Cómo las campañas estadounidenses construyen —y destruyen— la imagen de México según el cálculo electoral del momento.
Hay una verdad que los analistas de política exterior suelen evitar porque incomoda a todos los bandos: México no cambia según qué partido gobierne en Washington. Lo que cambia es el electorado al que se apela y la dimensión o máscara con que se le presenta al vecino del sur.
Desde los años noventa, pero con una intensidad que se ha vuelto clínica en el siglo XXI, la imagen de México en las campañas políticas estadounidenses oscila entre tres arquetipos que tienen muy poco que ver con la realidad bilateral y mucho con las ansiedades internas del votante norteamericano: el Problema, el Socio y la Frontera en Disputa.
“México es el problema”
Cuando México aparece como amenaza en la narrativa política estadounidense, el guión es tan predecible como eficaz. Hay drogas que cruzan la frontera, hay migrantes que “invaden” el territorio, hay cárteles que “gobiernan” al gobierno. El votante que recibe ese mensaje no necesita datos; necesita un enemigo externo que explique su malestar interno.
El momento fundacional de este relato en la era contemporánea ocurrió el 16 de junio de 2015, cuando Donald Trump anunció su candidatura presidencial acusando a México de enviar “criminales” y “violadores” a Estados Unidos.
El efecto fue inmediato y duradero: una construcción discursiva que colocaba a la frontera sur como “el lugar más inseguro del planeta” se replicó en mítines y millones de mensajes en redes hasta convertirse, en palabras del investigador Leonardo Curzio del CISAN-UNAM, en “una especie de verdad acuñada y revelada” cuyo eco fue favorable en la mayoría de la población estadounidense.
La expresión “bad hombres”, lanzada por Trump en el debate presidencial de octubre de 2016, condensó en dos palabras esa demonización sistemática: México como fuente de criminalidad, de opioides, de una amenaza racial difusa que el candidato republicano ofrecía contener con cemento y acero.
La narrativa del Problema no está diseñada para la política exterior. Está diseñada para el votante blanco de clase media que siente que algo se le escapa, que necesita un culpable concreto y que encuentra en la frontera sur una metáfora perfecta de sus angustias.
En 2026, esta lógica alcanzó su expresión más sofisticada y más agresiva. El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —militante de Morena, el partido del que proviene la presidenta Sheinbaum—, y a otros nueve funcionarios de ese estado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la facción de Los Chapitos.
“México es nuestro socio”
Cuando México aparece como aliado estratégico, el tono cambia por completo, pero la lógica es la misma: servir a un electorado diferente. Los demócratas, históricamente más dependientes del voto latino y más comprometidos con el discurso multilateralista, han tendido a presentar la relación bilateral como una asociación entre iguales, aunque rara vez lo hayan practicado con coherencia.
En 2016, la campaña de Hillary Clinton usó los propios ataques de Trump a México como argumento electoral: recordó “los múltiples ataques que su rival republicano ha hecho a México y los mexicanos” para posicionarse como defensora de la comunidad hispana y de una política exterior respetuosa. En 2020, el equipo de transición de Joe Biden se comprometió formalmente a trabajar con México “para abordar las causas fundamentales de la migración” y a fomentar el crecimiento económico en Centroamérica y el sur del país.
La académica Isabel Osorio-Caballero, de la UNAM, señaló que Biden articulaba “una narrativa que incluye a México así como una relación bilateral respetuosa y positiva”, en contraste con los cuatro años de hostilidad retórica que lo precedieron. El T-MEC —el Tratado México-Estados Unidos-Canadá firmado en el primer mandato de Trump precisamente porque la interdependencia económica hacía imposible el divorcio— se convertía, en boca demócrata, en prueba de que la cooperación era posible y rentable.
Más de un billón de dólares anuales en comercio bilateral, millones de empleos en ambos lados de la frontera, la dependencia de cadenas de valor manufactureras que cruzaron el Río Bravo décadas antes de que ningún candidato pronunciara la palabra nearshoring: la relación económica sobrevive a la retórica porque no puede permitirse no hacerlo.
“La frontera con México es conflictiva”
La tercera máscara es la más compleja y la más peligrosa porque opera simultáneamente en los otros dos registros. Históricamente, esta máscara ha generado los momentos más esquizofrénicos de la relación bilateral: Trump visitando a Peña Nieto en Los Pinos en agosto de 2016 con un tono de “gran respeto” por el pueblo mexicano, para horas después prometer ante sus seguidores en Arizona que “México pagará el muro al cien por ciento”.
La frontera como escenario donde es posible ser simultáneamente socio en privado y enemigo en público, porque cada audiencia recibe el mensaje que quiere escuchar. El T-MEC se presentó en 2018 ante los medios como un triunfo de la negociación dura de Trump, mientras que la esencia del acuerdo —la continuidad del libre comercio norteamericano— permanecía intacta.
En el ciclo 2025-2026, la Frontera en Disputa adquirió una nueva dimensión que Sheinbaum nombró con precisión en el Monumento a la Revolución el 31 de mayo de 2026: la frontera ya no es sólo geográfica, es también informacional. “Las grandes plataformas pertenecientes a los consorcios internacionales controlan el manejo y la manipulación de las redes sociales”, advirtió la presidenta, señalando que el algoritmo se ha convertido en el nuevo campo de batalla donde se disputa la soberanía narrativa de México.
La frontera en disputa en 2026 se libra con bots, con hashtags y con dinero anónimo circulando a través de granjas de cuentas falsas que un día manufacturan el relato del narcogobierno y al día siguiente amplifican la desinformación sobre fentanilo.
Cuando las tres máscaras se superponen
El momento actual es, en términos de análisis político, el más interesante de las últimas décadas precisamente porque las tres máscaras operan de forma simultánea. La denuncia de Sheinbaum tiene una arquitectura argumental precisa. En sus declaraciones de mayo y junio de 2026, la presidenta distinguió cuidadosamente entre Donald Trump —a quien no acusó directamente de encabezar la ofensiva— y “sectores de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación con México, que no están de acuerdo con nuestro gobierno por razones ideológicas”.
Esos sectores, señaló, se articulan con la derecha mexicana con un doble objetivo: usar a México como “retórica” para las elecciones intermedias de noviembre de 2026 en Estados Unidos y, simultáneamente, debilitar al gobierno morenista de cara a los comicios mexicanos de 2027.
Los datos que el gobierno ha presentado sugieren que esa maquinaria existe y opera a escala industrial. Tras las acusaciones contra los funcionarios sinaloenses, el gobierno detectó más de 147,000 cuentas falsas activadas en apenas cuatro días, con financiamiento de origen no identificado, nacional e internacional.
La respuesta del gobierno ha sido doble. Por un lado, la aprobación por el Congreso mexicano de una reforma constitucional que permite la nulidad de elecciones cuando se compruebe “injerencia extranjera”. Por otro, la creación de un espacio semanal de “derecho de réplica” encabezado por la expresidenta nacional de Morena y hoy consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, en el que el gobierno documenta y exhibe cómo se articulan las redes de desinformación, identificando noticias falsas publicadas por medios que se niegan a rectificar.
La cuestión ineludible en la relación bilateral
El gobernador Rocha Moya y nueve funcionarios de Sinaloa enfrentan acusaciones formales presentadas por el Departamento de Justicia de Nueva York; la Fiscalía General de México los citó a declarar; algunos de los acusados se entregaron. Que esas acusaciones puedan ser instrumentalizadas políticamente por sectores de la ultraderecha estadounidense no las invalida jurídicamente, del mismo modo que su existencia no valida automáticamente la narrativa del narcogobierno que bots y actores políticos han convertido en tendencia global.
La presidenta Sheinbaum lo formuló con una pregunta que ella misma calificó de no retórica: “¿Es realmente interés legítimo, genuino por ayudar a México para combatir la delincuencia organizada? ¿O estamos viendo cómo la ultraderecha estadounidense utiliza a nuestro país para posicionarse rumbo a las elecciones de 2026?”.
Sheinbaum también advirtió que estas campañas de desinformación forman parte de una “red internacional de la ultraderecha” que conecta actores de Colombia, Argentina, España y Estados Unidos, con recursos económicos suficientes para orientar algoritmos y moldear la opinión pública.
Soberanía en la Era del Algoritmo
El ciclo que se abre con las elecciones intermedias estadounidenses de noviembre de 2026 no es simplemente el enésimo capítulo de la relación bilateral más compleja, más densa y más asimétrica del hemisferio. Es el momento en que el campo de batalla se ha desplazado definitivamente de la geografía a la narrativa.
Las tres máscaras —Problema, Socio, Frontera en Disputa— ya no se construyen en los discursos de campaña o en las columnas editoriales. Se fabrican en granjas de bots, se amplifican en algoritmos diseñados para maximizar el conflicto y se financian con dinero cuyo origen nadie ha podido rastrear del todo.
“México no es piñata de nadie”, dijo Sheinbaum en el Monumento a la Revolución. Pero la pregunta que sigue abierta es qué herramientas tiene un país para disputar su propia narrativa cuando el campo de batalla son los servidores de Silicon Valley y el árbitro es un algoritmo que no distingue entre soberanía y tendencia.
