Cuatro organizaciones de asistencia legal presentaron una demanda contra el gobierno de Donald Trump para frenar una política que impide consultar la ubicación de migrantes detenidos por ICE con órdenes definitivas de deportación. Los grupos sostienen que la restricción dificulta localizar a sus clientes y brindarles representación antes de que sean expulsados del país.
La acción judicial fue interpuesta el miércoles 28 de octubre ante el Tribunal Federal del Distrito de Massachusetts, en Boston. Los demandantes solicitan una orden que bloquee el cambio aplicado en septiembre por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
¿Qué cambió en el localizador de ICE para los migrantes detenidos?
La controversia se centra en el Sistema de Localización de Detenidos en Línea de ICE, una herramienta que abogados y familiares utilizan desde 2010 para identificar el centro donde permanece una persona bajo custodia migratoria.
Según la demanda, el gobierno retiró del sistema la información de ubicación de quienes tienen órdenes finales de deportación. También instruyó al personal para que tampoco revelara su paradero cuando alguien lo solicitara directamente.
En septiembre, más de 16 mil de las casi 69 mil personas detenidas por ICE estaban sujetas a la restricción, de acuerdo con Associated Press. Esa cifra no debe confundirse con el total de personas que tienen órdenes de expulsión en Estados Unidos.
¿Cómo afecta la medida a los abogados de los migrantes detenidos por ICE?
Las organizaciones afirman que, desde la modificación, han dejado de localizar a clientes actuales y potenciales. Deben invertir significativamente más tiempo en rastrear a otros, según el escrito judicial.
Las llamadas a ICE, incluida su línea de información sobre detención y expulsión, derivan en largas esperas, interrupciones, falta de datos o ausencia de respuesta. Algunos abogados han intentado utilizar un programa de ICE para agendar llamadas legales como vía alternativa, pero solo una pequeña proporción de los centros participa.
Entre las consecuencias reportadas están los retrasos o incumplimientos de plazos para presentar documentos y una menor capacidad para aceptar casos. Greater Boston Legal Services es una de las organizaciones demandantes.
¿Qué alega la demanda contra la política de ICE?
Los demandantes sostienen que la política vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo porque fue adoptada sin explicación suficiente. También invocan la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, al argumentar que la restricción interfiere con la capacidad de los abogados para asesorar sobre derechos.
Esos señalamientos son argumentos de la demanda, no conclusiones emitidas por un juez. La petición busca que el gobierno restablezca el acceso a la información de localización.
El litigio cuestiona la restricción informativa y sus efectos sobre la asistencia jurídica. No equivale a una resolución que suspenda por sí misma las órdenes de deportación de las personas afectadas.
¿Qué responde el gobierno de Trump sobre los migrantes detenidos?
El Departamento de Seguridad Nacional, del que depende ICE, negó que los detenidos estén siendo “desaparecidos”. Sostuvo que disponen de distintas vías para comunicarse con familiares y abogados, incluidas las llamadas telefónicas.
La dependencia defendió que, para una persona con una orden final de expulsión, el procedimiento correspondiente es ejecutar la deportación. Esa respuesta no resuelve el punto central: la posibilidad de que un abogado identifique en qué instalación se encuentra una persona bajo custodia federal.
Aproximadamente 1.4 millones de personas en Estados Unidos están sujetas a órdenes finales de expulsión, según la información recogida por AP. Esa condición no significa que todas estén detenidas ni que hayan sido retiradas del localizador.
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