La histórica elección de magistrados en México marca un antes y un después en la vida institucional del país. Por primera vez, 17 integrantes de los tribunales superiores fueron seleccionados por voto popular; este hecho refleja tanto la aspiración ciudadana de participar en la conformación de la justicia como el reto de garantizar su independencia e imparcialidad.
En la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, realizada el 16 de junio, Guadalupe Taddei Zavala entregó las constancias que acreditan a las nuevas magistraturas que integrarán el Poder Judicial.
Integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial
H. León Tovar Rufino
Es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho Constitucional y actualmente doctorante. Con más de 30 años en el servicio público, inició su carrera en cargos técnicos y de dirección en la administración pública de la Ciudad de México durante los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas, AMLO, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, desempeñándose en áreas como el Instituto del Taxi, Seguridad Pública y Movilidad.
Desde hace varios años es magistrado presidente de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde ha consolidado su experiencia como juzgador.
Entre sus propuestas para el Poder Judicial está garantizar el acceso a una justicia sin formalismos o requisitos procesales innecesarios; el respeto a los derechos humanos, la aplicación de la ley por encima de privilegios, cárcel para jueces corruptos y sanciones severas a quienes retarden o resuelvan injustamente los casos.
Indira Isabel García Pérez
Licenciada en Derecho por la Universidad de Colima. Cuenta con dos maestrías, una en Derecho Corporativo y otra en Educación, y varios diplomados en gobernabilidad, fiscales y anticorrupción.
Ha sido catedrática en la Universidad de Colima, el Tecnológico Nacional y el INAP, además de directora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Colima, auditora superior del Estado de Colima y comisionada del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales.
Entre sus propuestas está agilizar la evaluación del desempeño de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación a través de la implementación de tecnologías de la información; visibilizar el trabajo continuo del Tribunal de Disciplina Financiera, como mecanismo de control interno, de transparencia y de rendición de cuentas a la población, y llevar a cabo procedimientos justos e imparciales para el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos denunciados como faltas de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.
Bernardo Bátiz Vázquez
Abogado egresado de la UNAM, con maestría por la Iberoamericana y diplomado en Derecho Parlamentario en Madrid. Fue diputado federal en cuatro ocasiones y procurador de Justicia del Distrito Federal (2000-2006).
Catedrático en Derecho Constitucional (UNAM, Ibero, Complutense, Leiden, SUNY) y miembro del Consejo de la Judicatura Federal. Como magistrado propuesto al Tribunal de Disciplina Judicial, defiende los derechos humanos y sociales, se compromete a combatir la corrupción y el nepotismo dentro del Poder Judicial y a garantizar que los procesos y sanciones se ajusten estrictamente a la ley.
Su visión es que el tribunal corrija errores de los juzgadores y refuerce el respeto a la Constitución y los tratados internacionales que México ha suscrito.
Eva Verónica de Gyvés Zárate
Abogada egresada de la UNAM (1979-1984). Tiene especialidades en Derecho Penal y Amparo (Panamericana), una maestría en Derecho Procesal y experiencia internacional en sistemas penales comparados.
Ha sido jueza penal, magistrada de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del DF desde 2008 (ratificada en 2014), consejera de la Judicatura Federal (2019-2024) y candidata a la FGR y a la Suprema Corte en el sexenio pasado.
Entre sus propuestas está la consolidación del Tribunal de Disciplina Judicial como un órgano eficaz de vigilancia, garantizando que se cumplimenten “correctamente” todas las exigencias normativas en procedimientos sancionadores.
Plantea un “Sistema de Medidas Preventivas de Mejora Judicial”, mediante el cual los jueces recibirían advertencias formales y un plan de trabajo antes de iniciar sanciones, priorizando la corrección sobre penalizaciones inmediatas.
Celia Maya García
Doctora en Derecho (U. Autónoma de Querétaro), con dos maestrías en Derecho Procesal Penal e Impuestos. Fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro durante más de 30 años, presidenta de su Sala Constitucional y consejera de la Judicatura Federal desde 2023.
También ha sido cuatro veces aspirante a la gubernatura de Querétaro (2003, 2015, 2021), representando al PRD y Morena.
Con cerca de 5.2 millones de votos, quedó como la magistrada más votada y se perfila para presidir el Tribunal de Disciplina Judicial en sus primeros dos años. Su enfoque estará en fortalecer la capacidad investigadora del TDJ y aplicar sanciones firmes a quienes incumplan sus deberes, para preservar la integridad institucional y la confianza ciudadana.
Magistrados para la Sala Superior del TEPJF
Claudia Valle Aguilasocho
Magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral. Posee 19 años de experiencia electoral y 33 años en tribunales. En 2024 integró el Pleno de la Sala Superior para calificar la elección presidencial.
Tiene múltiples maestrías en Derecho Electoral, Procesal y Derechos Humanos; ha sido reconocida en foros internacionales sobre integridad electoral (IDEA, ONU-CEDAW).
Apuesta por una justicia electoral centrada en la protección de los derechos, especialmente de los más vulnerables. Propone decisiones fundadas en análisis riguroso del caso, las normas y las pruebas, para garantizar una resolución “completa, real y sustantiva”.
Además, promete actuar con honradez, capacidad y ética en la defensa del proceso electoral.
Gilberto de Guzmán Bátiz García
Abogado por la UNAM, especialista en Derecho Penal y maestro en Ciencias Políticas, con experiencia tanto en la docencia como en la investigación jurídica.
Ha ocupado diferentes cargos en la administración pública y en órganos jurisdiccionales, en los que destacó por su rigor técnico y su vocación por la defensa de los derechos humanos y la independencia judicial.
Plantea garantizar que la conducta de jueces y magistrados responda a principios de ética e integridad; aboga por un sistema que permita investigar y sancionar prácticas irregulares, promoviendo al mismo tiempo criterios de mejora para la carrera judicial, para que la justicia sea eficaz y respetada.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 9 DE REVISTA GUINDA
