Once pasos para rescatar a Pemex

Con la Estrategia Nacional del Sector de Hidrocarburos y Gas Natural puesta en marcha por la presidenta Claudia Sheinbaum, el segundo gobierno de la Cuarta Transformación hace una apuesta muy grande por rescatar a Petróleos Mexicanos luego de que se reformara la Constitución para que ésta ya no sea más una empresa productiva del Estado y opere como empresa pública sin fines de lucro, con el objetivo de procurar la soberanía energética como palanca del desarrollo social.

Los documentos hechos públicos por el Poder Ejecutivo, basados en la presentación realizada por la Presidenta Sheinbaum y su gabinete energético y hacendario, así como en el proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos para 2025, establecen que el Gobierno Federal fortalecerá la planeación y ordenamiento del sector hidrocarburos, vigilando el estricto cumplimiento de la política energética nacional, mediante una exploración responsable y sostenible de los hidrocarburos acorde a las necesidades nacionales.

En un ejercicio de comunicación transparente sin precedentes, las empresas del sector y la ciudadanía cuentan tempranamente con definiciones importantes subrayadas de viva voz por la presidenta Sheinbaum, en materia de inversiones, de control de precios de petrolíferos, de marco regulatorio y de control de emisiones, los cuatro ejes más importantes de acuerdo con analistas nacionales y extranjeros.

En lo que se refiere a la producción de hidrocarburos y sus derivados, la jefa del Poder Ejecutivo ha definido que “la prioridad es y seguirá siendo el consumo nacional, no la exportación”. Entre los compromisos concretos expuestos por Sheinbaum se encuentran mantener una relación de reservas respecto de la producción de hidrocarburos de, por lo menos, 10 años; aumentar la producción nacional de petroquímicos para suministrar insumos a la industria nacional y fertilizantes para la producción de alimentos; consolidar la refinación de petróleo para lograr la autosuficiencia nacional en gasolinas y diésel; desarrollar un marco normativo para impulsar los biocombustibles y combustibles limpios y aumentar la capacidad de almacenamiento de gasolinas, diésel y gas para fortalecer la seguridad energética nacional.

A la población en general, la presidenta ha dado garantías de que no aumentará el precio de los energéticos en términos reales en los próximos seis años. “Se mantendrá el control del precio máximo del gas LP, y el precio de las gasolinas y diésel no se incrementará por encima de la inflación”.

Para que la actividad petrolera vuelva a ser un importante resorte para el desarrollo social, el llamado gobierno del segundo piso de la transformación buscará que todos los proyectos se realicen tomando en cuenta a las comunidades indígenas, de tal manera que tanto Pemex como la iniciativa privada incluyan beneficios sociales. “Vamos a verificar que exista un trabajo social con las comunidades y que se realicen consultas públicas para que los proyectos tengan beneficios sociales”.

Además de ratificar que el potencial productivo de litio será asegurado como recurso estratégico de la nación, la presidenta ha sido clara en la definición más importante y esperada por inversionistas nacionales y extranjeros, en torno a la coexistencia de soberanía e inversión privada en el sector energético, conceptos que, para el nuevo gobierno mexicano, no son mutuamente excluyentes, al grado de no descartar que los particulares puedan coinvertir en áreas hasta ahora reservadas para Pemex.

Tanto en el litio como “en la producción de hidrocarburos, industria petroquímica, producción de fertilizantes, se podrán desarrollar proyectos mixtos entre la inversión privada y Pemex, manteniendo la soberanía energética. Fomentaremos proyectos mixtos sin perder la soberanía nacional”.

El dato que cierra el círculo virtuoso de la información técnica, política y financiera en torno al futuro de Pemex, pudo leerse entre líneas en los documentos oficiales de la presentación de la Estrategia Nacional del Sector de Hidrocarburos y Gas Natural, en lo que se refiere al servicio de su deuda. En el comunicado oficial de la Presidencia se consignan respuestas a una pregunta sobre la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda hiciera transferencias para el ejercicio 2025 por alrededor de seis millones de dólares para apoyo presupuestario para Pemex, que el próximo año tendrá vencimientos por nueve mil millones de dólares, y otro monto aún indeterminado a transferírsele en 2026.

Las respuestas de Sheinbaum Pardo y del director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla que consigna el documento, confirmaban tempranamente la intención del gobierno de seguir apoyando no sólo fiscalmente a Pemex “con la posible reducción del Derecho de Utilidad Compartida, ahora rebautizado como Derecho Petrolero para el Bienestar que ahora es del 30 por ciento pero podría ser incluso menos”, sino también con transferencias que, aun cuando la cifra de seis mil millones de dólares planteados por la reportera era imprecisa ya se estaba valorando.

“Por ejemplo, en este presente ejercicio fiscal hubo una partida, una línea presupuestal para la amortización de Pemex. Estamos considerando todas las opciones y la cifra final dependerá de muchas variables que estamos terminando de poner en el paquete presupuestal”, pudo leerse en el comunicado el mismo día de la presentación de la Estrategia, en el que se augura que el nuevo régimen fiscal y la simplificación administrativa, punto este último con el que se estiman ahorros por 50 mil millones de pesos tan solo en 2025, ayudarán a superar el atorón financiero de la petrolera mexicana.

La certidumbre propiciada por estas declaraciones, en medio de especulaciones sobre la calidad crediticia de México, se confirmaría dos días después, con la presentación ante la Cámara de Diputado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, que prevé una aportación de 136 mil 210 millones de pesos de Hacienda para Pemex, “para el pago total de las amortizaciones de deuda de mercado y créditos bancarios adquiridos por la empresa”, como se marca en el documento y con el que se espera que la empresa obtenga un superávit financiero el próximo año.

Si bien proyecto de Presupuesto habla del pago total de las amortizaciones de deuda de mercado, salta a la vista que la transferencia patrimonial prevista no es suficiente por sí sola para el pago de aproximadamente nueve mil millones de dólares de vencimientos de deuda que, de acuerdo a la calificadora Bloomberg, Pemex enfrentará el próximo año.

Por eso resulta vital que los planes de fusión de las tres subsidiarias y la desaparición de varias filiales de Pemex tengan éxito, pues con los 50 mil millones de pesos que se espera obtener de ahorros de dicha simplificación administrativa, Pemex lograría saldar el servicio de la deuda que se le vence en 2025 sin recurrir a nueva colocación ni a refinanciamiento.