mineras —con 23 mil 441 concesiones nacionales concentradas en zonas de fuerte escasez— y los distritos de riego operaban en un ecosistema de permisos irregulares y ventas clandestinas de agua a municipios.
A enero de 2026, Sonora reportaba una reducción significativa de las zonas en sequía severa, pero las estructuras de poder que controlaban el agua no desaparecen con las lluvias.
En Baja California, la vulnerabilidad es estructural: la entidad reportó en 2025 un empeoramiento de su situación hídrica incluso en meses de lluvias nacionales. Ciudades como Tijuana y Mexicali dependen de fuentes acuáticas que bordean su capacidad, en una región donde la agroindustria y los corredores industriales han acumulado derechos de agua con la misma lógica especulativa que se pretende desmantelar.
La nueva ley obliga a Conagua a revisar esos títulos y, potencialmente, a reasignar volúmenes hacia el consumo humano. La pregunta es si la Comisión estará dispuesta —y en condiciones— de hacerlo frente a los grandes concesionarios de la región.
Guanajuato ofrece la paradoja más inquietante. El estado concentra el 13% de los mantos acuíferos sobreexplotados de México: 20 de los 157 acuíferos en esa condición en todo el país pertenecen a ese territorio, y al menos cuatro o cinco de ellos están entre los más críticos del país, según el investigador Alex Caldera de la Universidad de Guanajuato. Entre ellos: Valle de León, Silao-Romita, Río Turbio, Pénjamo-Abasolo.
El estado, que en 2025 no reportó superficie en sequía severa, tiene sin embargo una crisis hídrica subterránea de primer orden, fruto de décadas de concesiones para la agroindustria y el corredor automotriz-industrial que operan con balances hídricos negativos. En ese contexto, la venta y el cambio de uso de concesiones —de agrícola a industrial— era una práctica extendida, un mercado que la nueva ley busca cerrar pero cuyos actores siguen siendo los mismos.
El fin del mercado negro y los nuevos retos
Hay algo innegable en la nueva ley, corta los mecanismos jurídicos que hicieron posible el mercado negro del agua durante tres décadas. Sin transmisión privada de concesiones, sin cambios de uso arbitrarios, sin la posibilidad de acumular títulos ociosos, las figuras que sostenían el negocio del agua quedan sin soporte legal. El 7% de usuarios que antes acaparaba el 70% de las concesiones ya no puede operar con la misma libertad. Eso es un cambio real.
Pero la ley no disuelve los poderes que construyeron ese mercado. Los grandes concesionarios —empresas, agroindustrias, mineras, grupos políticos— conservan sus títulos vigentes y su capacidad de presión sobre la Conagua. Las 58 mil 938 irregularidades detectadas en el Registro de Concesiones no se corrigen automáticamente con la publicación de un decreto. Los 115 inspectores que históricamente tenía la Comisión para vigilar cientos de miles de pozos no se multiplican por el cambio de ley. Y la reglamentación del concepto de “Responsabilidad Hídrica” —el criterio central para decidir quién conserva, renueva o pierde su concesión— aún está pendiente de emisión por parte de la Conagua, lo que deja abierto un margen de discrecionalidad que puede ser tan perverso como el que supuestamente se cierra.
La verdadera batalla por el agua en México no termina en el Diario Oficial. Comienza ahí. Cada cuenca sobreexplotada en Guanajuato, cada pozo ilegal en Sonora, cada ciudad fronteriza de Baja California que pelea por su volumen concesionado será, en los próximos años, un examen de si la rectoría del Estado recuperada en papel puede ejercerse en la práctica.
La próxima sequía severa —que en el norte no tarda en llegar— dirá quién se queda sin agua primero, quién conserva sus títulos y quién, en última instancia, controla el recurso más estratégico del país. Lo que es seguro es que el mercado del agua no desaparece con una ley. Se transforma, se adapta o migra hacia nuevas formas de captura. Clausurarlo de verdad requiere algo que ninguna norma puede garantizar por sí sola: un Estado con voluntad y capacidad para enfrentar a quienes lo construyeron.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 18 DE REVISTA GUINDA
