Los Organismos Autónomos: Funciones Técnicas Clave para el Bienestar de los Mexicanos
Los siete organismos autónomos en proceso de desaparición llevan a cabo funciones técnicas de contrapeso al poder político que son clave en la arquitectura económica del país en beneficio de la gente. Desde la sociedad civil se tendrá que vigilar que las nuevas leyes que regulen esas actividades no impliquen retrocesos, advirtió la organización no gubernamental Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Valeria Moy, directora general del IMCO, recordó que sólo una de esas instituciones, el INAI, es ampliamente conocida por la sociedad, porque ha ayudado a destapar casos de corrupción en gobiernos de todos los partidos desde su creación en 2012, durante la presidencia de Vicente Fox. Pero las otras seis, aunque poco conocidas, son igual de importantes, porque su trabajo beneficia a todos los mexicanos. Por ello, urgía la especialista, es necesario que la sociedad civil exija que las facultades que todas ejercen continúen sin importar qué entidad las absorba.
¿Qué Hacen los Organismos que Desaparecen?
Moy detalló las funciones que cada uno realiza en beneficio de la población:
- IFT: gracias a su labor, las tarifas que pagamos por los servicios de telefonía, internet y televisión de paga son cada vez más bajas.
- Cofece: evita prácticas monopólicas y anticompetitivas para procurar que los consumidores tengan acceso a bienes y servicios al mejor precio.
- CRE: vigila que el sector energético —relacionado con electricidad principalmente— opere de manera eficiente en beneficio de los consumidores.
- CNH: hace lo mismo con el sector petrolero y de gas.
- INAI: además de facilitar el acceso a la información, protege los datos personales.
- Coneval: no sólo da las cifras de pobreza, sino que evalúa el rendimiento de los programas sociales.
- Mejoredu: se centra en promover una mayor calidad educativa.
“Son organismos distintos entre ellos, pero todos comparten el objetivo ulterior de proteger los mecanismos de competencia que nos otorgan a todos como consumidores, bienes y servicios bajo las mejores condiciones posibles”, explicó la economista.
Para dimensionar el valor de estas instituciones, Moy planteó preguntas concretas: ¿cuánto pagaríamos por la telefonía celular si el IFT no hubiera hecho su labor? ¿De qué tamaño sería la factura de la luz si la CRE otorgara más permisos o si simplemente no diera ninguno? La especialista señaló que el valor de estas entidades no puede evaluarse únicamente en función de los costos de sus burocracias, sino teniendo en cuenta también los beneficios de su trabajo para la sociedad.
“Los costos de desaparecerlos”, advirtió, “serán mayormente absorbidos por los consumidores mexicanos”.
Lupa Ciudadana al Gobierno: Seis Puntos para Vigilar
El IMCO propone a la sociedad estar pendiente de que el Gobierno cumpla seis puntos clave al trasladar las atribuciones de los organismos extintos a otras entidades:
- Garantizar la autonomía técnica, operativa y de gestión de los órganos desconcentrados, descentralizados o unidades administrativas, estableciendo con detalle el tipo de autonomía de cada una en las leyes secundarias.
- Establecer un mecanismo de control legislativo que exija la comparecencia de los titulares de las unidades o instituciones que absorban las funciones, para seguir los avances del cambio administrativo y realizar una evaluación del desempeño que asegure la independencia de sus decisiones.
- Diseñar un protocolo para que la transferencia de recursos humanos, conocimiento, tecnologías, metodologías y sistemas de los órganos extintos a las instituciones receptoras sea exitosa.
- Mantener la toma de decisiones colegiadas que hoy se tiene a través de órganos de gobierno, a fin de evitar la concentración de intereses.
- Implementar manuales específicos para la gestión de los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos que pasarán a formar parte del Ejecutivo Federal y del INEGI, en especial de la Plataforma Nacional de Transparencia.
- Dar seguimiento a los cambios y evaluar que las funciones de regulación sean absorbidas de forma efectiva por las secretarías de Estado y por el INEGI.
La Plataforma Nacional de Transparencia: Un Bien Público en Riesgo
La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) tiene bajo su resguardo casi 15 mil millones de archivos, no sólo de sujetos obligados del Gobierno Federal, sino de los gobiernos estatales y municipales; de los organismos autónomos; de los poderes Legislativo y Judicial federal y estatales, incluyendo todas sus dependencias y fideicomisos.
“Esa información no es de la Federación, es información de los estados, de los municipios, de los órganos autónomos o de los poderes de la Unión y estatales”, subrayó el análisis del IMCO.
Entre los aspectos aún por definir destacan dos interrogantes fundamentales: si la PNT continuará siendo un mecanismo unificado que permite enviar solicitudes de información a todas las instituciones públicas del país, o si cada poder y cada entidad tendrá su propio sistema; y qué autoridad será la encargada de la protección de datos personales y de sancionar a quienes, tanto privados como públicos, hagan mal uso de éstos.
Voces Expertas: Incertidumbre y Propuestas
Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI
Advirtió del riesgo que representa la indefinición sobre el control y uso de la PNT. Con la desaparición del INAI, la Constitución señala que la tutela del acceso a la información y la protección de datos personales se trasladará, en sus diversas vertientes, a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción; al órgano de disciplina del Poder Judicial; a los órganos de control de los organismos constitucionales autónomos; a las contralorías del Congreso de la Unión; y al Instituto Nacional Electoral, en lo que compete a partidos políticos.
Este modelo se replicará a nivel estatal, dada la desaparición de los organismos garantes de transparencia estatales. Este escenario precisa que las instancias que reciban las atribuciones cuenten con facultades para sancionar a los sujetos obligados y que se mantenga la lógica que han seguido los fallos del Sistema Nacional de Transparencia.
Para el IMCO, esto es fundamental porque, al multiplicarse los entes encargados, pueden existir diferencias en los criterios de apertura de información gubernamental. También es preciso que se garantice la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que incluye poder consultar las solicitudes de información históricas y las obligaciones de transparencia publicadas por los sujetos obligados en el pasado.
Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
Aseguró que la PNT se mantendrá y que la regulará el Sistema Nacional Anticorrupción, donde están no sólo su Secretaría sino otras instancias.
María de los Ángeles Estrada, Tec de Monterrey
Directora de la iniciativa Transparencia, Anticorrupción y Digitalización del Tecnológico de Monterrey, consideró que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no podrá ejercer las facultades del INAI, pues en el decreto de su creación no se le dotó de autonomía para tratar asuntos de transparencia y protección de datos personales. Para ello tendría que haberse creado como un ente que no dependiera directamente del Poder Ejecutivo, lo que no ocurrió.
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 México
La organización no gubernamental Artículo 19 alzó la mano con una propuesta para encargarse, como representante de la sociedad civil, de resguardar y respaldar toda la información de la PNT. “Apelamos a la naturaleza pública de la información. La PNT y la información contenida en ella son bienes públicos. Parece una obviedad, pero hay que recalcarlo: las instituciones son repositarias, pero no son propietarias de la información”, dijo Maldonado.
El Relevo del INAI y la Responsabilidad Compartida
La desaparición de los organismos autónomos deja un vacío institucional que ningún actor por sí solo parece capaz de llenar. La dispersión de facultades entre múltiples dependencias —la Secretaría Anticorrupción, el Poder Judicial, el INEGI, el INE, las contralorías del Congreso— genera riesgos de inconsistencia, falta de coordinación y pérdida de especialidad técnica.
La pregunta central que permanece sin respuesta clara es quién garantizará, en la práctica, que el acceso a la información y la protección de datos personales no se debiliten durante esta transición. Mientras el Gobierno asegura que la PNT se mantendrá y será regulada por el Sistema Nacional Anticorrupción, expertos como Estrada cuestionan que la Secretaría Anticorrupción tenga la autonomía legal necesaria para ejercer estas funciones con independencia del Ejecutivo.
En este contexto, la advertencia del IMCO resulta contundente: los costos de desaparecer estos organismos serán absorbidos por los consumidores mexicanos, y la única salvaguarda real será una sociedad civil activa, vigilante y exigente que asegure que las facultades técnicas de contrapeso no se diluyan en la nueva arquitectura gubernamental.
