En la elección judicial de este año, entre 12.57 y 13.32 por ciento del padrón ejerció su voto, ubicándola como la segunda participación más baja desde 1994, y únicamente superada por la consulta popular de 2021, a la que asistió el 7.11 por ciento de la ciudadanía, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE).
Las cifras lanzan al aire la pregunta acerca de si este ejercicio alcanzó a representar a la ciudadanía o si, por el contrario, no superó los desafíos para consolidarse como una actividad democrática masiva. Uno de los elementos que llamaron la atención fueron las llamadas ‘abstenciones participativas’, es decir, un 23 por ciento de boletas para la Suprema Corte fueron anuladas (10.8 por ciento de acuerdo con ‘Studio 21’) o entregadas en blanco (12.1 por ciento), revelando un fenómeno de protesta silenciosa que plantea interrogantes para futuras jornadas electorales.
A nivel político, el perfil del votante fue significativamente oficialista; es decir, alrededor del 45 por ciento de los participantes se declararon simpatizantes de Morena, frente al 6 por ciento que expresó su apoyo a la oposición y un 49 por ciento que prefirió no declararse a favor de ninguna fuerza política. Esto evidencia que, al menos en esta primera experiencia, la participación estuvo polarizada alrededor de un sector específico del electorado.
Asimismo, fue destacable la edad promedio de los votantes, que alcanzó los 51 años, evidenciando una participación menor entre los más jóvenes, lo que podría ser un signo de alerta para los futuros ejercicios electorales, ya que, actualmente, la mitad de la población es menor de 30 años.
Respecto al abstencionismo, un estudio del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional, encargado por el INE, señala que se trata de un fenómeno complejo y cambiante, difícil de medir, ya que no cuenta con un motivo universal, sino, más bien, integra variables sociodemográficas, históricas y estructurales que afectan la participación ciudadana en diferentes contextos, lo que, a la vez, plantea interrogantes en torno a su verdadero impacto en la calidad de la democracia.
Entre los aspectos que lo integran se encuentran la economía y la logística. Votar no es una actividad gratuita, aunque su costo sea mínimo: requiere tiempo y esfuerzo para ir a registrarse y acudir a la casilla el día de la elección, así como tener los medios suficientes para ejercer un voto informado.
Aunado a esto, existen elementos históricos, sociales y psicológicos que afectan la decisión de participar. El fenómeno no puede reducirse simplemente a la apatía ciudadana, pues detrás de la abstención hay motivaciones, contextos y percepciones que varían de país en país, concluye el estudio.
Con base en esto, puede decirse que la participación electoral debería representar un indicador clave para evaluar la vitalidad de un sistema democrático. En este sentido, la baja asistencia a las urnas plantea señales de alerta para países con democracias recientes (o ejercicios democráticos innovadores), donde la legitimidad de las autoridades y la confianza en los procedimientos electorales son esenciales para garantizar la estabilidad política y social.
Por último, el voto obligatorio ofrece una perspectiva interesante para reducir la abstención. En países donde esta norma existe, la participación tiende a ser más alta, e incluso tras su abolición persisten hábitos de participación elevados. Esto confirma que, aunque la decisión de ir a votar pueda parecer personal, está íntimamente ligada a arreglos institucionales que afectan no solo la cantidad, sino la calidad de la participación ciudadana en la vida democrática.
Sobre la experiencia en la casilla, el 73 por ciento de los votantes la calificó como positiva, mientras que alrededor de la mitad consideró que las boletas fueron “confusas”. Esto habla tanto de una buena disposición ciudadana para participar como de la necesidad de garantizar una presentación clara y comprensible de la oferta electoral en ejercicios novedosos y de informar adecuadamente a la población.
Por otra parte, el contexto en que ocurrió esta elección no estuvo exento de tensiones; recibió críticas de exmandatarios, empresarios y actores de oposición, quienes consideraron que el modelo de designación podría derivar en una politización excesiva de la justicia; se redujo a la mitad el presupuesto y se criticó también que los candidatos no tuvieron campañas efectivas para darse a conocer, lo que dificultó la toma de decisiones informadas por parte de los votantes.
Todo esto influyó en la percepción pública e incentivó un boicot que, aunque no alcanzó a deslegitimar la jornada, sí contribuyó a mantenerla en un ámbito de debate y polarización.
Pese a estos desafíos, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió los resultados y calificó la elección como un “paso significativo” para la democracia participativa en México, destacando que alrededor de 13 millones de personas ejercieron su voto para elegir autoridades del Poder Judicial.
Analistas internacionales, como los de Goldman Sachs, advirtieron que la baja participación podría representar un reto para la legitimidad futura de estos ejercicios, destacando la necesidad de invertir en estrategias de comunicación e involucramiento ciudadano para garantizar que los innovadores comicios no pierdan relevancia.
En resumen, esta primera experiencia de elección judicial mostró tanto la necesidad de mejorar la información y capacitación electoral y la presentación de las boletas, así como la importancia de garantizar que todas las generaciones y tendencias políticas encuentren en ella un vehículo para expresarse.
Se trata de un reto asumible para el INE y para todas las fuerzas involucradas en construir la democracia en México, donde cada voto, cada boleta y cada decisión realmente cuente y halle eco.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 9 DE REVISTA GUINDA
