Un juez de control del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso penal a Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, al considerar que existen elementos suficientes para sostener que ella habría participado en la simulación de su propio plagio con el fin de encubrir un faltante millonario en las arcas del ayuntamiento. La resolución se dio a conocer el jueves 9 de julio de 2026, tras una audiencia de formulación de imputación que se extendió por casi doce horas en los juzgados penales de ese municipio mexiquense.
Cómo se armó el presunto montaje del secuestro en Tenancingo
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la trama habría comenzado a gestarse desde febrero pasado, cuando el esposo de la alcaldesa, identificado como José Roberto “N”, y su cuñado Óscar “N”, diseñaron el plan para simular la desaparición de la funcionaria. El objetivo, según la indagatoria, era exigir un rescate de 40 millones de pesos que saldría directamente del erario municipal, cantidad que —sostienen los fiscales— coincidiría con un desfalco detectado en las cuentas del ayuntamiento.
Uno de los implicados detenidos declaró ante el Ministerio Público que la intención era pedir el pago para justificar, de manera simulada, el dinero faltante en la administración municipal.
Los hechos que detonaron la investigación ocurrieron la noche del 31 de mayo, cuando Nápoles reportó haber sido privada de la libertad afuera de su domicilio. Sin embargo, las autoridades revisaron videograbaciones del área y concluyeron que la alcaldesa subió por su propia cuenta a un automóvil Volkswagen Virtus color rojo, sin que se observaran forcejeos ni señales de violencia física. Las pesquisas apuntan, incluso, a que ella misma habría sugerido el trayecto para esquivar las cámaras de videovigilancia de la zona.
El colapso del plan y la vinculación a proceso
Conforme se desplegaba un operativo policial para localizarla, la funcionaria habría reconocido ante quienes la acompañaban que la situación “se salió de control”. A partir de ese momento pidió que la dejaran en un camino de terracería de la comunidad de El Capulín, desde donde después relató haber escapado de sus captores.
La audiencia de imputación, celebrada el 9 de julio, se desarrolló a puerta cerrada por solicitud de la defensa de la alcaldesa, que argumentó que el expediente contenía datos sensibles capaces de comprometer la localización de los prófugos. El Ministerio Público no se opuso a la medida y el juez ordenó desalojar la sala. Al término de la diligencia, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Nápoles por el delito de simulación de secuestro y, de manera simultánea, avaló la suspensión condicional del procedimiento por un plazo de seis meses, sujeta al cumplimiento de condiciones como residir en un domicilio fijo, prestar servicio comunitario y someterse a supervisión judicial. La medida no contempla su separación del cargo, por lo que continuará al frente del ayuntamiento mientras dura el proceso.
La red de implicados y el rastro que los delató
La Fiscalía mexiquense señala como presuntos organizadores del montaje al esposo y al cuñado de la alcaldesa, ambos con orden de aprehensión vigente y actualmente prófugos. En el expediente también figuran Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, detenidos en Oaxaca junto con una tercera persona identificada como Cristian “N”; los dos primeros ya fueron vinculados a proceso con prisión preventiva, acusados tanto de simulación de secuestro como de extorsión contra el ayuntamiento.
El hilo que permitió a las autoridades dar con el paradero de los detenidos fue el rastreo de un teléfono celular utilizado para las llamadas en las que se exigía el pago del rescate; el dispositivo condujo a los investigadores hasta un hotel del centro histórico de Oaxaca de Juárez. Por la posible afectación al erario público, el caso se turnó también a la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de México y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
La defensa de Nápoles y el frente político
La alcaldesa ha rechazado en repetidas ocasiones los señalamientos en su contra. Sostiene que sí fue víctima de una privación ilegal de la libertad, niega la existencia de un faltante de 40 millones de pesos y ha solicitado formalmente al OSFEM que audite las cuentas municipales para desmentir la acusación. La funcionaria ha calificado el proceso penal en su contra como una persecución de carácter político.
En el plano partidista, la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia abrir un procedimiento sancionador en contra de la edil por presuntas conductas contrarias a los principios internos del partido. El órgano interno acordó analizar la posible suspensión de sus derechos como militante mientras avanza el caso judicial.
El caso también reavivó un antecedente incómodo para la alcaldesa: días antes del supuesto plagio, el 26 de mayo, Nápoles había presentado una denuncia por violencia digital contra cuatro periodistas del programa “La Madeja Política de Tenancingo”, exigiendo una reparación del daño de 125 mil pesos por cada uno, luego de que el equipo periodístico cuestionara su gestión en materia de servicios públicos, nepotismo y costos de obra pública.
El clima en Tenancingo
Mientras tanto, se registran protestas afuera de los juzgados penales del municipio, donde vecinos exigen la renuncia inmediata de la alcaldesa y justicia por el presunto desvío de recursos. El proceso continúa abierto y dependerá, en los próximos seis meses, del cumplimiento de las condiciones fijadas por el juez y del avance de las investigaciones contra el resto de los señalados.
