Aquí no volverá a haber elecciones”, fue contundente Daniel Ortega el pasado 19 de julio de 2026 durante el acto conmemorativo de la Revolución Sandinista celebrado en Managua, la capital de Nicaragua. El mandatario, quien comparte el poder con su esposa Rosario Murillo como copresidenta desde la reforma constitucional de principios de 2025, dejó en claro que su intención es mantener en el poder a la revolución sandinista de manera indefinida.
“No volverá a haber elecciones para que ellos intenten atrapar el gobierno, atrapar el poder”, agregó Ortega en un discurso que fue televisado en todo el territorio nacional. El mandatario también anunció que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo sandinista, aprobará nuevas leyes para “ponerles un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatria”. Con estas palabras, Ortega confirmó lo que la oposición y diversos organismos internacionales venían denunciando desde hace años: la consolidación de un régimen autoritario que ha eliminado por completo los mecanismos de participación ciudadana.
El contexto de un anuncio que no sorprendió
Nicaragua debía celebrar elecciones presidenciales a finales de 2026, según el calendario electoral establecido. Sin embargo, el año anterior el oficialismo ya había aprobado una cuestionada reforma constitucional que aplazó los comicios hasta 2027. Esta modificación legal, que también extendió el período presidencial de cinco a seis años y creó la figura de copresidenta para
Rosario Murillo, fue duramente criticada por la comunidad internacional.
Las Naciones Unidas, la OAS Estados Unidos, el Parlamento Europeo y diversos sectores de la oposición nicaragüense calificaron estos cambios como un atentado contra la democracia y los contrapesos institucionales. Ahora, con su más reciente declaración, Ortega sugiere que incluso la cita electoral de 2027 podría no llegar a celebrarse, cerrando de facto cualquier posibilidad de alternancia en el poder.
La respuesta de la oposición: “Ortega enterró la democracia”
Para la oposición nicaragüense, el anuncio del gobernante constituye la confirmación definitiva del fin de la democracia en el país. Félix Maradiaga, excandidato presidencial en 2021 quien fue arrestado, expulsado de la contienda y posteriormente exiliado a Estados Unidos en 2023, declaró al diario The New York Times que “Ortega enterró la democracia nicaragüense hace ya mucho tiempo”. Maradiaga agregó que “esta es simplemente una expresión que demuestra de manera inequívoca cómo se le cayó la máscara de la supuesta legalidad que intentaba mantener”.
En términos similares se pronunció el partido Renacer, quien afirmó que “el régimen deja de fingir que existe competencia política y confirma públicamente que desde hace años no gobierna por el consentimiento de los ciudadanos, sino por la fuerza”. Esta posición fue reseñada por la agencia española EFE y refleja el sentimiento generalizado entre quienes han sido víctimas de la creciente represión del régimen Ortega-Murillo.
Casi tres décadas en el poder: la trayectoria de Ortega
Daniel Ortega ha dirigido los destinos de Nicaragua durante casi tres décadas, repartidas en dos etapas distintas. La primera comenzó en julio de 1979, cuando la Revolución Sandinista derrocó la dictadura de Anastasio Somoza. Durante este período, Ortega se consolidó como líder del movimiento revolucionario que prometía justicia social y transformaciones estructurales para el país. Sin embargo, once años después perdió las elecciones presidenciales de 1990 frente a la fallecida Violeta Barrios de Chamorro.
No obstante, en 2007 el exguerrillero regresó a la presidencia mediante las urnas y, desde entonces, se ha mantenido en el poder mediante lo que expertos y adversarios denuncian como una combinación de represión sistemática y reformas legales que, en la práctica, han sofocado a la disidencia y proscrito a los partidos de oposición. Durante su gestión, cerca de 50 personas permanecen como presos políticos, 550 ciudadanos fueron despojados de su nacionalidad, 5,600 organizaciones no gubernamentales fueron clausuradas, 29 universidades cerradas y 58 medios de comunicación cesaron sus operaciones.
La comunidad internacional alza la voz
Las declaraciones de Ortega no pasaron desapercibidas para la comunidad internacional. La ha mantenido una postura crítica frente al deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, mientras que la ha calificado repetidamente las acciones del régimen como violatorias de la carta democrática interamericana. Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones selectivas contra funcionarios del gobierno nicaragüense, aunque hasta el momento estas medidas no han logrado revertir la tendencia autoritaria.
El gobierno de Costa Rica también expresó su preocupación por el cierre de espacios cívicos en el país vecino, alertando sobre las consecuencias regionales de la radicalización del régimen. Expertos en derecho internacional señalan que la eliminación de elecciones constituye una violación flagrante de los tratados internacionales suscritos por Nicaragua, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El mecanismo de la perpetuación
El régimen de Ortega ha perfeccionado un método de permanencia en el poder que combina la represión física contra disidentes con modificaciones legales que legitiman el autoritarismo. La reforma constitucional de principios de 2025 representó el capítulo más reciente de esta estrategia, al convertir a Rosario Murillo en copresidenta, ampliar el período presidencial y eliminar los contrapesos institucionales que aún permanecían en el sistema nicaragüense.
Esta práctica de utilizar el aparato legal para consolidar el poder ha sido denominada por algunos analistas como “autoritarismo legalista”, una modalidad en la que las violaciones a la democracia se presentan bajo la apariencia de formalidades jurídicas. Sin embargo, con su última declaración, Ortega ha abandonado incluso esa fachada, admitiendo abiertamente que no permitirá la celebración de comicios.
Centroamérica y el mundo
La eliminación de elecciones en Nicaragua no es un problema exclusivo de ese país. La consolidación de regímenes autoritarios en la región representa un desafío para la estabilidad democrática de toda América Latina. La situación nicaragüense se enmarca en un contexto regional donde otros países han experimentado retrocesos en sus sistemas democráticos, aunque ninguno ha llegado al extremo de eliminar formalmente los comicios.
Para los analistas políticos, la declaración de Ortega establece un precedente peligroso que podría incentivar a otros gobernantes autoritarios en la región a seguir caminos similares. La respuesta coordinada de la comunidad internacional será determinante para evitar que esta práctica se extienda y para presionar por la restauración de los mecanismos democráticos en Nicaragua.
El futuro incierto de una nación sin alternancia
Con la eliminación de las elecciones, Nicaragua se adentra en un territorio político desconocido en su historia contemporánea. Aunque el país vivió bajo la dictadura de la familia Somoza durante décadas, el régimen de Ortega representa una nueva forma de autoritarismo que combina el discurso revolucionario con prácticas de represión y control social sin precedentes.
La pregunta que muchos se hacen es cuánto tiempo podrá mantenerse este sistema sin generar una reacción interna que desafíe el statu quo. La represión sistemática ha logrado silenciar gran parte de la disidencia visible, pero la situación económica del país y el éxodo masivo de ciudadanos podrían eventualmente crear condiciones de inestabilidad que ni siquiera el control total del aparato estatal pueda contener.
