Merino articula una ruta clara: menos trámites, más inversión y mayor certidumbre.
La mañana del 4 de mayo de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó, en su edición vespertina, un paquete de cuatro instrumentos normativos que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó en el marco del Plan México. Entre ellos, uno concentró la atención de empresarios, abogados corporativos y analistas de política económica: el Decreto para la Autorización Inmediata de Inversiones.
El hombre que lo presentó ante la opinión pública no fue la secretaria de Economía ni el titular de Hacienda. Fue José Antonio Peña Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Un gesto que no es casual en la arquitectura del poder en la Cuarta Transformación.
El problema que este decreto se propone resolver
Cuando Peña Merino tomó el micrófono para explicar el decreto, comenzó con un dato que sintetiza años de frustración acumulada en el sector privado mexicano: abrir un negocio en México requería, en promedio, 2.6 años y la realización de 51 trámites dispersos entre los tres niveles de gobierno. No era un problema de mala voluntad de los inversionistas ni de falta de interés en el mercado mexicano. Era, en términos llanos, el costo de la burocracia trasladado íntegramente al que invierte.
Este diagnóstico se volvió políticamente insostenible en el contexto de la reconfiguración global de cadenas de suministro. Entre 2023 y 2025, México recibió 466 anuncios de inversión relacionados con el nearshoring por un valor de 114,704 millones de dólares.
Sin embargo, los anuncios de 2025 fueron 23% menores en monto que los de 2024 y 49% inferiores respecto a 2023, el año de mayor actividad. La ventana seguía abierta, pero comenzaba a angostarse. El primer trimestre de 2026 registró un máximo histórico de Inversión Extranjera Directa de 23,591 millones de dólares, pero el sector privado ya advertía que la meta de 45,000 millones para el año completo dependía, en parte, de que los trámites dejaran de ser el principal obstáculo para materializar proyectos.
El decreto nació, entonces, no como una reforma administrativa de escritorio, sino como una respuesta del Estado a una presión de mercado con fecha de vencimiento.
El rediseño de la relación México-capital privado: La anatomía del mecanismo
El decreto establece tres elementos que operan de forma concatenada. El primero es el Comité de Inversiones, un órgano intersecretarial integrado por los titulares de las dependencias con incidencia en los proyectos elegibles —Hacienda, Economía, Energía, entre otras—, cuya función es emitir una Constancia de Autorización para el Desarrollo del Proyecto de Inversión en un plazo no mayor a 30 días hábiles desde la presentación formal de la solicitud. Con esa constancia en mano, el proyecto puede iniciar de manera inmediata, sin esperar a que concluyan todos los trámites sectoriales que normalmente preceden al arranque de operaciones.
El segundo elemento es la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, administrada por la ATDT. Se trata de la plataforma única a través de la cual deben ingresar todos los documentos requeridos: formato de solicitud, acreditación de propiedad o posesión legal del inmueble, y el proyecto de inversión detallado, que incluye sector, ubicación, etapas, cronograma y monto total, entre otros requisitos. El sistema opera sobre la infraestructura de Llave MX y el expediente digital, herramientas que la ATDT ha venido construyendo desde su creación y que representan la columna vertebral del gobierno digital de Sheinbaum. La promesa de Peña Merino es directa: “Como inversionista o empresario, lo único que tendrás que hacer es subir tu carpeta de documentos. A partir de ahí, los trámites avanzan solos”.
El tercer elemento —y el más audaz políticamente— es la afirmativa ficta. Para los proyectos que no cumplan los criterios de elegibilidad de la autorización inmediata, se establece un principio de resolución máxima de 90 días para todos los trámites federales. Si el Estado no responde en ese plazo, la inversión se da por autorizada de manera automática. Es, en términos simples, una inversión del riesgo: ya no lo asume el inversionista que espera, sino el funcionario que no resuelve. “Se ordena la resolución máxima de todos los trámites federales en 90 días o se darán por autorizados”, precisó el propio Peña Merino.
Quién entra, quién no y por qué eso importa
El decreto no es universal. Está diseñado para un segmento específico: proyectos de inversión privada iguales o mayores a 2,000 millones de pesos, o bien inversiones en sectores considerados estratégicos en el marco jurídico nacional, independientemente del monto.
La lista de sectores elegibles es, en sí misma, una declaración de política industrial: infraestructura tecnológica, centros de procesamiento de datos, diseño y fabricación de semiconductores y microelectrónica, automotriz y de autopartes, dispositivos médicos, farmacéutica y biofarmacéutica, aeroespacial, textil y de la confección, y el sector energético y químico. También aplica a inversiones ubicadas en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.
Las exclusiones son igualmente reveladoras. Quedan fuera el sector minero, el financiero y las inversiones con fondos públicos o mixtos. La decisión de excluir a la minería no es técnica: es política. En el contexto de las discusiones sobre soberanía de recursos naturales y los compromisos de la 4T con comunidades afectadas por la extracción, abrir la puerta de la autorización rápida a proyectos mineros habría generado una contradicción insalvable con la narrativa del gobierno. La exclusión del sector financiero, por su parte, refleja una distinción estratégica: el decreto está diseñado para atraer inversión productiva —la que genera empleos, exportaciones y encadenamiento industrial—, no capital especulativo.
También es relevante que la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones —un nuevo actor institucional— tenga la función de verificar que las solicitudes cumplan los requisitos antes de que lleguen al Comité. Esta figura crea un primer filtro que puede agilizar o entorpecer el proceso, dependiendo de su capacidad operativa.
Pepe Merino: el arquitecto que viene de la capital
Entender por qué es Peña Merino quien encabeza este mecanismo requiere conocer su trayectoria. Politólogo egresado del CIDE con estudios de posgrado en economía política en la Universidad de Nueva York, “Pepe Merino” —como lo llaman dentro del gobierno— no es un tecnócrata de escritorio. Es un intelectual de datos que en 2015 cofundó Data Cívica, organización dedicada al uso de tecnología para temas de derechos humanos y transparencia, y que en 2010 ya operaba Data4, su empresa de análisis de datos.
Cuando Claudia Sheinbaum llegó a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2018, lo convocó para crear la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). Durante seis años al frente de esa dependencia, Merino demostró que la digitalización gubernamental no es solo una aspiración tecnológica sino un instrumento de poder: la ADIP redujo en 63% los trámites capitalinos mediante digitalización, desplegó una red de internet gratuito con 21,500 puntos de acceso y construyó plataformas de datos abiertos que cambiaron la relación entre el gobierno capitalino y sus ciudadanos. Cuando Sheinbaum ganó la presidencia, Merino fue su coordinador técnico en los Diálogos por la Transformación y en junio de 2024 fue nombrado titular de la ATDT.
La ATDT que dirige Merino no es una dependencia ordinaria. Es, quizás, la institución que más funciones ha concentrado en el arranque de esta administración. Absorbió las capacidades de PROMTEL, la Agencia Espacial Mexicana, la CONAMER, el INFOTEC y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional. Con la aprobación de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión —aprobada en el Senado con 77 votos a favor y 30 en contra en junio de 2025—, la ATDT absorbió también las funciones regulatorias del IFT, cuya extinción fue uno de los episodios más polémicos de la reforma constitucional de simplificación administrativa. Con un presupuesto de 3,852 millones de pesos para 2026 —un incremento de 27.99% respecto al año anterior— y una agenda que va del registro de líneas telefónicas a la regulación del espectro, pasando ahora por la autorización de inversiones estratégicas, la ATDT es una de las apuestas institucionales más ambiciosas del sexenio.
El decreto en el ecosistema del Plan México
El Decreto para la Autorización Inmediata de Inversiones no es un instrumento aislado. Es el último eslabón —visible y comprensible para el público general— de una arquitectura normativa que lleva más de un año construyéndose. El eslabón anterior fue la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, publicada el 9 de abril de 2026, cuyo reglamento salió el 8 de mayo del mismo año.
Antes, en enero de 2025, el gobierno emitió el decreto de estímulos fiscales para el nearshoring, con deducciones adicionales de hasta 91% para sectores de manufactura avanzada durante el período 2025-2030. Y en paralelo al decreto de inversiones, el 4 de mayo también se publicó el decreto de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior y el de Simplificación de Trámites de Cofepris.
Leídos en conjunto, estos instrumentos configuran una estrategia coherente: reducir el costo de entrada al mercado mexicano para el capital privado internacional, en particular el que proviene de empresas que buscan relocalizar su producción fuera de China en el contexto de la disputa comercial y tecnológica entre Washington y Pekín. Que el decreto se publique en el año de la revisión del T-MEC —el tratado comercial cuya renegociación definirá las condiciones de acceso al mercado norteamericano para los próximos seis años— no es una coincidencia.
El termómetro real
El decreto es, en última instancia, una promesa política con consecuencias económicas medibles. Su verdadero veredicto no llegará en mayo ni en junio de 2026: llegará cuando se pueda auditar cuántos proyectos fueron presentados, cuántos recibieron su constancia en 30 días hábiles, en qué sectores se concentraron y con qué monto de inversión materializada —no anunciada— se puede asociar al mecanismo.
Lo que ya es indiscutible es que el decreto representa un cambio de paradigma en la relación entre el Estado mexicano y el capital privado. Durante décadas, la lentitud burocrática fue, en buena medida, una forma de poder: la incertidumbre del inversionista creaba espacios para la discrecionalidad y, en el peor de los casos, para la corrupción.
Pepe Merino tiene el andamiaje correcto. La pregunta que México responderá en los próximos doce meses es si tiene el aparato institucional para cumplir lo que promete.
