En 2026, Coahuila tendrá un peso estratégico en el mapa político mexicano con un proceso electoral único: la renovación de su Congreso local. No habrá elecciones ordinarias en ningún otro estado, lo que convierte a esta jornada en un laboratorio político nacional y en un ensayo de lo que podría ocurrir en 2027, cuando se disputen las alcaldías y la gubernatura.
El 7 de junio de 2026, los coahuilenses acudirán a las urnas para elegir a 25 diputaciones locales (16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional). Aunque se trata de una elección legislativa, su carácter aislado le otorga un protagonismo inusual: será el único pulso electoral del país en ese año. Con un presupuesto de 500 millones de pesos, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) prepara una jornada que servirá como termómetro de las fuerzas políticas.
El proceso arrancó formalmente a finales de 2025 y contempla etapas clave:
- Precampañas: 1 al 20 de marzo.
- Campañas: 5 de mayo al 3 de junio.
- Jornada electoral: 7 de junio.
Vale la pena resaltar que el Instituto Nacional Electoral (INE) implementará por primera vez modalidades de voto anticipado por internet, así mismo de manera novedosa cerca de 2,391 personas sin sentencia podrán votar desde los centros penitenciarios entre el 18 y 24 de mayo. Esto se hace bajo convenio entre INE, IEC y la Secretaría de Seguridad Pública.
Al declararse abierta la convocatoria para el registro de observadores ciudadanos, la COPARMEX (Confederación Patronal de la República Mexicana) Coahuila Sureste participará como observador electoral, reforzando la transparencia del proceso.
Coahuila entre los últimos recovecos del PRI.
El mandatario estatal, Manolo Jiménez Salinas (PRI), quien es uno de los dos mandatarios priistas que aún gobiernan en el país, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha mantenido la gubernatura de Coahuila de manera ininterrumpida desde 1929, siendo considerado su último bastión priista. En 2024, el PRI obtuvo el 41% de los votos en elecciones municipales, por lo que Jiménez Salinas buscará blindar la gobernabilidad de su sexenio manteniendo la mayoría en el Congreso.
Su estrategia discursiva evita la confrontación directa y se centra en logros: asegura haber cumplido el 90% de sus compromisos de campaña y repite el lema “en Coahuila no vamos a la izquierda ni a la derecha, vamos pa’ delante”.
Jiménez también ha sabido capitalizar la coordinación con el gobierno federal en materia de seguridad, destacando que Coahuila y Durango registran los mejores indicadores desde 1993. Su agradecimiento público a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su gabinete por operativos conjuntos contra la extorsión refuerza la imagen de cooperación institucional.
La coalición entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) para las próximas elecciones de junio es incierta. Sí compiten por separado, los perfiles con mayor peso político según el ranking incluye a: Blas Flores González: Jefe de Gabinete y estratega operativo clave del actual gobierno.
Diego Rodríguez: Subsecretario de Gobierno, identificado como un perfil en ascenso dentro de la operación política estatal.
Gabriel Elizondo: Coordinador del programa “Mejora Coahuila”, con fuerte influencia en el gabinete.
Óscar Pimentel: Secretario de Gobierno, quien se mantiene en los primeros lugares de influencia operativa.
Entre sus perfiles femeninos fuertes se mencionan a Hilda Flores, Verónica Martínez, Luz Elena Morales y Bárbara Cepeda.
El PAN no será protagonista en Coahuila, pero sí puede convertirse en árbitro electoral; su capacidad de negociación y alianzas determinará si se mantiene como oposición marginal o si logra inclinar la balanza en distritos clave, su presencia es limitada, Acción Nacional en Coahuila históricamente ha tenido dificultades para consolidarse, donde el PRI ha sido hegemónico y Morena busca expandirse.
En elecciones municipales y legislativas recientes, el PAN ha quedado rezagado frente a PRI y Morena, con porcentajes bajos de votación, su fuerza se concentra en sectores urbanos de clase media y en votantes críticos tanto del PRI como de Morena.
En el caso el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) enfrenta el desafío de consolidar su estructura territorial en el bastión priista.
Morena y sus aliados apuestan por romper la hegemonía priista. La coalición con el PT ya está confirmada y las proyecciones sugieren que podrían obtener hasta 10 de los 16 distritos de mayoría relativa. La estrategia se centra en cuestionar el gasto en publicidad del gobierno estatal y en posicionar figuras con capital político propio.
Entre ellas destaca el senador Luis Fernando Salazar Fernández, quien, tras obtener más de 717 mil votos en 2024, se ha convertido en un referente opositor. Su impulso a la reforma electoral para empatar calendarios con procesos federales busca no solo eficiencia, sino también mayor participación ciudadana. Además, mantiene presencia territorial con temas sensibles como la defensa del agua y la oposición a la privatización de servicios.
Otro actor clave rumbo a las elecciones de 2026 es Ricardo Mejía Berdeja que, con miras a la gubernatura de 2027, busca consolidar su liderazgo en la región de La Laguna (Torreón) y tender puentes con Morena, lo que podría redefinir las alianzas opositoras al PRI.
En 2023 Mejia Berdeja compitió por la gubernatura bajo las siglas del PT, la ruptura con Morena al competir por el Partido del Trabajo lo dejó en una posición ambigua frente a la militancia morenista.
En este sentido Cecilia Guadiana Mandujano, está emergiendo como figura política en Coahuila rumbo a 2026. Tras la muerte de su padre en 2023, se registró como aspirante al Senado por Morena y actualmente ocupa un escaño en la Cámara Alta desde septiembre de 2024. Su presencia abre la posibilidad de que juegue un papel relevante en las elecciones locales de 2026, ya sea como promotora de la alianza Morena–PT o como candidata en 2027.
Por otra parte, La Unidad Democrática de Coahuila (UDC) es un partido local con fuerte presencia en la región norte del estado, especialmente en Acuña y Piedras Negras. Históricamente ha jugado un papel bisagra en las elecciones estatales, y rumbo a 2026 ha dejado abierta la posibilidad de coaligarse con Morena, aunque sin compromisos formales todavía. La UDC encabezada por Evaristo Lenin Pérez Rivera, quien en 2023 compitió por la gubernatura en alianza con el PVEM, tradicionalmente busca alianzas para maximizar representación, ya sea con PRI, PAN, PVEM o Morena, según el contexto.
La dirigencia Nacional de Morena encabezada por Luisa María Alcalde Lujan, ha perfilado su estrategia en Coahuila rumbo a 2026 desde el mes de noviembre de año pasado, dando respaldo al trabajo de coordinadores distritales en 16 de los distritos que se renovarán el primer domingo de junio durante los únicos comicios ordinarios que se celebrarán en México este año.
Para el proceso electoral de Coahuila de 2026, los partidos políticos tienen hasta el 30 de enero de 2026 para registrar formalmente sus coaliciones ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Hasta el momento de la impresión de la presente edición se están definiendo las alianzas, pero hay novedades importantes.
Panorama Actual de las Coaliciones en Coahuila (Enero 2026)
Morena y PT: Se ha confirmado una alianza entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) para las elecciones de 2026 en Coahuila.
PRI: El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha descartado formar una coalición con el Partido Acción Nacional (PAN). No obstante, el PRI está analizando una posible alianza con la Unidad Democrática de Coahuila (UDC).
PAN: La alianza con el PRI sigue siendo incierta, y la dirigencia nacional del PAN no ha terminado de resolver la situación.
PVEM: El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció que competirá sin coaliciones y postulará candidatos propios en los 16 distritos electorales.
La fecha límite es crucial para que los partidos presenten sus convenios y se formalicen las alianzas que competirán por la renovación del Congreso del Estado.
Aunque el proceso electoral formalmente no ha iniciado y todavía no existen convenios de coalición registrados, Morena ha adelantado que competirá en alianza con el Partido del Trabajo (PT), al cual se le asignaron cinco de los 16 distritos en disputa.
Morena perfila Figuras emergentes y perfiles conocidos como cartas fuertes para competir en Coahuila.
Entre los nombres destaca Antonio Attolini Murra, exvocero del movimiento #YoSoy132 y uno de los rostros más visibles de la llamada 4T en redes sociales. Attolini, actualmente diputado local por la vía plurinominal buscará ahora ganar territorio en Coahuila.
Otros perfiles que intentarán pasar de la representación proporcional a la mayoría relativa son Delia Hernández (Distrito 4, San Pedro de las Colonias) y Alberto Hurtado Vera (Distrito 15, Saltillo).
También aparecen candidaturas que ya probaron suerte en alcaldías sin éxito, como Paloma de los Santos (Distrito 1, Ciudad Acuña) y Alejandra Salazar (Distrito 16, Saltillo). En el Distrito 7, la exalcaldesa de Francisco I. Madero, Darinka Guerra, coordinará los trabajos de la 4T.
Un actor clave es Fernando Hernández, secretario de Organización de Morena en Coahuila y responsable de los Coordinadores Operativos Territoriales bajo el mando de Andrés Manuel López Beltrán. Hernández encabezará el Distrito 11, reforzando la estructura electoral morenista en la entidad.
Entre los nombres que completan la lista Morena se encuentran:
- Mayra Rangel (Distrito 2)
- Alfonso Almaraz (Distrito 5)
- Eduardo Carrisales (Distrito 14)
La definición de coordinadores distritales refleja la intención de Morena de territorializar su presencia en un estado históricamente priista. La inclusión de perfiles con trayectoria mediática, exalcaldesas y operadores territoriales muestra una estrategia híbrida: combinar figuras de alto reconocimiento con estructuras locales sólidas.
El reto será convertir estas coordinaciones en candidaturas competitivas y, eventualmente, en victorias que permitan a Morena disputar el control del Congreso frente al PRI. En un proceso que convierte cada distrito en un campo de batalla decisivo para medir fuerzas rumbo a la elección de 2027.
Termómetro rumbo a 2027
Las elecciones estatales de Coahuila en 2026 se perfilan como un momento clave: el PRI busca mantener su bastión histórico, mientras Morena enfrenta un terreno difícil por la crisis económica regional y el desgaste del “segundo piso de la 4T”. El 7 de junio se renovará el Congreso local con 25 diputaciones, en un contexto de tensiones económicas y reformas electorales en discusión, pero también de una disputa de narrativas: continuidad y estabilidad frente a cambio y alternancia.
Detrás de la contienda legislativa se juega mucho más que la integración de un Poder Legislativo local. Para el gobierno de Manolo Jiménez, conservar una mayoría cómoda implica garantizar gobernabilidad hasta 2029: aprobar sin sobresaltos presupuestos, obra pública, contratación de deuda, nombramientos de órganos de control y eventuales reformas de largo aliento. Un Congreso alineado con el Ejecutivo permitiría al PRI administrar sin contrapesos significativos el cierre de su ciclo hegemónico y proyectar cuadros para 2027.
En sentido contrario, un Congreso con una bancada fuerte de Morena y sus aliados abriría un escenario inédito en Coahuila: un Legislativo que cuestione el modelo priista, revise prioridades presupuestales, ponga lupa en los contratos de obra y comunicaciones, y obligue al Ejecutivo a negociar cada reforma. Para la 4T, ganar posiciones legislativas es el primer paso para desmontar la narrativa de que Coahuila es “impenetrable” y convertirlo en un territorio realmente competitivo rumbo a la siguiente elección de gubernatura.
Morena y la 4T llegan, además, condicionados por la contracción económica: 42 mil empleos perdidos entre 2024 y 2025, especialmente en el sector automotriz de Ramos Arizpe, erosionan la percepción de bienestar y alimentan la frustración social. Para el PRI, el reto será convencer de que, pese a la crisis, su modelo garantiza estabilidad, seguridad y capacidad de gestión frente a un entorno internacional adverso. Para Morena, el desafío pasa por capitalizar el malestar sin aparecer como responsable desde el gobierno federal, en un contexto donde la ciudadanía suele atribuir la pérdida de empleos tanto a decisiones nacionales como a omisiones locales.
En este terreno, el voto puede adquirir rasgos de plebiscito cruzado: una parte del electorado podría castigar al PRI por no haber blindado el empleo y diversificado la economía; otra, responsabilizar a la 4T por políticas industriales y fiscales que no han logrado sostener el dinamismo del norte del país. El resultado en las urnas mostrará qué narrativa termina imponiéndose en la conversación pública.
A ello se suma la discusión de una reforma que plantea una gubernatura de siete años para homologar calendarios electorales con los federales. Sobre el papel, la iniciativa se justifica en la necesidad de reducir costos, simplificar calendarios y evitar el desgaste de procesos constantes. Sin embargo, sus críticos señalan que una extensión de periodo sin alternancia previa puede consolidar aún más al grupo gobernante y dificultar el relevo democrático. La composición del Congreso que surja en 2026 será decisiva para definir si esa reforma avanza, se matiza o se frena: un PRI con mayoría podría empujarla con relativa facilidad, mientras que un bloque opositor robusto forzaría a renegociar sus términos o incluso a archivarla.
De cara a 2027, se abren al menos tres grandes escenarios. En el primero, el PRI retiene una mayoría sólida en el Congreso y manda el mensaje de que su último bastión sigue en pie: la estructura territorial funcionó, la marca tricolor aún resiste y Morena no logró traducir su fuerza nacional en control institucional local.
En el segundo, el Congreso queda fragmentado y partidos como el PAN o la UDC se convierten en bisagras decisivas; ese equilibrio obligaría a pactos caso por caso, haría más costosa la aprobación de reformas estructurales y podría abrir espacios de negociación que reconfiguren alianzas rumbo a la gubernatura.
En el tercero, Morena y el PT alcanzan un peso comparable o superior al del PRI y, aunque no gobiernen el Ejecutivo, se posicionan como opción real de alternancia para la siguiente elección, con capacidad de bloquear iniciativas clave y de imponer agenda en temas como transparencia, gasto social y modelo de desarrollo.
Lo que ocurra en Coahuila será leído también desde la Ciudad de México. Para la dirigencia nacional de Morena y para la presidenta Claudia Sheinbaum, un avance en escaños en el “último bastión” del PRI funcionaría como símbolo de que el proyecto de la 4T puede penetrar incluso en los territorios más resistentes del viejo régimen. Para el priismo, en cambio, retener el Congreso significaría sostener una vitrina de supervivencia política en medio de la marea guinda, un lugar desde donde demostrar que su modelo de gobierno aún tiene anclaje social y capacidad de gestión.
Aunque no se renovará la gubernatura este año, el desenlace legislativo marcará el pulso político de Coahuila. Para el PRI, mantener el control del Congreso es vital para asegurar estabilidad en el Estado y preservar su margen de maniobra ante una posible embestida opositora en 2027. Para Morena, ganar espacios legislativos significa abrir la puerta a disputar con fuerza la gubernatura, instalar cuadros territoriales, fortalecer liderazgos emergentes y, sobre todo, probar que la narrativa del cambio también puede echar raíces en un estado históricamente priista.
En suma, lo que ocurra en junio de 2026 no será un simple ejercicio legislativo: será la antesala de una batalla mayor, un ensayo que pondrá a prueba alianzas, narrativas y estrategias en un estado que, por tradición, ha sido bastión priista, pero que hoy enfrenta un escenario más competitivo que nunca. Coahuila será, por un año, el único escenario electoral del país y, al mismo tiempo, el espejo en el que la clase política nacional medirá los límites y posibilidades de la 4T frente a la resistencia del viejo régimen.
