Revista Guinda informa: Así se enteraron las instituciones financieras mexicanas que eran investigadas por presuntos vínculos con el lavado de dinero: durante una reunión reservada en la última Convención Nacional Bancaria, altos ejecutivos de la banca recibieron la alerta por parte de un funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que la vigilancia sería mucho más dura.
Así se enteraron las instituciones financieras mexicanas de la investigación
La escena ocurrió en la costa del Pacífico mexicano, en la Riviera Nayarit. En un evento, normalmente caracterizado por su tono festivo y discusiones técnicas, los asistentes quedaron sorprendidos por la advertencia: de descubrirse que alguna institución colaboraba con los cárteles —catalogados ya como organizaciones terroristas por EE.UU.—, se les desconectaría del sistema financiero estadounidense sin necesidad de pruebas ante un juez.
Este anuncio marcó el inicio del operativo que sacudió a entidades como CIBanco y Vector, dos de las firmas señaladas en la lista de instituciones “de interés prioritario en materia de blanqueo de capitales”, emitida por la FinCEN bajo la nueva Ley Fend Off Fentanyl. Esta designación impide realizar transacciones con bancos estadounidenses, los retiros masivos y bloqueos operativos no se hicieron esperar.
Reacciones inmediatas y consecuencias
Una vez que el Departamento del Tesoro actuó de manera unilateral —sin esperar a una acción conjunta con las autoridades mexicanas— la banca nacional reaccionó con pánico. Ejecutivos en mesas de operación suspendieron relaciones, mientras que casas de bolsa y otros intermediarios redujeron su exposición.
CIBanco quedó en el centro del huracán por su papel de fideicomisario de la mayoría de las emisiones financieras del país. Su desconexión del sistema estadounidense pone en riesgo miles de millones de pesos en fondos de inversión, certificados de capital privado y otras figuras fiduciarias clave para el desarrollo del mercado.
México intenta contener el daño
Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum solicitó una prórroga para evaluar las implicaciones, la FinCEN ya había ejecutado las medidas. Como resultado, las instituciones financieras mexicanas investigadas resultaron inmediatamente con dañadas, incluso sin que la presentación de pruebas de lavado.
En respuesta, las autoridades mexicanas impusieron sanciones administrativas y multas a las entidades señaladas mientras el Congreso aprobaba reformas para endurecer el combate al lavado de dinero. Pese a ello, EE.UU. se mantuvo firme en su decisión.
¿Rudeza innecesaria?
Expertos como Kim Donovan y Kevin Carr, exfuncionarios de la FinCEN y el Tesoro, calificaron la medida como una “sentencia de muerte” operativa para las instituciones afectadas. Aunque se trata de una herramienta legal, varios analistas coinciden en que el uso de esta vía sin proceso judicial representa un giro radical en la política financiera de Washington hacia México.
Los efectos colaterales ya se sienten: estudiantes mexicanos en EE.UU. sin acceso a tarjetas, inversionistas preocupados por el futuro de sus fondos y la incertidumbre general sobre qué otras instituciones serán alcanzadas por la medida.