La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República no es relevante solo por el nombre que deja el cargo ni por quien lo ocupa después, sino por la forma en que se procesó, discreta y con poco margen para el debate público. En un país donde la justicia federal arrastra una historia larga de capturas políticas, la manera del relevo también es un dato político. La llegada de Ernestina Godoy, ratificada por el Senado con mayoría calificada tras firmar un decálogo de compromisos, se inscribe en un momento delicado del nuevo sexenio, cuando el poder busca eficacia, coordinación y control de daños, pero también legitimidad institucional.
Para México, y para una región latinoamericana donde las fiscalías suelen convertirse en instrumentos del Ejecutivo, el relevo en la FGR funciona como espejo incómodo, no tanto de lo que se dice sobre la autonomía, sino de lo que se hace con ella.
El anuncio no sorprendió a nadie, fue sin pedagogía política, sin tiempo para la digestión pública. La renuncia de Gertz Manero se conoció cuando todavía se discutía, en círculos cerrados, si el fiscal resistiría el cierre de año, y terminó formalizándose con una carta al Senado en la que informó que la presidenta Claudia Sheinbaum lo propuso como embajador ante un “país amigo”, presentada como causa grave para dejar el cargo. El sistema político reaccionó después. El Senado aceptó la renuncia con rapidez, en una votación que dividió a la oposición y confirmó que el desenlace había sido pactado de antemano. La discusión pública, todavía más tarde.
La renuncia de Gertz y la ratificación de Godoy como fiscal general abren dudas sobre cómo se mueve el poder en la justicia federal cuando los acuerdos van por delante otra vez.
Cuando la rapidez sustituye a la deliberación
En el papel, la Fiscalía General de la República es autónoma. En la práctica, su titular define prioridades que cruzan seguridad, economía y política exterior. Casos de corrupción de alto nivel, investigaciones sobre crimen organizado, cooperación con Estados Unidos en materia de fentanilo y lavado de dinero, todo pasa, de una forma u otra, por ese despacho. Por eso la rapidez incomoda.
El diseño constitucional coloca al Senado como un actor central en el proceso de sucesión. No como notario, sino como espacio de negociación y control político. Sin embargo, en esta ocasión, el tiempo político marcó otro ritmo. El debate llegó cuando el desenlace ya era evidente y terminó con una votación bastante holgada a favor de Godoy, impulsada por el bloque oficialista y parte de la oposición a cambio de compromisos escritos, mientras un sector opositor apostó por el voto en contra, nulo o abstenerse. La discusión se volvió trámite.
No porque el procedimiento haya sido ilegal, sino porque fue políticamente asimétrico, el poder ya se había movido antes de que las instituciones reaccionaran. La era Gertz cerró con una salida diplomática y la nueva fiscal asumió con el respaldo del bloque mayoritario, pero sin una deliberación pública real sobre el tipo de autonomía que se espera de la FGR.
Gertz Manero llegó a la Fiscalía con la promesa de profesionalizar una institución marcada por inercias del viejo régimen y por una reputación asociada a la impunidad administrada. La apuesta era bastante clara en el discurso y muy compleja en la práctica: convertir la antigua PGR en un órgano capaz de investigar sin pedir permiso y de sostener casos más allá del primer amparo. Gertz se presentó como el hombre del método, jurista con oficio y experiencia. Pronto, sin embargo, quedó claro que la autonomía no se construye con credenciales, sino con voluntad política y compromiso.
Su gestión dejó expedientes abiertos y conflictos que no siempre se explicaron con detalle, pero que se percibieron con claridad. Hubo confrontaciones públicas, fricciones internas, tensiones con otras instancias del Estado y una sensación persistente de justicia administrada a ritmos políticos. En algunos casos, la Fiscalía avanzó con fuerza. En otros, pareció moverse con cautela excesiva.
Esa irregularidad alimentó la crítica desde frentes distintos. La oposición habló de selectividad y uso político de la maquinaria penal. Desde sectores críticos del oficialismo, el reclamo fue otro, no persecución, sino falta de resultados. Se esperaba que la narrativa anticorrupción se tradujera en condenas. Lo que predominó fueron procesos largos, anuncios ruidosos y desenlaces algo menos contundentes. El costo fue institucional.
Con el tiempo, el fiscal se volvió una figura incómoda incluso para quienes lo habían respaldado por conveniencia. No por un escándalo único, sino por el desgaste acumulado. Diferencias con el nuevo momento político, roces con el aparato de justicia y una Fiscalía que no consiguió sacudirse el escepticismo público. En México, cuando la justicia falla, se denuncia. Cuando funciona, se duda. En ese clima, cada decisión se leyó como mensaje y cada silencio como negociación.
Por eso su salida no se interpretó como una admisión de errores ni como una victoria política clara. No hubo relato de cierre ni gesto de rendición de cuentas. Fue un movimiento pragmático. El final de un ciclo que dejó de encajar en el nuevo equilibrio del poder. Sin ceremonia. Sin defensa. Cuando un fiscal general se va así, lo que queda no es solo la evaluación de su gestión, sino la pregunta por el arreglo político que lo sostuvo.
La Fiscalía General de la República que recibe el nuevo sexenio no es una institución en blanco ni una maquinaria lista para reorientarse con solo cambiar de titular. Es un aparato pesado, con inercias acumuladas, lealtades internas formadas durante años, décadas incluso, y una relación frágil con la confianza pública. Más que una estructura ordenada, la FGR arrastra expectativas incumplidas, reformas a medio camino y una autonomía que existe en la Constitución pero que, en la práctica, se ejerce de forma intermitente.
En su interior convive con un rezago que no siempre se mide en cifras, sino en tiempos muertos. Carpetas que avanzan con lentitud, áreas saturadas, fiscalías especializadas bajo presión política y presupuestal. El problema no es solo técnico. Es cultural. La institución sigue operando, en muchos sentidos, con la lógica de administrar conflictos más que de resolverlos. Eso produce una justicia distante, selectiva, difícil de leer para las víctimas y demasiado predecible para los actores con poder.
La relación con las fiscalías estatales tampoco es tersa. El modelo federal supone coordinación, pero en los hechos persisten disputas por competencias, celos políticos y una fragmentación que dificulta investigaciones de alcance nacional. En casos de alto impacto, la FGR suele aparecer tarde o de forma parcial, reforzando la imagen de una institución reactiva más que conductora. El resultado es una justicia dispersa, donde cada nivel del Estado opera con incentivos y tiempos propios.
A esto se suma una deuda profunda con las víctimas. Aunque el discurso insiste en acceso a la justicia y reparación del daño, la experiencia cotidiana es otra. Procesos largos, información opaca, decisiones que no se explican. Para muchos, la Fiscalía no es un espacio de protección, sino un laberinto que desgasta. Esa distancia no se corrige con nombramientos ni con declaraciones públicas, sino con señales sostenidas que hasta ahora han sido escasas.
En el terreno político, la FGR hereda además una presión constante por mostrar resultados inmediatos. El nuevo gobierno necesita eficacia, cifras y mensajes claros. Pero la justicia no se produce al ritmo de los comunicados. Cada expediente relevante se vuelve una prueba de lealtad o de desafío, y cada investigación sensible se interpreta como gesto político incluso antes de avanzar jurídicamente. Esa carga condiciona su margen de maniobra.
Así, la Fiscalía que hereda el sexenio es una institución tensionada desde dentro y desde fuera. No está colapsada, pero tampoco fortalecida. Funciona, con grietas visibles. El nuevo liderazgo ya empezó a mover piezas: en enero de 2026, Godoy anunció once nombramientos en áreas clave, varios provenientes del círculo capitalino, lo que muestra a la vez voluntad de control interno y continuidad política. La disyuntiva, sin embargo, sigue ahí: ajustarse a las inercias para garantizar gobernabilidad o intentar modificarlas asumiendo el costo político. Godoy llega a la FGR con experiencia y respaldo político, pero con una autonomía federal aún por demostrar.
La llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República no puede leerse como un punto de partida limpio. Arrastra una historia inmediata que pesa más que cualquier promesa futura. Su paso por la Fiscalía de la Ciudad de México funcionó como un laboratorio político y jurídico donde se ensayaron esquemas de coordinación estrecha con el poder ejecutivo local, se enfrentaron resistencias internas y se trazaron líneas claras frente a la oposición.
Godoy construyó una fiscalía con mayor visibilidad pública y con un discurso alineado a la idea de que la justicia debía acompañar el proyecto político en curso. Hubo investigaciones que avanzaron con rapidez y otras que se volvieron símbolos de confrontación. Cada caso relevante se leyó no solo en términos jurídicos, sino como gesto de poder. Esa dinámica fortaleció su posición, pero con el costo de perder contacto con algunas organizaciones civiles. La fiscal dejó de ser vista como una operadora para asumirse como figura política con nombre propio.
En la Ciudad de México, Godoy mostró capacidad de control interno y disciplina institucional, pero también una inclinación a privilegiar la narrativa de resultados por encima de la explicación jurídica, lo cual en ocasiones la dejó vulnerable a otras narrativas, incluyendo algunas provenientes del mismo bloque oficial.
Su llegada a la FGR ocurre, además, en un terreno mucho más complejo. A diferencia del ámbito local, el nivel federal multiplica actores, intereses y presiones externas. No solo está el Ejecutivo. Están los gobernadores, las fiscalías estatales, las Fuerzas Armadas, el sistema financiero y la mirada constante, impertinente, de Estados Unidos. El margen de maniobra se estrecha y la tentación de replicar esquemas conocidos es alta. Lo que funcionó en la capital pudiera no ser suficiente en una institución con déficits de legitimidad antiguos.
El punto delicado no es si Godoy tiene experiencia o capacidad operativa. Eso está fuera de discusión. El punto es si podrá construir una distancia creíble respecto del poder político que la respalda. No una ruptura artificial, es una separación funcional que permita a la Fiscalía lanzarse a profundidad contra ciertos actores que abusen de su poder. Hasta ahora, su trayectoria muestra eficacia en la coordinación, pero deja abierta la incógnita sobre su disposición a sostener conflictos que puedan debilitar al bloque en su conjunto por provenir de sectores con respaldo popular, incluso después de haber sido electa con mayoría calificada y respaldos cruzados en el Senado.
Por eso su nombramiento genera lecturas encontradas. Para algunos representa orden y alineación estratégica en un momento de urgencias; para otros, una tendencia a consolidar fiscalías que operan políticamente atendiendo aún más que lo estrictamente legal. Ninguna de esas lecturas se resolverá con declaraciones iniciales ni con un decálogo de buenas intenciones. Se resolverá, como siempre, en los expedientes que se abran y en los que se decida no abrir.
Godoy llega con un capital político alto, un equipo cada vez más afín.
Desde el primer momento, la nueva fiscal habló de colaboración con el gabinete de seguridad. La frase no sorprende. Se ha repetido durante años, casi como una contraseña de entrada al cargo. Coordinación, trabajo conjunto, alineación de esfuerzos. El lenguaje es conocido con su respectivo contexto. México vive bajo una presión constante por mostrar resultados inmediatos frente a la violencia, el crimen organizado y los delitos de alto impacto.
La línea entre colaborar y subordinarse es tenue, y rara vez se cruza de golpe. Se cruza por acumulación. Primero en las agendas compartidas. Luego en las prioridades que se fijan fuera de la institución. Más tarde en los tiempos que se imponen desde el poder político. La justicia, entonces, deja de moverse a partir de expedientes y comienza a responder a calendarios ajenos. Cuando eso ocurre, la autonomía no se pierde en el discurso, sino en la práctica cotidiana.
La urgencia es un argumento poderoso. La violencia no espera, las víctimas tampoco, y el Estado necesita respuestas visibles. Pero la justicia no opera bien bajo presión permanente. Los procesos penales requieren tiempo, prueba. Forzar resultados rápidos suele producir investigaciones espectaculares y resoluciones frágiles que se desmoronan con facilidad. El costo no es solo jurídico, es político. Cada caso mal armado erosiona la credibilidad de la institución y refuerza la percepción de que la Fiscalía sirve a objetivos inmediatos más que a un mandato de largo plazo.
El relevo en la Fiscalía General de la República no ocurre en el vacío ni se procesa únicamente dentro de las fronteras mexicanas. Estados Unidos observa con atención cada movimiento en las áreas encargadas de perseguir redes de narcotráfico, tráfico de fentanilo y flujos financieros ilícitos, no por cortesía diplomática, sino porque buena parte de su propia agenda de seguridad depende de la eficacia y previsibilidad de las instituciones mexicanas. La relación no se sostiene solo en operativos conjuntos o intercambios de información. Se sostiene, sobre todo, en confianza institucional. Y esa confianza es frágil, y quebrarla puede tener en estos tiempos un costo que puede ir más allá de lo simbólico y político.
Para Washington, el problema no es ideológico ni retórico. Es operativo. Una fiscalía percibida como alineada políticamente puede ofrecer resultados rápidos en el corto plazo, pero introduce una duda que pesa más con el tiempo: hasta dónde llegan realmente las investigaciones, a quién tocan y a quién evitan.
¿Qué redes financieras se persiguen y cuáles quedan fuera del radar?
La cooperación internacional se basa menos en declaraciones públicas que en la consistencia de los expedientes. Cuando los casos avanzan con lógica clara y criterios estables, la confianza se fortalece. Cuando aparecen señales de selectividad, esa confianza se erosiona sin comunicados oficiales.
El fentanilo es el punto más sensible de esa relación. No solo por su impacto social en Estados Unidos, sino porque obliga a mirar más allá de los laboratorios y los decomisos espectaculares. Implica seguir rutas de dinero, estructuras logísticas, complicidades locales y omisiones institucionales. Ahí es donde la Fiscalía se vuelve un actor central. No basta con detener operadores menores. Se requiere sostener investigaciones largas, complejas y políticamente incómodas.
Desde finales de 2025, la presión aumentó cuando el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que clasifica al fentanilo ilícito y a sus principales precursores como armas de destrucción masiva, con el argumento de que causan tantas muertes como un ataque bélico. La medida abrió la puerta a movilizar más recursos federales estadounidenses, endurecer la persecución contra cárteles y redes financieras y exigir una cooperación más intensa a países como México. En paralelo, el gobierno mexicano relanzó la narrativa de colaboración “por razones humanitarias”, insistiendo en que la coordinación con Estados Unidos busca evitar que el fentanilo llegue a jóvenes y comunidades vulnerables.
En ese contexto, cada decisión de la FGR —a quién extradita, qué cuentas congela, qué casos persigue hasta el final— se convierte en un mensaje que se lee en la Ciudad de México, pero también en Washington.
La política exterior también se juega en los expedientes que se abren y en los que no. Cada carpeta que avanza manda una señal. Cada investigación congelada envía otra. En ese terreno, la forma en que se procesó el relevo en la FGR importa tanto como el perfil de quien asume el cargo. Un cambio acelerado, con acuerdos cerrados de antemano, puede leerse como eficiencia política hacia dentro, pero genera interrogantes hacia fuera. No por desconfianza automática, sino porque los socios buscan certezas en un contexto regional marcado por fiscalías debilitadas y por retrocesos institucionales.
El cambio de titular no borra los problemas estructurales de la institución. La FGR arrastra déficits de credibilidad acumulados durante años, tensiones internas que no se resuelven con un nombramiento y una relación frágil con las víctimas. El riesgo de impunidad selectiva sigue presente, como una sombra que atraviesa cada decisión relevante. También persiste el riesgo de opacidad, alimentado por procesos rápidos y explicaciones tardías que dejan más preguntas que respuestas.
Nada de eso se corrige con perfiles sólidos ni con trayectorias reconocidas. Se corrige con señales sostenidas en el tiempo. Con decisiones que incomodan al poder político. Con investigaciones que avanzan incluso cuando el costo es alto. La Fiscalía no recupera legitimidad prometiendo autonomía, sino ejerciéndola en escenarios adversos. Y esos escenarios no tardan en aparecer.
La sucesión en la FGR deja una imagen difícil de ignorar. El poder no esperó a que las instituciones hablaran. Se movió primero y explicó después. Tal vez porque podía. Tal vez porque no percibió un costo político suficiente en hacerlo de otro modo. Ese gesto no es excepcional. Es parte de un patrón que se repite cuando la urgencia se impone sobre el procedimiento.
La pregunta de fondo no es si la nueva fiscal será autónoma. Esa respuesta no existe hoy y no puede existir en el momento del nombramiento, aunque ya haya un mandato formal y un equipo inicial nombrado a su medida. La pregunta más incómoda es otra. Cuántas decisiones clave del Estado mexicano ya se toman así, con la rapidez como argumento y el procedimiento como formalidad. Cuántas veces el acuerdo antecede a la deliberación. Cuántas instituciones aprenden a adaptarse a un poder que no espera.
La Fiscalía cambia de rostro. El método, por ahora, permanece.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 14 DE REVISTA GUINDA
