Ex ministro de la Corte e ideólogo en materia de justicia desde la campaña de Claudia Sheinbaum, Arturo Zaldívar se atreve a definir sin rodeos lo que muchos otros desde el Gobierno Federal, desde Morena y desde sus mayorías legislativas no atinan a precisar: ¿Por qué es necesario cambiar de fondo el modelo democrático de México?, lo que incluye la renovación total del Poder Judicial Federal, la eliminación de organismos autónomos que sirven de contrapeso al poder presidencial y la nueva y muy explícita prohibición a instituciones y ciudadanos de combatir judicialmente cambios constitucionales realizados por el Legislativo, cuando consideren que las formas como se hayan aprobado y el fondo de lo aprobado vaya contra la propia Constitución. Para Zaldívar, la respuesta es simple: Las instituciones tradicionales surgidas de la transición y la alternancia no funcionaron y hay que cambiarlas.

En un artículo publicado en su sitio web “arturozaldivar.com”, el ahora coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República defiende, como todos sus correligionarios, la decisión de refundar al Poder Judicial Federal. Pero profundiza ideológicamente en las razones.

En respuesta a quienes dicen que la eliminación de organismos autónomos, y el control del Poder Judicial y del Poder Legislativo desde la Presidencia de la República son el inicio de una autocracia mexicana, Zaldívar pone en el centro del debate los resultados de las instituciones creadas o reformadas a raíz de la transición y la alternancia en el poder presidencial, y si éstos han sido útiles para los mexicanos, en especial para los que menos tienen.

Cita “Los contrapesos han tendido a mantener un equilibrio entre las distintas fuerzas de la élite, pero también para atrincherarlas en el poder bajo la máscara de la democracia”.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

“Ahora, se nos dice, estamos al borde de la dictadura. No habrá más contrapesos y por tanto es el fin de la libertad. Se vilipendia el resultado como producto de la ignorancia o de desprecio por la democracia. Pero la primera pregunta que habría que hacerse es si las instituciones de la transición democrática realmente le han dado libertad al pueblo de México”, plantea.

Para el ex ministro, el primer indicador de una vida verdaderamente democrática es la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos, sin la cual ninguna otra meta de la democracia es posible.

“Si la libertad es poder elegir un proyecto de vida, participar en la vida pública, perseguir los intereses propios, es claro que tiene, como presupuesto esencial, el acceso a los servicios básicos y a un nivel de vida adecuado”.

En ese rubro, sentencia el ex presidente de la Suprema Corte, “las instituciones democráticas no han traído grandes cambios”.

Y aunque no cita por sus nombres una a una a estas instituciones, algunas cuya desaparición al menos en su carácter autónomo ya está en marcha, y otras como el Poder Judicial Federal que ya tiene fechas para ser renovado por completo con nuevas reglas, Zaldívar Lelo de Larrea las abarca a todas al definir sus objetivos, a decir de él, incumplidos.

“La alternancia, la transparencia, la división de poderes, el fortalecimiento de la independencia judicial han permitido un equilibrio en el ejercicio del poder, pero sin lograr desarticular el régimen de privilegios y la opresión”.

E insiste en que el haber servido como contrapeso para limitar el presidencialismo, por sí solo como objetivo, no justifica su permanencia en los mismos términos de su creación.

“Si bien han sido efectivas para prevenir la acumulación de poder, no lo han sido para satisfacer las demandas sociales básicas. Los contrapesos han tendido a mantener un equilibrio entre las distintas fuerzas de la élite, pero también para atrincherarlas en el poder bajo la máscara de la democracia”.

Una de las implicaciones más importantes de la victoria electoral de Claudia Sheinbaum y de la coalición encabezada por Morena en la pasada elección, plantea Zaldívar, quien renunció a la Suprema Corte para irse a la campaña presidencial, “es el mandato claro de reforma al Poder Judicial de la Federación”.

Para el ex ministro, “los tribunales constitucionales enfrentan también una crisis de legitimidad. Al igual que otras instituciones de la democracia liberal, han probado su inefectividad para traer igualdad y justicia. Peor aún, se han politizado y han servido a las minorías para imponer políticas públicas u oponerse a las que dictan las mayorías, cuando amenazan con alterar las relaciones de poder”.

En el diagnóstico de Zaldívar, el problema no son las instituciones de la democracia liberal ni sus aspiraciones legítimas como la transparencia y la independencia judicial, a los que reconoce como valores esenciales pero cuya comprensión e instrumentación deben servir al bienestar y no al privilegio.

“De ahí la urgente necesidad de democratizar al Poder Judicial. No se trata de acabar con la división de poderes, ni de eliminar los contrapesos. Se trata de hacer ajustes institucionales que permitan a las mayorías gobernar con respeto a los derechos de las minorías, pero sin interferencias indebidas de jueces y juezas”, concluye.

México, ¿listo para jueces con ideología partidista?

Los electores avalaron una profunda transformación del Estado Mexicano y sus instituciones, lo que incluye la forma de integrar al Poder Judicial Federal.

En una colaboración para Forbes, la analista Palmira Tapia, Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de México, desmitifica la influencia de los partidos políticos en la designación de jueces de todos los niveles, incluidos los ministros de la Corte Suprema, y pone como ejemplo a democracias avanzadas como la estadounidense y la suiza, donde la injerencia partidista en la designaciones judiciales es abierta.

Bajo esa perspectiva, Tapia señala la necesidad de analizar si el recientemente derogado método de nombramiento de los integrantes de la Suprema Corte, que estaba vigente desde 1994, y que establecía que los ministros se eligieran por el Poder Legislativo de entre ternas propuestas por el Poder Ejecutivo, era el idóneo para una sociedad que en las recientes elecciones se mostró a favor de la transformación del Estado Mexicano y sus instituciones o si es hora de transparentar la influencia ideológico-partidista en esas designaciones.

Precisamente sobre la designación de jueces ideológicamente independientes que hoy se reclama en México, la analista cita como un caso singular el de Suiza, donde los jueces a nivel cantonal son elegidos por elección popular o por el Parlamento. “En uno u otro caso, los partidos políticos tienen un papel central: para ser juez se necesita ser miembro activo o tener una cercanía declarada a un partido. Con este método, la ciudadanía tiene la garantía que ‘los jueces representarán las diferentes tendencias políticas presentes en la sociedad (Pacheco y Russo, 2019)'”, contextualiza.

Sobre esta claridad en la tendencia ideológica de los jueces, agrega Tapia, la “Corte Suprema de Estados Unidos ofrece un ejemplo nítido. Como es bien sabido, los presidentes en turno proponen a los jueces que se acerquen mejor a su orientación política, mismos que son ratificados por el Senado; así, los presidentes republicanos tienden a nombrar jueces conservadores, mientras que los presidentes demócratas se decantan por jueces liberales. Al ser cargos vitalicios, se considera que los jueces pueden ganar independencia en sus decisiones”.