La Suprema Corte de Justicia de la Nación consolidó como criterio de observancia obligatoria el derecho de contar un intérprete —y, en su caso, un defensor o asesor especializado— para las personas indígenas desde el primer contacto con las autoridades de procuración de justicia, incluso antes de ser consideradas formalmente imputadas.
El mandato deriva del artículo 2o., apartado A, de la Constitución, reformado en 2024. Ese precepto reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público y establece que, para garantizar el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, las personas indígenas tienen en todo tiempo derecho a ser asistidas y asesoradas por intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística.
La expresión en todo tiempo no admite distinción de etapa procesal. Cubre la detención, las entrevistas iniciales, las diligencias ministeriales y cualquier acto de investigación, no solo el juicio oral o la audiencia formal de imputación.
¿Desde cuándo aplica el derecho de contar un intérprete?
La Primera Sala ha reiterado en múltiples amparos que la autoadscripción como indígena activa de inmediato estas garantías. Hablar español o no haber sido aún vinculada a proceso no las limita.
Las autoridades ministeriales y policiales deben verificar, desde el primer contacto, si la persona se identifica como integrante de un pueblo o comunidad indígena. Si lo hace, o si existen indicios razonables —lengua, vestimenta, origen comunitario—, deben designar de inmediato un intérprete.
Esa persona debe conocer no solo el idioma, sino la cultura, los usos y las especificidades del grupo. No basta un traductor literal. Se requiere alguien capaz de transmitir el sentido cultural de las declaraciones y de explicar el alcance de los actos procesales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido entre intérprete, que hace comunicación bidireccional, y traductor, que opera de forma unidireccional. También ha admitido, como último recurso y previo agotamiento de las instituciones oficiales, el nombramiento de peritos prácticos respaldados por la propia comunidad.
¿Qué pasa si no se nombra intérprete?
La falta de intérprete en las etapas iniciales puede generar nulidad de las actuaciones y reposición del procedimiento. El derecho de contar un intérprete no es un trámite opcional del juicio oral.
Una tesis publicada en junio de 2026 extiende la obligación al juicio de amparo indirecto cuando se involucren derechos de personas que se autoadscriben como indígenas y hablan una lengua distinta al español. El juzgador debe cerciorarse de que cuentan con intérprete y defensor especializados; de lo contrario, debe designarlos de oficio.
México reconoce 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes. La escasez de intérpretes certificados sigue siendo un obstáculo estructural, sobre todo en zonas rurales y en las primeras horas de una investigación.
Organizaciones y la propia Corte han documentado que muchas personas indígenas firman declaraciones o aceptan acuerdos sin comprender plenamente las consecuencias jurídicas.
¿Qué medidas complementarias impulsa el Poder Judicial?
En 2026 el Poder Judicial ha impulsado convenios con el INE, el TEPJF, el INPI y el INALI para formar intérpretes en materia electoral y de justicia. Relanzó guías en 20 lenguas indígenas mediante audios y herramientas de inteligencia artificial como Balam Traduce para sitios web institucionales.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, de origen mixteco, ha insistido en que estos esfuerzos buscan corregir 200 años de exclusión judicial.
El criterio no es meramente procedimental. Forma parte de una línea que incluye el reconocimiento de las comunidades como terceras interesadas en controversias constitucionales, la validación de sistemas normativos internos y la obligación de tomar en cuenta costumbres y especificidades culturales en todo tipo de juicios, no solo penales.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas son las instituciones oficiales que deben agotarse antes de recurrir a peritos prácticos de la comunidad.
La implementación efectiva dependerá de que las fiscalías, las policías y los jueces de control actúen de oficio, sin trasladar la carga a la persona indígena.
Mientras persistan las brechas de intérpretes disponibles y de sensibilización intercultural, el derecho constitucional seguirá enfrentando el mismo reto: pasar del papel a la práctica cotidiana de la procuración de justicia.
El derecho de contar un intérprete queda así fijado desde la detención y las primeras diligencias. La autoadscripción basta para activarlo. El español y la ausencia de imputación formal no lo apagan.
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