El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, impugnó la vinculación a proceso que le fue impuesta en febrero pasado por el delito de peculado. El monto asciende a 5 millones de pesos, desviados de un fondo para obras de salud destinadas a niños y adultos mayores en 2012.
La condena de Javier Duarte por nueve años de prisión se cumplirá el próximo miércoles 15 de abril. Fue sentenciado tras declararse culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero. Permanece preso en el Reclusorio Norte desde 2017.
Sin embargo, el ex mandatario no recuperará su libertad al cumplir esa sentencia. En febrero pasado, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor lo vinculó a proceso por malversación de fondos. Además, ratificó la prisión preventiva justificada hasta que concluya este nuevo proceso.
La investigación complementaria tiene un plazo de seis meses que vence el 17 de agosto próximo. En ese periodo, la defensa y la Fiscalía General de la República reunirán las pruebas que presentarán en el juicio por la causa penal 667/2025.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FEMCC) busca para el ex servidor público una sentencia de 21 años de prisión por este nuevo delito. La fiscal María de la Luz Mijangos Borja encabeza la acusación.
El abogado de Duarte, Pablo Campuzano de la Mora, informó que apelaron el fallo del juez de control ante un juzgado penal de la Ciudad de México. La suspensión fue concedida para que el juez Aquiles Villaseñor aplace el procedimiento penal en contra de Duarte hasta que se emita una resolución sobre el amparo solicitado.
El abogado había señalado previamente que solicitaría una nueva audiencia días antes de que su representado cumpliera su condena. Sin embargo, ahora indicó que por el momento no es conveniente hacerlo.
La condena de Javier Duarte no es el único proceso penal que enfrenta. En noviembre de 2025, la jueza de control Ángela Zamorano le negó la libertad anticipada porque no cumplió con todos los requisitos de la Ley de Ejecución Penal. El principal obstáculo es que aún tiene un proceso penal pendiente.
Además del peculado, el ex gobernador priísta enfrenta otro delito: desaparición forzada del policía estatal David Lara Cruz, ocurrida en enero de 2016. Por este caso también se le mantiene con prisión preventiva oficiosa.
Aunque su abogado afirmó que en noviembre de 2024 se le dictó la no vinculación a proceso por desaparición forzada, el ministerio público local impugnó esa decisión. Por lo tanto, el juicio por ese delito sigue abierto.
La defensa de Duarte mantiene la estrategia de impugnar cada una de las resoluciones judiciales en su contra. Sin embargo, los jueces han sido consistentes en mantenerlo en prisión preventiva debido a la existencia de múltiples procesos activos.
El ex gobernador fue detenido en 2017 en Guatemala, tras huir de México cuando se intensificaron las investigaciones por corrupción. Fue extraditado y desde entonces ha permanecido en el Reclusorio Norte.
A pesar de que la condena de Javier Duarte por nueve años está por cumplirse, la prisión preventiva por los nuevos procesos lo mantendrá tras las rejas. La Fiscalía General de la República confía en obtener una sentencia ejemplar en el juicio por peculado.
La causa penal 667/2025 sigue su curso y la investigación complementaria se encuentra en marcha. El juez tendrá que resolver el amparo solicitado por la defensa antes de que el proceso avance a la etapa intermedia.
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