En el municipio de Cherán, Michoacán, el presupuesto anual para mantenimiento de caminos ronda los dos millones de pesos. En la capital del mismo estado, el Congreso local gasta, en promedio, más de 934 millones de pesos al año para sostener a sus diputados. La proporción no es una anomalía: es el sistema funcionando tal como fue diseñado.
Cuando el debate sobre el costo de la democracia mexicana sube a la superficie, los reflectores caen casi siempre sobre el Instituto Nacional Electoral y sobre los partidos políticos. Sus presupuestos se citan, se desglosan, se exhiben en infografías. Pero los congresos locales —32 legislaturas repartidas en todo el país— y los más de 2,400 cabildos municipales con sus regidores permanecen en una zona de menor visibilidad, pese a que juntos suman un gasto anual que supera los 14 mil millones de pesos, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Ese agujero es, precisamente, el blanco del llamado Plan B de Reforma Electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum. La propuesta busca poner topes al presupuesto de los congresos estatales y reducir el número de regidores en los municipios del país, con un argumento persistente del gobierno: ahí hay privilegios que se pueden recortar sin lastimar servicios. Los críticos responden que lo que se llama eficiencia puede ser, en los hechos, una contracción del pluralismo político en el nivel más cercano a la gente.
Este reportaje documenta cuánto cuestan esas estructuras, qué hacen con ese dinero y por qué el debate sobre su tamaño tiene más capas de lo que suele admitir la discusión pública.
El precio de los 32 congresos
El gasto legislativo local en México creció de forma sostenida en la segunda década del siglo, incluso en años en que el discurso oficial apostaba por la austeridad. Según el Informe Legislativo 2022 del IMCO, el presupuesto conjunto de los 32 congresos estatales ascendió a cerca de 13,900 millones de pesos. Dos años antes, en 2020, la misma institución documentó un gasto de alrededor de 14,300 millones, con un incremento de 454 millones respecto a 2019, el año en que la retórica de la austeridad republicana dominaba los discursos presidenciales.
El promedio nacional ronda los 12.4 millones de pesos por congresista al año. Pero ese promedio esconde una dispersión que no obedece a ningún criterio fácilmente identificable. En Baja California, Ciudad de México, Michoacán, Jalisco y Morelos, el costo por diputado supera los 20 millones de pesos anuales; en Colima, Tamaulipas, Puebla, Yucatán y Campeche, la cifra no llega a los seis millones.
La desigualdad se vuelve más difícil de justificar cuando se mide por habitante. Nayarit, Quintana Roo, Baja California Sur y Tlaxcala destinan más de 200 pesos por residente a sus congresos; Puebla, Chiapas, Tamaulipas y el Estado de México asignan menos de 60 pesos por habitante. No es una escala que se explique por el tamaño de la economía estatal ni por la densidad de población. El IMCO lo señala con precisión: las asimetrías responden a lógicas de reparto político, no a criterios de necesidad institucional.
El Congreso de la Ciudad de México encabeza el gasto absoluto con cerca de 1,600 millones de pesos anuales, seguido por el Estado de México con un rango que va de los 953 a los 1,278 millones. Michoacán, con 934 millones, gasta más que legislaturas de estados con un producto interno bruto considerablemente mayor. Colima, en el extremo opuesto, administra su congreso con poco más de 115 millones.
Tabla 1. Presupuesto de congresos estatales seleccionados (2022)
| Congreso estatal | Presupuesto aprox. 2022 | Costo por diputado | Notas |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 1,600 mdp | Más de 20 mdp | Uno de los más onerosos del país |
| Estado de México | 953–1,278 mdp | Menos de 20 mdp | Alta bolsa total por tamaño poblacional |
| Michoacán | 934 mdp | Más de 20 mdp | Más caro que congresos de estados con mayor PIB |
| Jalisco | ~700 mdp | Más de 20 mdp | Alta concentración de gasto por curul |
| Baja California | ~500 mdp | Más de 20 mdp | Supera la media nacional por congresista |
| Coahuila | 194 mdp | Menos de 6 mdp | Bajo costo relativo |
| Tamaulipas | 200 mdp | Menos de 6 mdp | Entre los más austeros |
| Colima | 115 mdp | Menos de 6 mdp | Congreso más barato en términos absolutos |
| Yucatán | 140 mdp | Menos de 6 mdp | Menor costo por curul en el sureste |
| Campeche | ~130 mdp | Menos de 6 mdp | Bajo costo relativo en la región |
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Legislaturas caras, funciones acotadas
Un congreso estatal tiene atribuciones formales que nadie discute: aprueba el presupuesto de egresos de la entidad, reforma la constitución local, fiscaliza al Ejecutivo, nombra a los titulares de órganos autónomos y legisla en materias que la federación no reserva para sí. En el papel, es el contrapeso natural del gobernador.
En la práctica, varios estudios documentan una brecha entre esas atribuciones y su ejercicio real. La productividad legislativa estatal tiende a ser baja: muchas iniciativas se presentan, pocas se aprueban, y las que salen adelante corresponden con frecuencia a la agenda del Ejecutivo estatal. El análisis del IMCO Congresos ricos, auditorías pobres arroja una paradoja que se repite en distintas geografías: los congresos con más presupuesto no son necesariamente los que fiscalizan con mayor rigor al gobierno de su estado. La relación entre dinero y rendición de cuentas es, en el mejor de los casos, laxa.
Parte del gasto se mueve en capítulos de difícil rastreo. Los recursos etiquetados como servicios generales, asesorías, apoyos a grupos parlamentarios o gestión legislativa tienen reglas de comprobación que varían mucho entre estados y que, en varios casos, prácticamente no existen. Los diputados locales manejan recursos de atención ciudadana que funcionan, en algunos congresos, como cajas de gasto discrecional sin controles estrictos.
El IMCO ha señalado que en varios estados los congresos publican clasificaciones presupuestales tan genéricas que es imposible saber, desde fuera, cuánto se destina a salarios, cuánto a viáticos, cuánto a contratos de servicios y cuánto a lo que los propios diputados llaman trabajo de campo.
El otro nivel: regidores y cabildos
Debajo de los congresos hay otro piso del sistema político que consume recursos de forma aún menos visible: los cabildos municipales. México tiene más de 2,400 municipios, cada uno con un cabildo integrado por el presidente municipal, síndicos y un número variable de regidores. En las ciudades más grandes, ese número puede superar los 20 miembros.
Los regidores participan formalmente en comisiones de cabildo, aprueban presupuestos municipales y reglamentos locales, y supervisan áreas específicas de la administración. Cada uno recibe una dieta, cuenta con personal de apoyo y accede a recursos administrativos que varían según el municipio. En conjunto, el gasto de los cabildos del país —aunque no existe una cifra única consolidada de acceso público— es comparable, según estimaciones del propio gobierno federal, al de varios organismos federales de tamaño mediano.
La presidenta Sheinbaum ha señalado en distintas ocasiones que algunos ayuntamientos tienen estructuras demasiado amplias y que ahí se concentra una parte relevante del gasto político local. La afirmación es difícil de verificar con precisión porque la información presupuestal municipal en México presenta disparidades enormes de calidad. Muchos ayuntamientos publican sus cuentas con meses de retraso, en formatos que no permiten comparación, o simplemente no las publican.
Lo que sí es documentable son los casos de municipios donde el gasto en estructura política —cabildo, despachos, personal adscrito a regidores— supera lo que se invierte en servicios directos a los habitantes. Hay municipios medianos donde el mantenimiento de calles, el alumbrado público y la recolección de basura operan con presupuestos menores al que consume el aparato de representación del cabildo. La comparación no siempre es justa —parte del gasto del cabildo corresponde a funciones de gobierno que tienen su propio valor— pero el desequilibrio en algunos casos son indefendibles.
El sistema de representación proporcional en los cabildos, introducido para garantizar pluralismo político local, ha tenido el efecto secundario de multiplicar el número de regidores en municipios que, en muchos casos, no tienen los recursos para sostenerlos sin sacrificar servicios. Un municipio rural con 40,000 habitantes puede tener diez regidores cuyas dietas combinadas equivalen al presupuesto de infraestructura vial del municipio.
Qué propone el Plan B
El llamado Plan B de reforma electoral, tal como lo ha presentado el gobierno de Sheinbaum, tiene dos dimensiones que conviene separar: la técnica y la política.
En términos técnicos, la propuesta incluye poner topes máximos al presupuesto destinado a los congresos locales, revisar el gasto del Senado y de los poderes legislativos estatales, y reducir el número de regidores en los municipios, con énfasis en aquellos ayuntamientos donde el tamaño del cabildo se considera sobredimensionado respecto a la población y los recursos disponibles.
El gobierno estima que los ahorros potenciales por estas medidas podrían rondar los 4,000 millones de pesos anuales, que se destinarían a obra pública y servicios básicos: reparación de baches, drenaje, luminarias.
La dimensión política es más complicada. La reducción del número de regidores afecta de forma desproporcionada a los partidos minoritarios, que acceden al cabildo principalmente a través de las curules de representación proporcional. Quitar regidores proporcionales en municipios donde Morena controla la presidencia municipal equivale, en términos prácticos, a reducir la presencia institucional de la oposición en el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos.
El argumento no es simétrico: si Morena perdiera municipios importantes y la oposición impulsara medidas similares, la afectación sería inversa. Pero en el mapa político de 2026, con Morena controlando la mayoría de los gobiernos municipales y estatales del país, el impacto inmediato de la reducción recaería sobre la representación de fuerzas minoritarias.
Especialistas en derecho electoral han señalado que algunos elementos del Plan B requerirían modificaciones constitucionales, no solo reformas ordinarias a leyes secundarias, lo que elevaría el umbral de negociación necesario para su aprobación.
El debate de fondo: eficiencia o concentración
Hay una tensión genuina en el centro de este debate que no se resuelve con buenos argumentos de ninguno de los dos lados.
El sistema de congresos locales y cabildos en México creció de forma bastante desordenada durante décadas, siguiendo lógicas de reparto político y acuerdos entre élites más que criterios de diseño institucional. El resultado es un mapa heterogéneo, incluso variopinto, donde algunos estados gastan cuatro veces más por diputado que otros sin que esa diferencia se traduzca en una mejor legislación, la existencia de mayor fiscalización o más servicios para la población. Ese desorden tiene un costo real y quienes lo señalan están en lo cierto.
Al mismo tiempo, los mecanismos de representación política —incluso los que parecen redundantes o costosos— cumplen funciones que no aparecen en los libros: dan canales institucionales a fuerzas políticas que, sin ellos, buscarían otros métodos de presión. Los regidores de oposición en un cabildo dominado por un partido mayoritario son, con frecuencia, la única voz que pregunta en voz alta para qué se usó el dinero. Quitarles el lugar no elimina la pregunta; solo la manda fuera del cabildo.
La discusión sobre el costo de las legislaturas locales lleva años circulando en los análisis del IMCO, en reportes académicos y en editoriales de medios. Lo que cambia con el Plan B es que por primera vez hay una propuesta concreta con respaldo político suficiente para avanzar en ese sentido. Esto por supuesto convierte el debate que debería ser estrictamente técnico en uno político, con actores, intereses y calendarios electorales encima de la mesa.
El gobierno de Sheinbaum tiene mayoría en el Congreso federal y en la mayoría de los congresos estatales. Tiene, en términos aritméticos, los votos para empujar las reformas. La pregunta que varios analistas hacen no es si puede, sino si quiere hacerlo con una lógica de eficiencia genuina o con una de consolidación territorial. Las dos cosas no son mutuamente excluyentes.
Lo que los datos no pueden responder
Las cifras del IMCO son las más completas disponibles sobre el gasto legislativo local, pero tienen límites importantes. Parte del gasto de los congresos no queda capturado en las clasificaciones administrativas estándar: se esconde en transferencias, en fideicomisos, en contratos de servicios que formalmente no corresponden al capítulo legislativo. Lo mismo ocurre con los cabildos, donde la fragmentación de la información municipal hace imposible construir un cuadro nacional confiable.
Eso significa que los 14,000 millones de pesos que se citan como costo del sistema legislativo local son probablemente una estimación conservadora. El número real podría ser mayor. No se sabe con precisión cuánto.
Lo que sí se sabe es que esa masa de recursos circula con poco escrutinio público. Las auditorías de los congresos estatales, cuando se practican, las realizan entidades que dependen del mismo poder que auditan. Las contralorías municipales reportan al presidente municipal. El círculo se cierra solo sin consecuencias para nadie.
La Auditoría Superior de la Federación tiene facultades limitadas para revisar el gasto de los poderes legislativos estatales. Los organismos de transparencia locales —cuando existen y funcionan— rara vez tienen capacidad para cruzar información presupuestal con resultados concretos. El ciudadano que quiere saber cuánto costó la última reforma al reglamento de estacionamiento de su municipio, o cuánto gastó su diputado local en asesorías durante el año, enfrenta un laberinto que pocos tienen tiempo o herramientas para recorrer.
Ese déficit de información es, en sí mismo, un problema de diseño. No es accidental. Un sistema que gasta mucho y rinde cuentas poco tiende a perpetuarse porque quienes podrían cambiarlo son los mismos que se benefician de que no cambie.
Los números en perspectiva
Hay una forma de hacer que los 14,000 millones de pesos del gasto legislativo local sean abstractos: citarlos una vez y seguir adelante. Hay otra forma: compararlos con cosas concretas.
Catorce mil millones de pesos es aproximadamente el presupuesto anual del programa federal de Agua Limpia, que lleva servicio de agua potable a comunidades rurales de todo el país. Es más del doble del presupuesto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en un año típico. Es equivalente a construir varios miles de kilómetros de carretera pavimentada en zonas marginadas.
El Plan B, anunciado ya el 17 de marzo que iría al Senado, pone sobre la mesa una discusión que debería haberse dado hace tiempo. El riesgo es que se resuelva como muchas reformas institucionales en México: con un acuerdo político que redistribuye los costos y los beneficios entre las élites partidistas, sin que los ciudadanos que pagan los congresos y los cabildos tengan mucho que decir sobre el resultado.
Si llega acompañado de reglas más estrictas para el ejercicio del gasto legislativo local, de auditorías externas con muchos dientes y de formatos de información que los ciudadanos puedan utilizar, entonces sería algo distinto. Cuál de los dos caminos se toma depende menos de la reforma en sí y más de lo que pase después de que se apruebe.
