Por Rodrigo de León
El crimen en México opera como un narco-ecosistema que sustituye al Estado. El gobierno responde con estrategias territoriales, sociales y digitales para debilitar redes criminales y recomponer el tejido social.
Durante años hablamos de cárteles como si fueran empresas. Hoy, el término ya no alcanza. Lo que opera en muchas regiones de México es un ecosistema criminal, con lógicas de poder que van más allá del tráfico de drogas. Son estructuras que gestionan violencia, administran economías informales y disputan —en ocasiones— la legitimidad del Estado.
Pero la narrativa de “Estado ausente” ya no es del todo exacta. El gobierno mexicano ha comenzado a leer el fenómeno con mayor complejidad: ya no se trata solo de capturar capos, sino de desmantelar las redes de protección política, financiera y social que sostienen estas formas de poder.
En los últimos años, diversas estrategias federales han puesto énfasis en el territorio: programas sociales focalizados, despliegue de inteligencia interinstitucional y fortalecimiento de la presencia civil en zonas críticas. Esto no significa que el problema esté resuelto, pero sí que el Estado ha dejado de ver el crimen como un conjunto de “enemigos visibles” y empieza a intervenir en los entornos que los hacen viables.
Los narco-ecosistemas funcionan como estructuras adaptativas: si se corta una cabeza, otra surge. Por eso, la política de seguridad actual busca ir más allá del enfrentamiento. Se trata de intervenir en las causas, recomponer el tejido social, reactivar la economía local y proteger a quienes rompen con el silencio.
El componente digital también es parte del ecosistema: redes sociales que amplifican el miedo, influencers que glorifican la violencia, y hasta servicios “criminales” por suscripción. Ante esto, el Estado ha empezado a reaccionar con campañas de contranarrativa, regulación de plataformas y fortalecimiento del monitoreo en línea.
Lo más importante: se ha comenzado a recuperar la idea de seguridad como bien público y no como recurso privatizado. En algunas zonas, las mesas de paz regionales, las fiscalías especializadas y la coordinación con gobiernos locales están generando resultados concretos. Falta mucho, pero la dirección es prometedora.
El Estado mexicano está entendiendo que el crimen ya no solo rompe la ley: la sustituye. Y por eso, la respuesta no puede ser solo policiaca. Debe ser integral, estratégica, comunitaria.
Porque en un narco-ecosistema, no basta con fumigar la selva: hay que recuperar el suelo.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 11 DE REVISTA GUINDA
