Los nuevos retos de la ANAM: más ingresos, más tecnología y más presión externa
Héctor Alonso Romero Gutiérrez llegó a la dirección de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) el 1 de abril de 2026 sin portar uniforme militar ni credencial del SAT. Viene de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), donde era responsable de la política de telecomunicaciones del país. Es maestro en Finanzas y Mercados Energéticos por la Universidad de Edimburgo e ingeniero en Desarrollo Sustentable por el Tecnológico de Monterrey. Su nombramiento no es un dato burocrático: es una declaración de intenciones. La presidenta Claudia Sheinbaum está apostando por la tecnología.
Pero el perfil del nuevo titular sólo cobra sentido si se entiende la magnitud del reto que hereda. La ANAM no enfrenta un desafío singular: enfrenta tres simultáneos y estructuralmente contradictorios. El primero es fiscal: recaudar más en un contexto de caída del ingreso petrolero, sin asfixiar el comercio que le da oxígeno al modelo exportador. El segundo es tecnológico: modernizar radicalmente una institución cuya infraestructura digital colapsa en picos operativos, justo cuando la ley la obliga a digitalizarse por completo. El tercero es geopolítico: resistir la presión de una Casa Blanca que ha convertido la frontera y las aduanas en el escenario central de su guerra diplomática con México. Ganar los tres a la vez equivale a reparar el motor, cambiar las llantas y sortear el tráfico, todo al mismo tiempo.
La batalla recaudatoria y cómo el éxito se vuelve trampa
Las cifras de 2025 fueron históricas. Entre enero y diciembre, las 50 aduanas del país recaudaron 1 billón 449,461 millones de pesos, el mayor nivel registrado desde que la ANAM comenzó a publicar estadísticas comparables en 2018. El crecimiento fue del 15.5% real en comparación con 2024. Por primera vez desde la pandemia —cuando los ingresos aduaneros cayeron 13.7% en 2020—, la recaudación superó con claridad los niveles de 2019. En el conjunto de la hacienda pública, las aduanas aportaron el 27% de los ingresos tributarios netos del país durante ese año.
El desglose revela la arquitectura del éxito: el IVA representó la columna vertebral con 986,983 millones de pesos, creciendo 8.3% real. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se disparó un 53.8%, aportando 247,639 millones de pesos. El Impuesto General de Importación (IGI) creció 20.8%, amasando 172,913 millones adicionales. Detrás de estos números hay una estrategia deliberada: combate a la subvaluación, fiscalización intensificada de empresas IMMEX, retención de IVA en operaciones sospechosas. El Estado mexicano encontró en las aduanas el sustituto fiscal del petróleo, sin necesidad de una reforma tributaria que el Congreso no quiere y la opinión pública no demanda.
El problema es que ese éxito crea sus propias contradicciones. Más fiscalización significa más roces con el modelo exportador. Las operaciones aduaneras cayeron 2.3% en 2025 frente a 2024: las importaciones bajaron 3.8% y los pedimentos expedidos disminuyeron 4%. La causalidad no es directa, pero la correlación es incómoda: en el mismo año en que la recaudación batió récords, el volumen comercial se contrajo. Los consultores de ICC México ya advirtieron que la sobre-regulación derivada de la nueva Ley Aduanera podría ser incompatible con los compromisos del T-MEC y exponer al país a paneles de controversia. La apuesta por los ingresos fiscales puede estar pagándose con costos silenciosos en competitividad.
La apuesta tecnológica: modernizar con el edificio en llamas
El 4 de mayo de 2026, apenas semanas después de que Romero Gutiérrez asumiera la dirección de la ANAM, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que habilita la nueva Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior (VUTCE), concebida como sustituta de la VUCEM existente.
La nueva plataforma busca concentrar en un solo ecosistema electrónico todos los trámites de comercio exterior: autorizaciones, permisos, avisos, expedientes. La operación tecnológica ya no será del SAT, sino de la ATDT —la misma agencia de la que proviene el nuevo titular de la ANAM. El círculo se cierra con precisión estratégica.
Sheinbaum fue clara al presentar a Romero Gutiérrez: el plan es concentrar toda la información del comercio exterior en una sola base de datos que integre permisos del SAT y de aduanas, con revisiones no intrusivas mediante rayos X y rayos gamma para evitar aperturas manuales de contenedores. La ANAM ha establecido además un convenio con la Asociación Nacional de Universidades (ANUIES) para desarrollar programas académicos e investigación aplicada en inteligencia artificial y blockchain orientados a optimizar procesos aduaneros.
La reforma a la Ley Aduanera, publicada en el DOF en noviembre de 2025 y en vigor desde el 1 de enero de 2026, ya estableció la obligatoriedad de operar 100% digital: todos los pedimentos deben transmitirse vía la Mesa de Validación Electrónica (MVE), y la firma electrónica es requerida en todos los documentos de soporte.
La brecha entre el mandato legal y la realidad operativa es la grieta más peligrosa de este frente. Según estimaciones de la CAAAREM —la confederación de agencias aduanales—, el 35% de las agencias del país aún operaba a principios de 2026 con sistemas incompatibles con el nuevo esquema XML 4.0 requerido por la VUCEM. La fecha límite para la transición completa es el 1 de junio de 2026, y la ANAM ha fijado julio como primer periodo de auditoría de cumplimiento.
El reto de Romero Gutiérrez, en términos concretos, es implementar la transformación digital más ambiciosa de la historia aduanera mexicana en el plazo más ajustado de su historia reciente. Su experiencia técnica es genuina; la pregunta que señalan los especialistas es si tiene el conocimiento de la operación aduanera concreta —sus protocolos, sus inercias, su cultura institucional— para convertir la hoja de ruta tecnológica en realidad funcional.
La presión geopolítica o cuando la frontera se convierte en rehén
El 1 de febrero de 2025, la Casa Blanca anunció un arancel adicional del 25% a todas las importaciones mexicanas, argumentando la “extraordinaria amenaza” del fentanilo y la migración irregular. Meses después, en julio de 2025, Trump elevó la apuesta: una carta directa a Sheinbaum amenazó con subir los aranceles al 30%, añadiendo al argumentario del fentanilo el déficit comercial “insostenible” de EE.UU. frente a México. Para mayo de 2026, el arancel del 30% ya había sido ejecutado. El argumento es claro: las aduanas mexicanas son el escenario donde se libra el verdadero pulso bilateral.
La paradoja central del frente geopolítico es la siguiente: México ha cumplido. Las propias estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) registran una caída del 52.24% en las incautaciones de fentanilo respecto al año anterior. La cruzada de Sheinbaum contra el tráfico del opioide ha tenido resultados documentados: desmontaje de narcolaboratorios, entrega de capos al vecino del norte, cooperación fronteriza formalizada en un acuerdo histórico con el Secretario de Estado Marco Rubio. El propio presidente Trump reconoció ante el Congreso estadounidense que las muertes por fentanilo en EE.UU. cayeron más del 50% en un año. Y sin embargo, los aranceles escalaron.
Lo que Washington negocia no es fentanilo: es poder. El Capitolio barajó en octubre de 2025 la reducción de recursos a México si no “arreciaba” el combate al narcotráfico, y el informe INCSR señaló que las aduanas mexicanas “han tenido dificultades” para detectar precursores químicos.
El mecanismo es conocido: elevar la barra de cumplimiento cada vez que México la alcanza. Para la ANAM, esto tiene implicaciones operativas directas. Las presiones para abrir las aduanas a la supervisión estadounidense —el “CBP en suelo mexicano” que ciertos sectores del Capitolio han propuesto— constituyen una amenaza a la soberanía funcional de la institución. Ceder equivaldría a convertir la aduana en ventanilla del DHS; rechazarlo, a pagar el costo arancelario. El nuevo titular llega a una institución atrapada en ese dilema sin resolver.
La ecuación imposible y la apuesta que no admite derrota
Los tres frentes no son independientes: se retroalimentan y se limitan mutuamente. La urgencia recaudatoria empuja hacia más fiscalización, pero más fiscalización puede ralentizar el comercio que el nearshoring necesita para ser viable. La apuesta tecnológica es la respuesta lógica —procesar más, con mayor inteligencia y menor fricción—, pero implementarla requiere tiempo que la presión geopolítica no concede. Y la presión de Washington, a su vez, condiciona el margen de maniobra política: cada concesión en la frontera puede leerse internamente como capitulación y externamente como insuficiencia.
El contexto del nearshoring amplifica los riesgos. México recibe la inversión extranjera directa precisamente porque sus aduanas, en teoría, son el puente más eficiente entre Asia y el mercado norteamericano. La Secretaría de Economía estima que el fenómeno generará 500,000 empleos adicionales en manufactura entre 2025 y 2028.
Pero ese potencial depende de que el comercio fluya: de que los tiempos de despacho sean competitivos, de que la burocracia digital funcione, de que los aranceles no destruyan las cadenas de valor antes de que se consoliden. La aduana es la infraestructura invisible del modelo económico que Sheinbaum defiende como bandera.
Romero Gutiérrez hereda un ministerio con los mejores números de su historia y los peores riesgos estructurales de su existencia. La recaudación récord de 1.4 billones de pesos en 2025 es una plataforma sólida, pero también una promesa que hay que superar. La reforma más ambiciosa del sistema aduanero en décadas está en proceso de implementación, con fechas límite que ya están venciendo.
Y afuera, un gobierno extranjero usa la frontera como arma de presión sistemática, con independencia de los resultados que México presente. Lo que está en juego en las aduanas mexicanas no es solo la recaudación, es la capacidad del Estado para defender su frontera económica con instrumentos propios, desde una posición de fortaleza técnica, en lugar de hacerlo bajo la tutela, la extorsión o la negociación permanente del vecino del norte.
