Cuando Claudia Sheinbaum ganó la presidencia en junio de 2024, uno de los primeros nombres que circuló para su gabinete no fue el de un político con plaza en el Congreso ni el de un operador con décadas en la estructura partidista. Fue el de José Antonio Peña Merino, ingeniero en telecomunicaciones, exprofesor del CIDE y el ITAM, cofundador de Data Cívica, y el hombre que durante cinco años había dirigido la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México. La transformación digital no sería un apéndice administrativo del nuevo gobierno. Sería una columna del proyecto político.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) fue anunciada el 24 de junio de 2024 con el objetivo explícito de replicar a nivel federal las funciones que la ADIP había ejercido en la capital.El modelo no nacía de un laboratorio de ideas externo ni de una consultoría internacional. Venía de la experiencia acumulada de las calles y los servidores de la Ciudad de México.
La pregunta que se instaló desde entonces no fue si México digitalizaría su gobierno —eso ya lo prometían sexenios anteriores con portales que nunca funcionaron bien—, sino si esta vez el Estado construiría capacidad propia o volvería a comprarla.
Del outsourcing al código propio
Durante años, el modelo tecnológico del gobierno mexicano funcionó con una lógica sencilla y cara: comprar afuera lo que no se sabía hacer adentro. Contratos millonarios con proveedores privados, licencias de software propietario renovadas año tras año, sistemas que el propio gobierno no podía modificar porque no tenía acceso al código fuente. La dependencia tecnológica no era un efecto secundario de esa política. Era su estructura.
Cuando Merino dirigía la ADIP, montó una fábrica de software propia con 40 desarrolladores egresados de universidades públicas. Para 2023, esa iniciativa había reducido los trámites de la ciudad a una cuarta parte, pasando de 2,100 a 530. El ahorro acumulado en sus primeros cuatro años de operación llegó a 3,880 millones de pesos.
Los números son atractivos. Pero la apuesta ahora va más lejos que el ahorro presupuestal. Lo que la ADIP probó en Ciudad de México —y lo que la ATDT intenta escalar al país entero— es una tesis política: el Estado puede y debe desarrollar tecnología propia, esa capacidad reduce la corrupción al eliminar intermediarios, y los datos que genera la relación entre gobierno y ciudadanos deben quedar bajo control público, no en servidores de empresas privadas.
La Ley de Simplificación Administrativa y Digitalización que impulsa el gobierno de Sheinbaum tiene entre sus objetivos institucionalizar en los tres órdenes de gobierno el desarrollo de capacidades tecnológicas propias, mediante la integración de equipos de desarrolladores que garanticen la soberanía tecnológica y una red nacional de software público que comparta recursos a todo el país.
El concepto de “software público” tiene historia fuera de México. Brasil lleva más de dos décadas con portales de código abierto y repositorios compartidos entre municipios. India ha construido infraestructuras digitales propias —el sistema de identidad Aadhaar, la pasarela de pagos UPI— que hoy procesan cientos de millones de transacciones diarias con tecnología desarrollada por el propio Estado. La Unión Europea lleva años discutiendo soberanía tecnológica como alternativa a la dependencia de plataformas estadounidenses. México llega tarde a esa conversación, pero llega con un modelo que, al menos en la Ciudad de México, tuvo resultados medibles.
Qué significa soberanía tecnológica en la práctica
El término suena un tanto abstracto. En la práctica se rompe en cuatro problemas concretos.
El primero es la infraestructura: ¿dónde viven los sistemas del gobierno? La ATDT trabaja en la Nube MX, una plataforma de cómputo y almacenamiento bajo estándares de soberanía tecnológica, con el objetivo de reducir la dependencia de proveedores externos.El dato importa porque un gobierno que almacena su información en servidores de una empresa extranjera no controla del todo esa información.
El segundo problema es el software: ¿quién escribe el código que procesa los datos de los ciudadanos? El decreto que creó la ATDT establece entre sus facultades el desarrollo e implementación de software y soluciones tecnológicas en la administración pública federal, así como la operación de una fábrica de software público.
El tercero es la identidad digital. La ATDT trabaja en Llave MX, un mecanismo que permitirá realizar cualquier trámite en línea mediante la vinculación del número de teléfono o correo electrónico con la CURP.Es la apuesta ,por una capa de autenticación pública que no dependa de Google, Apple, Meta o ningún proveedor privado.
El cuarto es la conectividad. El acceso a internet, reconocido como derecho constitucional en México desde 2013, persiste con rezagos: en localidades rurales menores, solo el 68% de las personas accede, frente al 81.7% de la población en general.Una política de soberanía tecnológica que no llega a esas comunidades es soberanía de papel.
La fábrica de talento que el Estado necesita
Escribir código propio requiere programadores propios. Ahí el problema se vuelve estructural.
Según datos del gobierno de México, en el tercer trimestre de 2024 había cerca de 400,000 personas que trabajaban como desarrolladoras y analistas de software y multimedia en el país. Ese número representa apenas el 0.3% de la población, y es insuficiente para la demanda tanto del sector privado como del gobierno.
El Estado mexicano compite por ese talento escaso contra empresas que pagan tres o cuatro veces más, que permiten trabajo remoto desde cualquier parte del mundo, y que no tienen las rigideces del servicio civil. Retener a un programador competente dentro del gobierno es difícil y formarlo dentro del gobierno es más fácil decirlo que hacerlo.
José Peña Merino reconoció en 2018, semanas antes de empezar en la ADIP, durante una conferencia organizada por IBM, que el perfil de desarrollador que buscaba era uno con gran sentido social.
Para obtener ese perfil de desarrollador se cuenta con la Escuela Pública de Código, una iniciativa de la ATDT orientada a cerrar esa brecha y crear desarrolladores con ese perfil. Entre enero y junio de 2025, capacitó a cerca de 2,195 servidores públicos de los tres niveles de gobierno, provenientes de 138 municipios y 427 dependencias. Otros 2,945 jóvenes se formaron en desarrollo de software y ciberseguridad, y más de 5,100 personas recibieron acompañamiento técnico hacia certificaciones tecnológicas.
Son cifras ambiciosas, mas aún insuficientes si se ponen junto al Estado mexicano: decenas de dependencias federales, 32 estados, más de 2,400 municipios, la mayoría sin una sola persona formada en tecnología entre su personal de planta.
El curso “Bases Tecnológicas para el Servicio Público”, que en su tercera generación incluyó a servidores de Baja California, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán, apunta en la dirección correcta. Pero la resistencia institucional no está solo en la falta de habilidades técnicas. Está en el modelo mental de funcionarios que llevan décadas operando con lógicas que la digitalización amenaza: control de información, intermediación discrecional, opacidad como poder.
El nacimiento del federalismo digital
Hay una grieta en el modelo que ningún decreto cierra fácilmente: la desigualdad entre estados.
La CDMX tiene una agencia digital con cientos de técnicos, presupuesto, experiencia acumulada y una fábrica de software operando desde 2019. Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Zacatecas tienen contextos radicalmente distintos: menos recursos, menos personal capacitado, más distancia de los centros donde se toman las decisiones tecnológicas nacionales.
El Programa Sectorial de Transformación Digital 2025-2030 identifica la desigualdad territorial en conectividad como un problema urgente. Hay 10.2 millones de mexicanos que viven en zonas de difícil acceso donde el despliegue de redes 4G o 5G no es rentable económicamente.
La estrategia satelital busca llegar a esas zonas. Pero la conectividad es solo la capa más visible de la brecha. Debajo hay otra: la capacidad institucional para usar esa conectividad con sentido. Un municipio que recibe internet satelital pero no tiene quién opere sus sistemas de trámites o no tiene presupuesto para pagar a un desarrollador y carece de claridad legal sobre qué datos puede recopilar y cómo guardarlos, sigue operando en la oscilación entre el papel y el chat de WhatsApp.
La homologación de plataformas que la ATDT promueve: una misma identidad digital, un mismo repositorio de software público, estándares compartidos entre niveles de gobierno, puede ser una solución de coordinación real o puede convertirse en centralización con nombre mercadeable. La diferencia la marcarán los mecanismos de participación de los estados en las decisiones, que hasta ahora no están del todo claros.
Cambios finalmente
Bajo la gestión de Merino en la ADIP, la Ciudad de México llegó a 29,787 puntos de conectividad que conectan a cinco millones de usuarios únicos. Se lanzó la plataforma Plaza Pública para consultas ciudadanas digitales, el Portal de Datos Abiertos y la App CDMX, que ofrece 29 servicios y documentos digitales como licencia de conducir, tarjeta de circulación y credencial de funcionario.Todo ello es medible y costeable.
El reto ahora es ver si esa experiencia se puede escalar a un país de 130 millones de personas, con una burocracia federal incomparablemente más pesada que la de una ciudad, con intereses económicos afectados que tienen décadas de relación con funcionarios de alto nivel, con sindicatos que protegen estructuras que la digitalización puede volver redundantes, y con estados que no reciben el mismo trato ni los mismos recursos que el laboratorio capitalino, un reto varias categorías encima.
La apuesta es real. Los obstáculos también. Y los proveedores que perdieron contratos millonarios, los intermediarios que vivían de la opacidad burocrática y los sistemas heredados que nadie quiere tocar porque “así han funcionado siempre” no se van a retiran por decreto.
México lleva décadas prometiendo modernizar su Estado. Esta vez hay una diferencia: hay código escrito, hay plataformas funcionando, hay una fábrica de software con presupuesto. Si eso alcanza para cambiar la relación entre el Estado y sus ciudadanos será muy bueno, a menos que los intereses creados responda que la solución está en otra ventanilla.
Por lo pronto, los esfuerzos ya son visibles, al grado de quela ATDT ya ha sido nominada en cinco categorías para los Premios WSIS (Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información) 2026, nadie en Latinoamérica obtuvo esa cantidad de nominaciones, un reconocimiento a lo bien que se están haciendo las cosas en este rubro en México.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 18 DE REVISTA GUINDA
