El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos resolvió este jueves en contra de los aranceles globales de 10 por ciento impuestos por el presidente Donald Trump, determinando que carecían de justificación legal bajo una norma comercial de 1974. La decisión, aprobada por mayoría de 2 votos contra 1, favorece a pequeñas empresas que impugnaron la medida tras su entrada en vigor el 24 de febrero pasado.
Fallo judicial invalida la orden ejecutiva de aranceles
El tribunal resolvió a favor de las pequeñas empresas que presentaron una impugnación contra los aranceles de 10 por ciento. La decisión fue adoptada por mayoría, aunque uno de los tres magistrados consideró prematuro otorgar la razón a las compañías demandantes en este momento del proceso.
Las empresas argumentaron que los nuevos aranceles Trump constituían un intento de eludir una decisión previa de la Corte Suprema de Estados Unidos, que había anulado aranceles impuestos en 2025 bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Esta línea de argumentación resultó decisiva para la mayoría de los jueces.
La sentencia judicial determina que la legislación invocada por Trump no resulta aplicable al tipo de déficits comerciales citados en su orden ejecutiva de febrero. Este es un punto crítico que separa la decisión actual de intentos anteriores del mandatario por implementar medidas arancelarias.
Fundamento legal: La Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974
Trump invocó la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para justificar su orden ejecutiva de febrero. Esta disposición permite aplicar aranceles por un máximo de 150 días para corregir graves déficits en la balanza de pagos o evitar una depreciación inminente del dólar. El presidente argumentó que ambas condiciones se cumplían en el panorama económico actual.
Sin embargo, el tribunal determinó que la legislación de 1974 no es aplicable a los déficits comerciales específicos que Trump citó en su justificación. Los jueces encontraron que el mandatario no satisfizo los requisitos técnicos y económicos que establece la ley para invocar esta disposición de emergencia.
La balanza de pagos (el registro de todas las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo) fue un elemento central del análisis judicial. El tribunal evaluó si los déficits que Trump mencionaba cumplían con la definición legal que permite activar esta herramienta comercial de emergencia.
Contexto: Aranceles previos y decisiones judiciales anteriores
Esta no es la primera vez que los aranceles Trump enfrentan obstáculos legales. En 2025, el presidente había impuesto aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, pero la Corte Suprema de Estados Unidos anuló esa medida. Las pequeñas empresas demandantes argumentaron que el nuevo decreto de febrero era esencialmente una reiteración de la medida anterior, solo con un fundamento legal diferente.
El patrón de litigio refleja una tensión más amplia sobre los poderes presidenciales en materia comercial. Los tribunales han mostrado disposición a revisar las justificaciones técnicas que ofrece la administración Trump, especialmente cuando existen antecedentes de decisiones judiciales previas sobre el mismo tema.
La depreciación del dólar, otro argumento que Trump utilizó para justificar los aranceles, también fue examinado críticamente por el tribunal. Los jueces consideraron que la evidencia presentada no satisfacía los estándares que la Ley de Comercio de 1974 establece para demostrar una “depreciación inminente” que justifique medidas de emergencia.
Impacto en pequeñas empresas y déficit comercial
Las pequeñas empresas que impugnaron los aranceles argumentaban que la medida afectaba desproporcionadamente su capacidad de importar materias primas y productos terminados. Muchas de estas compañías dependen de cadenas de suministro internacionales para mantener su competitividad y rentabilidad.
El fallo reconoce implícitamente que los aranceles de 10 por ciento representaban una carga económica significativa para sectores específicos de la economía estadounidense. La sentencia judicial sugiere que el tribunal consideró los efectos reales de la medida sobre empresas de menor tamaño, no solo su justificación teórica en términos de balanza de pagos.
El déficit comercial de Estados Unidos ha sido una preocupación central de la administración Trump desde su primer mandato. Sin embargo, el tribunal determinó que invocar la Ley de Comercio de 1974 no era el mecanismo legal apropiado para abordar este problema estructural de la economía estadounidense.
Implicaciones para futuras órdenes ejecutivas comerciales
Esta decisión establece un precedente importante sobre cómo los tribunales evaluarán futuras órdenes ejecutivas relacionadas con aranceles. El fallo sugiere que la administración debe cumplir con estándares técnicos rigurosos al invocar leyes de emergencia comercial, no solo presentar argumentos generales sobre política económica.
La mayoría de 2 contra 1 indica que existe cierto nivel de consenso judicial sobre la aplicabilidad de la Ley de Comercio de 1974 a la situación actual. Sin embargo, el voto disidente sugiere que hay interpretaciones legales alternativas que podrían prevalecer en futuros litigios o en instancias superiores.
Para México y otros países que exportan a Estados Unidos, esta decisión ofrece cierta claridad sobre los límites legales de las medidas arancelarias unilaterales. Sin embargo, la administración Trump podría explorar otros fundamentos legales para implementar aranceles, como disposiciones diferentes de la Ley de Comercio de 1974 o interpretaciones alternativas de sus poderes presidenciales.
Próximos pasos y posibles apelaciones
Aunque el tribunal ha fallado contra los aranceles de 10 por ciento, la administración Trump podría apelar esta decisión ante instancias superiores. El proceso legal podría prolongarse durante meses o años, manteniendo la incertidumbre sobre el estado final de estos aranceles.
Mientras tanto, las pequeñas empresas que ganaron este caso podrían solicitar que se revoque la implementación de los aranceles o que se les reembolsen los pagos realizados desde el 24 de febrero. Estos detalles procedimentales se resolverán en futuras audiencias judiciales.
La decisión del Tribunal de Comercio Internacional refleja cómo las instituciones judiciales estadounidenses continúan examinando críticamente las políticas comerciales de la administración Trump. Aunque el presidente mantiene amplios poderes ejecutivos en materia comercial, los tribunales han demostrado disposición a revisar si esos poderes se ejercen dentro de los marcos legales establecidos. Esta tensión entre poderes ejecutivos y control judicial probablemente continuará definiendo el panorama comercial internacional en los próximos meses. Revista Guinda continúa cubriendo cómo estas decisiones judiciales impactan las relaciones comerciales globales y la política económica estadounidense. Si deseas mantenerte informado sobre los desarrollos en política comercial internacional, te invitamos a seguir nuestros reportajes sobre economía y relaciones internacionales.
