Autor: Ramses Pech – Grupo Caraiva – Grupo Pech Arquitectos
El presupuesto 2026 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no muestra un crecimiento significativo en el desarrollo económico que permita avanzar hacia una economía diversificada en el mediano plazo.
El presupuesto está conformado por dos grandes rubros:
La Ley de Ingresos, cuyos montos dependen de la recaudación proveniente del sector petrolero y no petrolero. Se espera que ambos alcancen alrededor de 8.71 billones de pesos. En este apartado, el sector petrolero representa el 14% del total recaudado, lo que confirma la dependencia de México respecto al uso de combustibles fósiles como base de su economía.
El segundo rubro es el Presupuesto de Egresos, el cual depende del gasto programado y no programado. En conjunto, la nación requiere para operar un total de 10.11 billones de pesos.
El gasto programado se compone de recursos destinados al gobierno, al desarrollo social y al desarrollo económico. El gasto social representa el 70% del total programado, incluyendo los programas sociales, que para 2026 podrían alcanzar 1 billón de pesos (10% del total del Presupuesto de Egresos).
En cuanto al gasto no programado, el 51% se utilizará para cubrir el costo financiero de la deuda del país (1.60 billones de pesos), cifra que podría incrementarse en los próximos años debido al aumento de la propia deuda.
Como puede observarse, para 2026 se proyecta un egreso de 10.11 billones de pesos frente a ingresos por 8.71 billones. La diferencia, cercana a 1.40 billones, constituye el déficit presupuestal que normalmente se cubre mediante la adquisición de deuda.
Para 2026 se prevé un techo de endeudamiento interno neto del Gobierno Federal de 1 billón 780 mil millones de pesos, así como un techo de endeudamiento externo neto —que incluye al Gobierno Federal y a la banca de desarrollo— de 15 mil 500 millones de dólares. El objetivo es mantener la deuda en 52.30% del PIB (20.25 billones de pesos).
Debe aclararse que es posible mantener un porcentaje de deuda controlado respecto al PIB; sin embargo, este monto crecerá si la productividad del país continúa con la tendencia mostrada por la SHCP. De acuerdo con los datos presentados, la deuda neta de la nación podría ubicarse entre 26 y 28 billones de pesos para 2030.
Una vez entendido el balance presupuestal, es importante precisar dónde y cómo será gastado el dinero recaudado. Resulta esencial conocer cuánto se destina a la parte social y cuánto al desarrollo económico.
En el presupuesto propuesto para 2026, dentro del gasto programado, se plantea destinar 4.91 billones a la parte social. De ese total, 20% corresponde a salud, 23% a educación y 48% a protección social (1 billón a programas sociales y el resto a pensiones y jubilaciones).
En cuanto al gasto destinado al desarrollo económico, que será de 1.70 billones de pesos, el 75% se asignará al sector energético, donde se ubican las dos empresas del Estado (Pemex y CFE) y las instituciones gubernamentales encargadas de la coordinación y administración del sector.
La Secretaría de Energía transferirá a Pemex alrededor de 263.5 mil millones de pesos para el pago de amortizaciones de deuda de mercado y créditos bancarios contratados en años anteriores.
Realizando una proyección al 2030 con base en el presupuesto de 2026 y en la información macroeconómica de la SHCP, el gasto nacional podría ubicarse entre 13 y 14 billones de pesos, con un déficit presupuestal de entre 1.4 y 1.8 billones. Esto ejercería presión sobre las finanzas públicas, obligando a recaudar mayores ingresos, lo que a su vez implicaría la necesidad de una reforma fiscal en el corto plazo. De no hacerlo, la deuda pública podría crecer aún más. Gran parte del incremento progresivo del gasto provendrá del crecimiento del gasto social, especialmente en programas sociales, pensiones y jubilaciones.
Ante este panorama, la única vía para incrementar los ingresos del país será atraer más empresas que realicen nuevas inversiones extranjeras directas, ya que muchas de las actualmente establecidas han comenzado a retirar parte de sus utilidades hacia otros mercados. Debido a los cambios arancelarios en países como China, se observarán movimientos de salida de empresas o pérdida de competitividad ante cuotas que pueden ir del 10% al 50%.
En el sector primario (pesca, agricultura y caza), para 2026 solo se destinará el 4% del total del gasto en desarrollo económico; al turismo, el 0.1%; y al transporte, el 12%.
De los 987 mil millones asignados a programas sociales, únicamente el 10% se utiliza en programas capaces de influir en el PIB y generar desarrollo económico en las entidades donde se aplican. El resto no genera un retorno directo en la economía y solo algunos podrían hacerlo en el largo plazo si existiera una supervisión real del impacto en la vida de los beneficiarios.
Un país sin energía no tendrá crecimiento económico en las próximas décadas. El presupuesto propuesto para 2026 para las dos empresas del Estado asciende a 1.07 billones de pesos, es decir, 34 mil millones más que lo aprobado para 2025. Sin embargo, la CFE presenta una reducción de 15 mil millones en su gasto programado.
En el caso de Pemex, el presupuesto 2026 carece de transparencia, ya que, al pasar a ser una empresa estatal, se decidió dejar de clasificar el gasto por negocios, algo que no ocurría desde el año 2000. Solo se presentó un consolidado que no detalla los proyectos de inversión.
Pemex, empresa que requiere apoyo de la nación, debería —según su plan 2025-2035— contar para 2030 con un presupuesto programado cercano a 800 mil millones de pesos, y 380 mil millones para proyectos de inversión. Esto implica un incremento del 55% respecto a lo propuesto para 2026.
La empresa necesita incrementar en más de 1,000 pozos productores de petróleo crudo entre 2026 y 2030 para alcanzar y mantener su plataforma de producción. De no contar con los recursos necesarios para llegar a 1.8 millones de barriles diarios, se comprometería la operación de las siete refinerías —que deberían operar al 74%— y la plataforma de exportación, que para esa fecha debería rondar los 450 mil barriles diarios.
La nación requiere un mayor gasto para operar y para sostener el gasto en protección social. Surge aquí un dilema: los ingresos adicionales podrían provenir de incrementos anuales al IEPS aplicado a productos y combustibles de consumo cotidiano. Pero si la población no tiene suficiente poder adquisitivo, ¿cómo reducir el déficit presupuestal sin movilidad económica?
México requiere con urgencia una reforma fiscal que determine dónde y cómo ingresará el dinero al país, y cómo deberá gastarse. El propósito del presupuesto debe ser ayudar a la sociedad a crecer y mejorar su calidad de vida, no crear una dependencia de dádivas para cubrir necesidades básicas y aspirar a una vida digna.
La cobija del presupuesto no alcanza para cubrir toda la cama de la nación, y algunas partes quedarán descobijadas y sin protección en el mediano plazo.
Suerte para 2030.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 13 DE REVISTA GUINDA
