por RAMSES PECH
En México, actualmente la inversión en el sector energético solo representa el 2 por ciento del total que es realizado a nivel mundial, y dentro del T-MEC el 12 por ciento. La inversión extranjera directa en el sector de energías solo representa el 3 por ciento del total que entra al país.
El total invertido en el sector energético por México, el promedio actual en la última década ha fluctuado entre los 60 a 70 mil millones de dólares. ¿A dónde? El 90 por ciento de la inversión es pública, y el 10 por ciento privada. Pero esto, ¿es bueno para el país ante los cambios actuales que podría haber del costo del dinero en bajar? ¿Y sería adecuado que la parte privada asuma los riesgos?
En 2026, es muy probable que el presupuesto programado en el sector de energía pueda ser igual o menor, ante la política de reducir el déficit presupuestal, y el aumento de una mayor cantidad en el desarrollo social, específicamente en la protección social en el rubro de programas sociales, que podrían llegar a un billón de pesos, y que sería casi igual al gasto de energía.
Pero, primero, hay que entender los riesgos que tiene la inversión pública en el sector de energía, y tener en cuenta que las empresas del Estado mexicano, el 95 por ciento de sus actividades operativas, mantenimiento y actualizaciones técnicas, dependen de la subcontratación de entidades físicas o morales, mediante licitaciones públicas, invitaciones restringidas o asignaciones directas para cubrir la demanda de los diferentes mercados.
A todo esto, debemos entender y comprender que cualquier inversión en el sector de energía tiene uno de los principales riesgos de invertir dinero público: la posibilidad de incurrir en sobrecostos o desviaciones presupuestales. Los proyectos pueden requerir inversiones adicionales debido a factores imprevistos como cambios en el precio de materiales, fluctuaciones en la tasa de cambio, retrasos en la construcción, problemas logísticos o ambientales. Cuando los costos superan las proyecciones iniciales, se corre el riesgo de comprometer recursos destinados a otros sectores sociales prioritarios, afectando la calidad de vida y los servicios básicos para la población.
Además, los proyectos energéticos suelen ser de gran escala y largo plazo, lo que aumenta la incertidumbre en torno al retorno de la inversión. Un mal cálculo financiero puede dejar a la entidad pública con activos subutilizados, devaluados o incluso inviables.
La inversión de recursos públicos en energía específica implica el riesgo de que dicha tecnología pierda competitividad, lo que puede traducirse en activos varados (stranded assets) y pérdidas económicas. Por tal motivo, debe haber una continua renovación de cómo es usada la tecnología.
Dependiendo del mecanismo que sea utilizado para tener acceso a tecnología y que sea aplicada al sector energético, debe ser considerada la constante evolución de esta, con tecnologías emergentes actuales que pueden volver obsoletas a las inversiones actuales en apenas unos años.
Un fallo tecnológico puede retrasar la operación, elevar los costos o reducir los beneficios esperados. Por lo tanto, las regulaciones y leyes deben estar siendo adaptadas en forma continua, basadas en una cuestión técnica y no política, bajo órganos reguladores capaces de comprender y aplicar los cambios geopolíticos y del mercado interno con base en la demanda y consumo en el mediano a largo plazos.
Apostar recursos públicos a una tecnología está sujeto a presiones políticas y a cambios en las prioridades gubernamentales. Es común que los proyectos sean utilizados como instrumentos de imagen o propaganda, estableciendo metas poco realistas o acelerando procesos sin la debida planeación técnica. Los cambios en la administración pública pueden detener, modificar o incluso cancelar proyectos, generando pérdidas económicas y desconfianza en las entidades financieras y calificadoras.
Asimismo, existe el riesgo de corrupción, conflictos de interés y manejo poco transparente de los recursos ante proyectos carentes de una planeación adecuada, incidiendo en no tener mecanismos sólidos de rendición de cuentas y supervisión independiente. Los proyectos pueden convertirse en focos de irregularidades y desvío de fondos, lo cual genera daños patrimoniales no recuperables y depende de una buena gestión del órgano de fiscalización sobre cómo fueron usados. Esto es responsabilidad, por parte de la Auditoría Superior de una nación.
El sector energético depende del mercado de consumo, que puede ir desde el comercial, industrial o doméstico, y cada uno de ellos tiene una característica especial y presenta cambios constantes. Hoy ningún país tiene soberanía energética. Algunos de ellos, lo que han hecho ha sido reducir su dependencia de otros países para tener la energía necesaria para sus mercados; por lo tanto, todas las naciones actualmente están sujetas a la dinámica de los mercados internacionales, la volatilidad de los precios de combustibles, cambios en la demanda y aparición de competidores privados o internacionales.
Una caída en el precio de la energía puede reducir los ingresos esperados y hacer inviables ciertos proyectos públicos. La apertura a la competencia, las reformas regulatorias o la entrada de nuevas tecnologías pueden desplazar modelos de negocio tradicionales, poniendo en entredicho la viabilidad financiera de la inversión pública en proyectos no aptos para el futuro.
El uso de recursos públicos implica una responsabilidad ética y social. Una mala gestión, accidentes, impactos ambientales o escándalos de corrupción pueden dañar irreversiblemente la imagen de la entidad responsable y de los tomadores de decisiones, disminuyendo la confianza pública y dificultando futuras inversiones, ante la incertidumbre del mundo financiero de ser parte de un mercado en un país.
De acuerdo con análisis realizados a diferentes países, y que gran parte del dinero invertido que utilizan es público, y con lo anterior descrito, encontramos, en forma resumida, los siguientes riesgos que pueden afectar al sector de energía, y que algunos de estos pueden ser aplicados para México:
Desviación presupuestal: los costos reales pueden exceder ampliamente las estimaciones iniciales, debido a errores de planeación, inflación o cambios en la tecnología.
Endeudamiento público: grandes proyectos pueden requerir financiamiento externo, que incremente la deuda pública, afectando a otros sectores prioritarios, como salud o educación.
Riesgo de activos varados: cambios tecnológicos o de mercado pueden hacer obsoletas infraestructuras antes de que terminen su vida útil, dejando inversiones millonarias sin recuperar.
Fuga de recursos: el mal manejo de fondos puede dar lugar a corrupción, favoritismo o ineficiencia en la asignación y ejecución de los recursos.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 10 DE REVISTA GUINDA
