Más allá de resultados de participación ciudadana que posiblemente no satisfacen las expectativas de organizadores y del propio gobierno que empujó la controvertida reforma para que se hicieran por primera vez en la historia de este país, las elecciones del domingo 1º de junio para renovar el Poder Judicial de la Federación y de 19 entidades federativas dejan lecturas y lecciones que deben entenderse y atenderse.
En los siguientes días veremos un debate, quizá tan intenso como el que se vivió en los medios de comunicación en días previos, no para exhortar a los mexicanos a votar y ser partícipes en este proceso inédito, sino para cuestionar su desarrollo y sembrar dudas en torno al posible desorden en que incurrió el INE, a las filias de algunos de los tres mil 422 aspirantes e incluso presuntos vínculos cuestionables de otros. Todo, para que la gente no saliera a votar; ahuyentar a los votantes.
Ahora, los adversarios al régimen morenista seguirán insistiendo que fue una farsa por la baja concurrencia a las urnas, o que fue un fracaso por la complejidad de un proceso que muchos no entendieron, sobre todo los electores que en las urnas se confundieron con seis boletas con colores distintos para elegir casi 900 jueces, magistrados y ministros, más las de mil 800 juzgadores locales en el caso de los 19 estados que renovaron sus poderes judiciales, más las de candidatos a alcaldes en Durango (39) y Veracruz (213).
Cierto, la elección judicial no fue lo deseable. Lo ocurrido es un llamado apremiante para que en lo subsecuente se organicen y se hagan mejores contiendas de esta naturaleza, que tengan recursos presupuestales suficientes para que no quede nada a la deriva, y los ciudadanos puedan informarse con amplitud qué habrán de elegir y quiénes aspiran a ser nuevos juzgadores.
Con todas las imperfecciones de la elección, hoy tenemos resultados verificables y quienes resulten los ganadores, habrán de ser investidos como jueces, magistrados y ministros de lo que esperamos los mexicanos desde hace mucho: un Poder Judicial vigoroso, confiable, sin corrupciones, ni ataduras inconfesables, prueba fehaciente de una auténtica división de poderes.
Pero también, queremos que el nuevo Poder Judicial muestre que la administración de la justicia es perfectible, que corrige sus yerros y que está en modernización constante, para que los ciudadanos justiciables reciban lo que de toda la vida se ha presumido en el discurso: una justicia imparcial, pronta y expedita.
Lo de los comicios locales en Durango y Veracruz refleja el crecimiento y supremacía de Morena. Pero también exhibe que hay una oposición que sigue sin convertirse en la opción de gobierno que pudo ser en algunos momentos del pasado reciente y que, hacia adelante, no se ve qué puede ofrecer hacia el 2027 y 2030.
