Cada sexenio ha intentado reescribir las reglas del juego, pero el ciclo abierto desde 2018 con la llegada de la Cuarta Transformación (4T) llevó la discusión a otro nivel: ya no se trató sólo de perfeccionar un modelo, sino de cuestionar si el andamiaje construido desde los años noventa seguía respondiendo a la voluntad popular o se había convertido en un sistema de blindaje de élites, burocracias y privilegios.
La propuesta de reforma electoral de la presidenta y su reciente Plan B se inscriben en esa disputa de largo aliento, pero la reordenan desde una correlación de fuerzas distinta y con un énfasis claro: austeridad, recorte de privilegios y ampliación de la participación ciudadana.
De las reformas de la transición al agotamiento del modelo
Las reformas de 1996, 2007 y 2014 consolidaron un modelo de autoridad electoral fuerte, con amplias facultades y un alto grado de autonomía. Ese diseño respondió a un contexto de desconfianza en el gobierno y en los partidos hegemónicos, y buscó garantizar que el árbitro estuviera blindado frente a la injerencia del Ejecutivo. El costo político de esa solución fue la construcción de un aparato complejo, caro y crecientemente autorreferencial, que terminó por convertirse en un actor con intereses propios, con una narrativa de “defensa de la democracia” que, para amplios sectores, encubría también la defensa de sus privilegios.
Con el paso del tiempo, el modelo empezó a mostrar signos de agotamiento. El financiamiento público a partidos se mantuvo en niveles muy altos, la estructura del INE y de los organismos públicos locales electorales (OPLE) se volvió redundante en varias funciones, y la distancia entre la ciudadanía y las instituciones electorales se hizo más evidente. Desde la perspectiva de la 4T, ese sistema terminó por cristalizar una “democracia de élites”: formalmente competitiva, pero sostenida en una burocracia electoral costosa, poco austera y con escasa rendición de cuentas hacia abajo.
Comparativos de gasto del sistema electoral de México con otros países
El costo del sistema electoral mexicano ha sido objeto de debate durante más de una década, especialmente desde que la discusión sobre la reforma electoral se volvió central en la agenda pública. Para entender por qué México es considerado uno de los sistemas más caros del mundo democrático, es necesario observar cómo se compara con otros países en gasto por habitante, por elector y en estructura institucional. El análisis internacional permite dimensionar si el gasto mexicano es excepcional o si responde a características propias de su modelo político y administrativo.
Gasto per cápita: México frente a América Latina
Los estudios comparativos más recientes muestran que México se ubica entre los países con mayor gasto per cápita en materia electoral. Solo Costa Rica supera a México en este indicador, aunque su población es mucho menor y su sistema electoral está altamente profesionalizado desde hace décadas. En años de elección presidencial, México destina más de doscientos pesos por habitante al funcionamiento del sistema electoral, una cifra que contrasta con países como Argentina, Chile o Colombia, donde el gasto per cápita es considerablemente menor. Esta diferencia no solo refleja el tamaño del padrón electoral mexicano, sino también la complejidad administrativa del modelo que combina un órgano nacional con treinta y dos organismos locales.
Gasto por elector: un sistema robusto y costoso
El gasto por elector es otro indicador que coloca a México en la parte alta de la región. En elecciones federales, el costo por persona registrada en el padrón supera los trescientos pesos, cifra que rebasa ampliamente a países como Brasil, que organiza elecciones masivas con tecnología avanzada y economías de escala, o Chile, cuyo servicio electoral opera con una estructura más compacta. La diferencia se explica en parte por la logística mexicana, que implica instalar decenas de miles de casillas, capacitar a millones de funcionarios ciudadanos y fiscalizar campañas con un nivel de detalle que pocos países replican.
Estructura institucional: un modelo dual que incrementa costos
Una de las razones más citadas para explicar el alto costo del sistema mexicano es la coexistencia del Instituto Nacional Electoral con los organismos públicos locales electorales. Esta estructura dual genera duplicidad de funciones, oficinas, personal y procesos administrativos. En conjunto, el gasto anual del INE y de los organismos locales supera los cuarenta mil millones de pesos, lo que convierte al sistema electoral mexicano en uno de los más caros del mundo en términos absolutos. En contraste, países como Costa Rica, Chile o Colombia operan con un solo organismo nacional, lo que reduce significativamente los costos administrativos.
Financiamiento público a partidos: un rasgo distintivo del modelo mexicano
El financiamiento público a los partidos políticos es otro elemento que eleva el costo del sistema electoral. México destina miles de millones de pesos anuales a las fuerzas políticas, tanto a nivel nacional como local, bajo el argumento de garantizar equidad en la competencia y evitar la influencia indebida de intereses privados.
Sin embargo, en comparación con otros países latinoamericanos, el monto mexicano es particularmente alto. En naciones como Argentina o Colombia, el financiamiento público es más reducido o se combina con esquemas mixtos que limitan el gasto estatal. Esta diferencia ha alimentado el debate sobre la necesidad de revisar las fórmulas de financiamiento y adecuarlas a principios de austeridad.
Un sistema electoral heredado y la demanda de transformación
La llegada de un nuevo proyecto político en 2018, con un mandato popular contundente, abrió la puerta a revisar a fondo el sistema electoral. No se trataba solo de ajustar reglas, sino de replantear la relación entre ciudadanía, partidos e instituciones. La austeridad republicana, convertida en principio rector del nuevo gobierno, alcanzó también al ámbito electoral, donde los presupuestos crecientes contrastaban con las necesidades sociales urgentes.
El giro de 2018: la 4T y la crítica estructural al sistema electoral
La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018 abrió un ciclo de revisión institucional que colocó al sistema electoral en el centro del debate. La crítica ya no era solo técnica, sino política e histórica: se cuestionaba que el modelo de árbitro autónomo hubiera sido diseñado, en buena medida, por las mismas fuerzas que se beneficiaron de fraudes, pactos cupulares y acuerdos de cúpula. Desde esta óptica, la autonomía sin control social se había traducido en una especie de “poder electoral” con legitimidad propia, pero sin una relación orgánica con el pueblo.
La propuesta de reforma electoral impulsada por el gobierno de López Obrador en 2022 buscó precisamente romper con esa inercia. Planteaba, entre otros puntos, la elección directa de consejeros y magistrados, la reducción del financiamiento a partidos, la disminución del número de legisladores y la simplificación del aparato administrativo.
El mensaje político era claro: devolver al pueblo la capacidad de decidir sobre quienes organizan las elecciones y desmontar el entramado de privilegios acumulados. La resistencia fue inmediata. La oposición, buena parte de los organismos electorales y sectores de la academia construyeron una narrativa de “defensa del INE” que convirtió al instituto en símbolo de la transición, y presentaron la reforma como una amenaza a la democracia.
La iniciativa no alcanzó la mayoría calificada en el Congreso. El fracaso legislativo dio lugar al llamado Plan B: un paquete de reformas a leyes secundarias que buscaba, por la vía administrativa y legal, reducir estructuras internas del INE, ajustar reglas operativas y avanzar en la lógica de austeridad.
La Suprema Corte terminó invalidando partes sustantivas de ese paquete por vicios en el procedimiento parlamentario, lo que evidenció otro frente de tensión: el papel del Poder Judicial como contrapeso frente a un proyecto de transformación que cuestiona no sólo normas, sino equilibrios de poder construidos en la transición.
El nuevo momento político: mayoría reforzada y presidencia de Sheinbaum
La elección de Claudia Sheinbaum y la ampliación de la mayoría legislativa de la coalición gobernante reconfiguraron el tablero. La reforma electoral dejó de ser solo una aspiración política para convertirse en una posibilidad real de cambio constitucional. Pero el contexto ya no es el de 2022: hay experiencia acumulada sobre los límites del Plan B anterior, sobre la capacidad de veto de la Corte y sobre los costos políticos de una confrontación frontal con el árbitro electoral.
La presidenta retomó el tema con una doble clave: continuidad y ajuste. Continuidad, porque mantiene la lógica de la 4T: austeridad republicana, recorte de privilegios, revisión del gasto electoral y fortalecimiento de la participación popular. Ajuste, porque desplaza el foco: en lugar de centrar el golpe en la estructura nacional del INE, dirige el nuevo Plan B hacia los congresos locales, los municipios y los mecanismos de consulta popular. La narrativa es consistente con el discurso de la 4T: no se trata de debilitar la democracia, sino de quitarle peso al sistema político para liberar recursos hacia lo social y abrir más espacios de decisión directa.
La oposición se reorganiza: nuevas estrategias y viejos argumentos
La oposición, ahora con una correlación de fuerzas distinta, volvió a posicionarse como un bloque de resistencia. Argumentó que cualquier modificación debía garantizar la independencia de las autoridades electorales y evitar riesgos de concentración de poder. Sus discursos retomaron elementos del debate anterior, pero también incorporaron nuevas estrategias: alianzas coyunturales, movilizaciones mediáticas y llamados a organismos internacionales.
Para sectores afines a la 4T, esta resistencia respondía a la defensa de un modelo que había beneficiado a las élites políticas durante décadas. Para la oposición, era una defensa de la institucionalidad democrática. La confrontación volvió a ocupar el centro del debate público.
Los aliados en la nueva etapa: respaldo estratégico y ajustes necesarios
Los partidos aliados del oficialismo expresaron nuevamente su respaldo, aunque con matices. Algunos plantearon la necesidad de garantizar que la reforma no afectará la representación de minorías o la operación de estructuras locales. Otros insistieron en que la austeridad debía aplicarse sin comprometer la capacidad operativa de las elecciones. Estas discusiones internas fortalecieron la narrativa de que la reforma debía construirse con responsabilidad y visión de Estado.
La reforma rechazada y el nuevo Plan B: sentidos y alcances
La primera iniciativa de reforma electoral de Sheinbaum fue rechazada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada. El revés no fue menor: se trataba de la pieza que debía coronar el paquete de cambios estructurales del sexenio, y su derrota exhibió las tensiones internas con aliados como el PT y el PVEM, que no entregaron todos los votos necesarios. La respuesta del oficialismo fue inmediata: activar un nuevo Plan B, ahora claramente acotado a leyes secundarias, pero con un diseño político más fino.
El Plan B de la reforma electoral se construye a partir de modificaciones a leyes secundarias, especialmente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Al no tocar la Constitución, su alcance se concentró en ajustes operativos, administrativos y presupuestales. La idea de que “va por menos privilegios y más participación” resume la narrativa política que acompañó la propuesta: por un lado, reducir costos, estructuras y beneficios considerados excesivos dentro del sistema electoral; por el otro, ampliar ciertos mecanismos de intervención ciudadana en la vida pública.
En materia de austeridad, el planteamiento central fue disminuir salarios, prestaciones y estructuras tanto en órganos electorales como en gobiernos locales. Se busca que ningún funcionario electoral ganará más que la Presidencia de la República y que se eliminaran seguros, bonos y otros beneficios adicionales. También se impulsaron recortes presupuestales en congresos locales, ayuntamientos y organismos electorales, bajo el argumento de que el gasto público debía reorientarse hacia funciones sustantivas y no hacia burocracias consideradas sobredimensionadas.
En el ámbito municipal, la reforma propone acotar el número de regidores y sindicaturas para evitar cabildos excesivamente grandes y costosos. La idea es que los recursos liberados se destinen a infraestructura y servicios públicos, reforzando la noción de que la austeridad debía traducirse en beneficios tangibles para la población.
En cuanto a la participación ciudadana, el Plan B amplía la ventana temporal para realizar la revocación de mandato y ajustó procedimientos para facilitar su organización. También plantea cambios en el cómputo de votos y en los mecanismos de fiscalización, con la intención de hacer más ágil el procesamiento de resultados y más estricta la supervisión del financiamiento político. La transparencia en el uso de recursos partidistas es otro eje: se reforzarán obligaciones de reporte y se prohíben aportaciones en efectivo o de origen extranjero.
En conjunto, la frase “menos privilegios y más participación” funciona como una síntesis política que intenta comunicar dos movimientos simultáneos: la reducción de estructuras y beneficios considerados innecesarios, y la ampliación de herramientas para que la ciudadanía intervenga en procesos democráticos. Más allá del debate sobre su eficacia o pertinencia, ese es el sentido general que busca proyectarse con el Plan B.
Para la 4T, el desafío es doble. Por un lado, traducir su discurso de austeridad y participación en reformas técnicamente sólidas, políticamente defendibles y jurídicamente viables. Por otro, construir un relato que conecte la reforma electoral con la vida cotidiana de la gente: que el tope al gasto de congresos y la reducción de regidores se perciban no como ajustes contables, sino como decisiones que liberan recursos para obra pública, servicios y programas sociales en estados y municipios.
Si el proyecto logra avanzar, la reforma electoral podría convertirse en el cierre simbólico de un ciclo histórico: el tránsito desde la democracia de la transición—centrada en la construcción de árbitros autónomos y reglas de competencia—hacia una democracia de la transformación, que pone el acento en la redistribución del poder, la austeridad y la participación directa. Si se frena, en cambio, quedará como testimonio de los límites que enfrentó la 4T para reescribir las reglas del juego en un sistema donde los contrapesos institucionales también son, en buena medida, herencia de la misma transición que hoy se busca superar.
En cualquiera de los escenarios, la disputa por la reforma electoral no es un episodio técnico, sino un campo de batalla donde se confrontan dos visiones de país: una que defiende el modelo construido en las últimas décadas como garantía de estabilidad y otra que lo considera insuficiente, elitista y desconectado de las demandas de justicia social. La presidencia de Sheinbaum y su Plan B se juegan, en buena medida, en ese terreno: el de demostrar si es posible transformar las reglas de la democracia sin vaciarla de contenido, si no, al contrario, acercándose más a quienes, en el discurso de la 4T, son el sujeto central de toda política: el pueblo.
