El 1 de enero de 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto liberó el precio de los combustibles y los aumentó hasta en un 20%, desatando bloqueos de carreteras, cierres de gasolineras y más de 600 protestas en tres meses. Ese episodio, bautizado popularmente como “el gasolinazo”, marcó un antes y un después en la política energética del país: convirtió el precio de la gasolina en una promesa de campaña, en un termómetro de legitimidad y, para la izquierda que llegó al poder en 2018, en uno de los emblemas más potentes de la ruptura con el pasado.
Casi una década después, el fantasma regresa. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero de 2026, provocaron el cierre de facto del Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. El Brent subió más de 8%, superó los 100 dólares por barril y podría rebasar los 120 si el conflicto continúa. México, que importa más del 40% de sus gasolinas, enfrenta presión directa en los precios.
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó el 10 de marzo al renovar un acuerdo con el 96% de las gasolineras para mantener la Magna por debajo de 24 pesos. El pacto, vigente por seis meses, incluye 13 mil 667 estaciones y excluye diésel y Premium.
¿Cómo se construye un tope de 24 pesos?
Para entender el alcance y los límites del “blindaje” que presume Sheinbaum, es indispensable saber cómo se forma el precio de la gasolina en México. El litro que el conductor paga en la bomba no es un capricho de la petrolera ni del gasolinero: es el resultado de la suma de varios componentes. El precio de referencia internacional —vinculado directamente al precio del barril de petróleo— fija el piso. Sobre ese piso se apilan los costos de logística, el margen de comercialización de la estación, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, el más relevante para esta historia, el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS).
El IEPS es el músculo fiscal que hace posible el tope de 24 pesos. A diferencia del IVA, cuya tasa es fija, el IEPS a combustibles tiene una cuota establecida en pesos por litro que el gobierno puede reducir o eliminar temporalmente mediante estímulos fiscales. Cuando el precio internacional del crudo sube, Hacienda puede activar ese estímulo y absorber parte del alza antes de que llegue al consumidor; cuando el petróleo baja o se estabiliza, el gobierno retira el estímulo y recauda el impuesto en su totalidad. Es un mecanismo que, en palabras del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), convierte al IEPS en “una herramienta flexible para mantener el precio de los combustibles y, a su vez, la inflación”.
El tope de 24 pesos no es, por tanto, un control de precios formal ni una congelación por decreto. Es un pacto político respaldado en la expectativa de que Hacienda tiene espacio fiscal para maniobrar. La mañana del 14 de marzo, Sheinbaum explicó ante los medios la mecánica en términos simples: “Si subiera el petróleo y llegara a impactar en el precio de la gasolina o el diésel, entonces entra el esquema de compensación por el IEPS”. El antecedente más fresco lo tiene ella misma: en 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania disparó el Brent por encima de los 130 dólares, el gobierno de López Obrador activó estímulos de hasta el 100% del IEPS para la Magna y el diésel, logrando que el precio en la bomba no se desbordara. Esa experiencia es el manual que Sheinbaum tiene sobre el escritorio.
La paradoja del IEPS sin estímulos
Aquí comienza la primera tensión del “blindaje”. Para que funcione —reducir el IEPS cuando sube el crudo—, el gobierno debe cobrarlo completo. Eso ha hecho Hacienda desde abril de 2025: recaudarlo al tope. En 2026 subió 3.79% por inflación: 6.70 pesos por litro para Magna, 5.65 Premium y 7.36 diésel. A mediados de marzo, el estímulo seguía en cero.
Son más de 47 semanas con el IEPS sin estímulos. Hacienda, encabezada por Édgar Amador Zamora, proyecta recaudar 473 mil 279 millones de pesos en 2026, equivalente al 62% del total del impuesto. Este monto funciona como reserva para aplicar estímulos si suben los precios.
La estrategia es sólida en papel, pero enfrenta riesgos. El IMCO estima que si el crudo llega a 90 dólares —con la mezcla mexicana cerca de 88—, el Estado obtendría más de 400 mil millones adicionales frente al precio estimado de 54.9 dólares. Cada dólar extra aporta 11 mil 600 millones.
Sin embargo, si esos excedentes se destinan a subsidiar gasolina vía IEPS, se diluyen. Con precios cercanos a 119 dólares, analistas advierten pérdida fiscal. Grupo BASE calcula que un estímulo de 30% implicaría hasta 175 mil millones menos en ingresos.
El costo de mantener la gasolina barata
Las implicaciones de ese agujero fiscal no son abstractas. El análisis de BASE advierte que, sin recortes compensatorios al gasto, los requerimientos financieros del sector público podrían dispararse hasta el 4.6% del PIB, por encima del 4.1% estimado en el Presupuesto 2026. La deuda bruta del país subiría de 55.9% del PIB registrado en 2025 a 59.3% en 2026, frente al 57.4% planeado. En el contexto de un sexenio en el que el gasto social no tiene margen de compresión —programas de bienestar, pensiones, infraestructura estratégica— cada peso que se destina a subsidiar la gasolina es un peso que deja de ir a otra parte.
Esto plantea el dilema que nadie en el gobierno ha querido nombrar con todas sus letras: el subsidio a la gasolina es, en estricto sentido, regresivo. Beneficia proporcionalmente más a quienes más consumen combustible, que suelen ser los hogares de ingresos medios y altos con vehículo propio, no a los más pobres. Múltiples expertos del sector energético han señalado esta paradoja desde hace años: mantener el litro a 24 pesos en un país donde una parte significativa de la población se mueve en transporte público implica distribuir un beneficio fiscal entre los ciudadanos que menos lo necesitan. La discusión sobre si migrar hacia subsidios focalizados —por región, por tipo de combustible o por sector productivo— ha estado presente en los documentos técnicos de organismos como el IMCO y el CIEP, aunque ha encontrado escasa receptividad política en el actual gobierno.
Frente a este debate, la respuesta de Sheinbaum ha sido pragmática y políticamente calculada: el tope aplica únicamente a la gasolina Magna, el combustible más consumido por la mayoría de los mexicanos; la Premium —más cara y usada por sectores de mayor ingreso— quedó excluida del acuerdo y su precio ya superaba los 25.80 pesos al momento de firmar el pacto; el diésel, crítico para el transporte de carga y el campo, tampoco quedó blindado, con un precio que rondaba los 27.70 pesos. Es una solución de compromiso: protege el consumidor mediano, soslaya la regresividad más evidente y evita el costo político del gasolinazo, aunque no resuelve la estructura de fondo.
El escenario que cambia el tablero
Todos los cálculos del gobierno tienen un supuesto implícito: que el conflicto en Medio Oriente no se prolonga en exceso. Si el cierre del Estrecho de Ormuz se convierte en algo más que un standoff temporal, los números dejan de funcionar. Según los escenarios elaborados por Goldman Sachs Research, un cierre completo del estrecho durante un mes podría elevar el precio del barril entre 10 y 15 dólares adicionales, incluso si se utiliza toda la capacidad de las rutas alternativas. J.P. Morgan fue más categórico aún: el Brent superó los 100 dólares el 9 de marzo de 2026 y el banco proyectó cortes de producción en la región de hasta 7 millones de barriles diarios para el 22 de ese mes. En el peor escenario —cierre total del estrecho combinado con ataques a infraestructura petrolera en Arabia Saudita o Qatar—, los analistas de RBC Capital Markets calculan que el crudo podría superar los niveles de 128 dólares registrados durante la guerra de Ucrania en 2022, y acercarse o superar el pico histórico de 146 dólares de 2008.
Para México, ese escenario extremo tiene dos caras. La positiva: los excedentes petroleros se multiplican y el gobierno tendría, en teoría, más recursos para financiar el subsidio al IEPS sin contraer deuda adicional. La negativa, y más inmediata: el costo de importar gasolina se dispara, la inflación sube —ya en 4.02% anual al cierre de febrero de 2026 y con perspectivas de alcanzar el 4.3% en marzo—, el tipo de cambio se presiona y la actividad económica global se contrae, reduciendo las perspectivas de crecimiento de México. El petróleo caro no es un regalo libre de condiciones.
La Jornada recogió a principios de marzo la lectura de analistas financieros según los cuales, con el crudo arriba de 100 dólares, el pacto con los gasolineros “blinda” a México mientras los precios no rebasen cierto umbral crítico. Por su parte, El Economista apuntó que la gasolina se mantiene estable gracias a la combinación de acuerdo empresarial, IEPS en máximos y márgenes que aún no se han erosionado. Pero ese mismo diagnóstico implica que el sistema opera sin colchón adicional: si el crudo sube más de lo previsto, los tres apoyos deberán actuar de forma simultánea y coordinada —algo que, en la práctica, nunca es sencillo.
Un blindaje real, con condiciones reales
La estrategia de Sheinbaum no es un farol. México tiene instrumentos reales para amortiguar el impacto de un shock petrolero —el IEPS flexible, el acuerdo con gasolineros, la progresiva autosuficiencia de refinación de Pemex y el colchón de excedentes petroleros— y el gobierno los conoce y los ha usado antes con resultados probados. Comparado con el episodio de 2017, cuando el gobierno simplemente liberó precios y se desataron las protestas, el margen de maniobra actual es genuinamente mayor.
Pero el blindaje funciona bajo condiciones específicas que no están garantizadas: que el conflicto en el Estrecho de Ormuz sea de corta duración, que Pemex cumpla sus metas de refinación sin paros críticos, que la deuda pública no supere los umbrales previstos y, sobre todo, que Hacienda comunique con honestidad a la ciudadanía cuánto está costando el “no gasolinazo” y de dónde sale ese dinero. Si alguna de esas condiciones falla, el tope de 24 pesos dejará de ser un emblema político para convertirse en una carga insostenible.
La gasolina a 24 pesos no es ni una promesa vacía ni un blindaje impenetrable. Es una apuesta de política pública que, por ahora, tiene las fichas sobre la mesa. El mercado y el tiempo dirán si fue suficiente.
